domingo 13 de julio de 2025 - Edición Nº2412

Gremiales | 3 jul 2025

PLAN MOTOSIERRA

El ajuste libertario despidió a más de 52 mil estatales y promete seguir avanzando

Según un informe del Centro CEPA, desde que asumió la presidencia Javier Milei se redujo la cantidad de trabajadores públicos nacionales en un 15,2 por ciento, dejando varias dependencias prácticamente paralizadas. En breve se prometen nuevos despidos, con el cierre de otras dependencias.


Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el sector público nacional perdió 52.340 puestos de trabajo, una caída del 15,2 por ciento en su dotación hasta mayo de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este ajuste, centrado en la reducción del tamaño del Estado, impactó con fuerza en empresas públicas, organismos descentralizados y la administración centralizada, afectando servicios esenciales y capacidades estratégicas del país. En breve se esperan nuevas cesantías, de la mano de la profundización del ajuste libertario en dependencias como Vialidad Nacional o la ANAC.

 

En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentran la mayor cantidad de despidos. El Correo Argentino encabeza la lista con 4.945 desvinculaciones, comprometiendo su rol en la conectividad territorial, distribución de DNI, medicamentos y soporte electoral. Le sigue la Operadora Ferroviaria S.E. con 2.293 cesantías, afectando el desarrollo ferroviario y las economías regionales. Aerolíneas Argentinas registra 1.780 despidos, impactando la conectividad federal, mientras que el Banco Nación y AySA reportan 1.689 y 1.577 bajas, respectivamente, en un contexto de posibles privatizaciones y riesgos operativos.

 

En términos proporcionales, la ex Télam sufrió el recorte más drástico, con una reducción del 80 por ciento de su personal (644 trabajadores), llevándola a una virtual extinción. Este desmantelamiento afecta la pluralidad informativa y la producción de contenidos federales. ENARSA Patagonia, clave en políticas energéticas, también enfrenta una fuerte reducción, seguida por Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que pierden capacidad para democratizar el acceso a la educación y la cultura. En el ámbito tecnológico, el Polo Tecnológico Constituyentes y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF) registran recortes del 40 y 34 por ciento, impactando la investigación científica y la infraestructura ferroviaria.

En la Administración Pública Nacional (APN), la Agencia de Recaudación de la Seguridad Social y del Estado Nacional (ARCA) lidera las bajas con 2.996 despidos, afectando la fiscalización y gestión de recursos públicos. La ANSES perdió 1.423 trabajadores, comprometiendo la atención de jubilaciones y programas sociales, mientras que el CONICET registra 985 desvinculaciones, debilitando la investigación científica en áreas como salud y energía. Otros organismos golpeados incluyen el ENACOM (778 bajas), el INTI (726) y el SENASA (482), con impactos en conectividad, innovación tecnológica y sanidad agroalimentaria.

 

En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió un recorte del 64 por ciento, limitando la articulación de políticas contra la pobreza. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) perdió el 44 por ciento de su personal, afectando la investigación de siniestros, y el INAES un 41 por ciento, debilitando el apoyo a cooperativas y mutuales. En salud, el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Laura Bonaparte registran un 39 por ciento de bajas, comprometiendo la atención oncológica y en salud mental.

 

El informe del CEPA revela que este recorte no solo implica pérdidas laborales, sino un repliegue del Estado en funciones esenciales como conectividad, salud, educación, ciencia y seguridad. Con organismos estratégicos desmantelados, el ajuste refleja una redefinición del rol del Estado, subordinando derechos sociales y capacidades públicas a la lógica del mercado.

Además, el ajuste promete seguir avanzando. En Vialidad Nacional, por ejemplo, esperan un decreto que elimine la entidad, derivando sus funciones a otros organismos, lo que generará despidos masivos. Así lo alertó la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que anunció la realización de una Jornada Nacional de Protesta este jueves 3 de julio, como respuesta al avance del Gobierno Nacional con un decreto que apunta a desmantelar la entidad.  A través de un comunicado, la organización gremial anunció la manifestación con punto de encuentro la sede del organismo, en Julio Argentino Roca 738 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La convocatoria de la federación está lanzada “en defensa de la soberanía, del rol estratégico del Estado y del trabajo digno”. En ese sentido, FEPEVINA denunció que “el gobierno pretende avanzar con su política de tierra arrasada: cerrar organismos, entregar rutas, vaciar el Estado y criminalizar la protesta”. En su declaración, FEPEVINA rechazó el recorte presupuestario que afecta al organismo y sostuvo que “Vialidad Nacional no es un gasto” y resaltó: “Es una inversión en desarrollo, integración y seguridad”.

 

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