Por: Diego Lanese

Con un abrazo simbólico, los trabajadores municipales de Avellaneda rechazaron la decisión del gobierno nacional de dar de baja su obra social.

Mediante una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se retiró del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA), junto con la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín. Ambas entidades se suman a otras cinco que por distintos motivos fueron dadas de baja, junto a otras intervenidas.

El avance de la gestión libertaria sobre la seguridad social, en especial las entidades con menos de 5 mil afiliados, genera preocupación en la CGT, que salió a respaldar a las organizaciones que quedaron bajo la lupa del Gobierno.

En este sentido, la central obrera habló de “inminente colapso”, y pidieron que se garanticen los recursos para sostener la atención de los trabajadores y su familia.

La pelea se centra en el manejo de los millonarios recursos de la seguridad social, que son “botín de guerra” en la discusión entre la Casa Rosada y los gremios.

En medio de la pelea, el Ministerio de Salud anunció cambios en la entidad dedicada a regular las obras sociales, y asume un dirigente considerado “línea dura”, y que podría profundizar el plan de injerencia en las próximas semanas.

El caso de la OSPMA es uno de los más notables, ya que los municipales decidieron darle batalla a la decisión de la Superintendencia de retirarle el registro oficial a la entidad. Esto generó la reacción de la CGT, que ve con alarma que en poco tiempo el ministro Mario Lugones haya avanzado con la intervención o la baja de cerca de una docena de entidades de salud.  

“Menos trabajo registrado significa menos aportes. Con 40 por ciento de informalidad, millones quedan sin cobertura”, remarcaron desde la entidad mediante un documento público.

Desde la central obrera remarcaron que la salud “no puede depender del mercado” y explicaron que el sistema “solidario” por el que se rigen las obra sociales sindicales (en base a los aportes laborales de los afiliados), se apoya en el principio de que quien más gana “ayuda a cubrir al que menos tiene”, con lo que se garantiza un sistema de “salud con justicia social”.

En este sentido, recordaron que hoy más de la mitad del país se atiende por obras sociales y advirtieron: “Si se cae este sistema, estamos en problemas serios”.

Enfatizaron que el rol de los sindicatos es el de “garantes de un derecho” mientras que es necesario que haya un “Estado presente” para que el sistema sea sustentable. Y concluyeron: “Cuidar la salud es cuidar el trabajo. Sin un sistema solidario, no hay futuro con dignidad. Lo colectivo es la única salida”.

🔴 OBRAS SOCIALES: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN ARGENTINA?

👉🏼 El sistema que sostuvo a millones, hoy está colapsando

🤳 Entérate la compleja situación que atraviesa el sistema solidario de salud#CGT #Salud #Trabajadores #Derechos pic.twitter.com/8TruxLlbUb

— CGT (@cgtoficialok) June 26, 2025

“Buscan atomizar el sistema, para beneficiar a las grandes empresas prestadoras”, le dijo a Política del Sur una fuente del sector, que marcó que los fondos de las obras sociales “siempre fueron usadas para negociar con los gremios, en especial los integrantes de la CGT”.

En este sentido, la misma fuente consultada remarcó que “la dirigencia un poco tiene las manos atadas, porque no puede dejar de reclamar esos recursos, en un sistema que está armado de forma ‘cuasi extorsiva’”.

Más allá de las demoras para saldar las deudas estatales con el sistema de obras sociales sindicales, el Gobierno de Milei viene llevando adelante una ofensiva contra el sistema, buscando su reprivatización para garantizarle otro negocio millonario al sector sanitario privado.

Así, se avanza con el cierre o inhabilitación de cada vez más obras sociales sindicales para que esos afiliados pueden ser absorbidos por el sistema de prepagas. Una de las herramientas preferidas para por no realizar las compensaciones estatales para las obras sociales con menos de cinco mil afiliados, que ante la deserción estatal deja de poder garantizar muchas de las prestaciones básicas para sus afiliados y quedan en riesgo de cierre.

La conducción cegetista debe hacer equilibrio en esta ofensiva y la necesidad de sostener los recursos, “porque los fondos son de los trabajadores y sus familias". "Hay que negociar porque sin esos recursos el sistema colapsa, y nadie puede dejar de reclamar eso para caerle en gracia a un sector político”, señalaron.

En la Argentina, existen aproximadamente 200 obras sociales sindicales que brindan servicios de salud a millones de afiliados. El sistema de obras sociales en Argentina es diverso, incluyendo tanto entidades sindicales como otras opciones como las obras sociales provinciales y las empresas de medicina prepaga.

Las obras sociales sindicales son una parte importante de este sistema, y cada una de ellas está asociada a un sindicato específico.

Según un reciente informe del Congreso nacional, al que tuvo acceso Política del Sur, “la atención pública es utilizada por el 36 por ciento de ciudadanos, unos 16 millones de personas, que no tienen otro tipo de cobertura y con grandes diferencias en las prestaciones que reciben según las provincias”.

El 61 por ciento de los ciudadanos está bajo el régimen de obras sociales y el 13,6 por ciento posee cobertura del régimen privado (existe un 10,4 por ciento de habitantes con más de una cobertura).

En tanto, el 63 por ciento de los establecimientos de salud registrados son privados y el 97 por ciento de ellos, comerciales.

La Nación ocupa un rol subsidiario en la atención de la salud, lo cual se evidencia, entre otras cosas, en que el 95,7 por ciento de los nosocomios públicos son provinciales o municipales.

TODOS ESTOS SON LOS QUE NOS QUIEREN DAR DE BAJA LA OBRA SOCIAL PARA CARANCHEARNOS LOS AFILIADOS CON SUS PREPAGAS PEDORRAS..!!

Más claro échale agua..!!https://t.co/7K6jbZM29S

— STMA (@stmavellaneda) June 29, 2025

En cuanto al caso de la obra social de Avellaneda, en el acto del viernes pasado el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMA) Hernán Doval calificó de “loquísima y rarísima” la decisión de la Superintendencia de Salud (SSS), ya que no se cumplieron las instancias básicas para dar ejecución a semejante decisión y menos aun, cuando no hubo irregularidades de tamaña magnitud.  

“Nosotros veníamos cumpliendo con todo lo que teníamos que cumplir y de repente hay una nota que nos piden cuatro cosas, de las cuales tres, si leyeron la Ley Bases que votó Milei, no tienen derecho a pedírnoslas”, denunció Doval, durante el acto.

El encuentro entre trabajadores, a las puertas de la entidad, contó con el apoyo de diferentes gremios de la región y con la presencia de la CGT Avellaneda-Lanús, con sus dirigentes en respaldo de la obra social de los municipales.

A los pocos días, sorprendió la entidad sanitaria nacional cambiara de titular: Gabriel Oriolo dará un paso al costado como titular de superintendencia, a la que llegó a comienzos de 2024, cuando reemplazó a Enrique Chiantore, que tuvo una fugaz gestión.

Un nombre clave en toda la operatoria es el de quien será el sucesor de Oriolo, que argumentó su salida por los ya clásicos “motivos personales”. Se trata del hasta ahora Gerente General de la Superintendencia Claudio Stivelman, que había tenido que renunciar formalmente como Director Médico de la prepaga Modum Salud para asumir.

Según las versiones que circulan, el flamante funcionario es el “cerebro” detrás de la estrategia de intervenciones y bajas, lo que abre un nuevo interrogante en la seguridad social.