Por: Diego Lanese

Mediante las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) decidió dar de baja dos obras sociales sindicales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA) y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Según la entidad nacional, ambas serán retiradas del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), luego de un “análisis integral de la situación institucional y prestacional de las entidades, llevado a cabo por equipos técnicos del organismo, en el marco de auditorías profundas iniciadas desde el comienzo de la actual gestión”.

La medida fue rechazada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), que adelantó que irá a la justicia para frenar la decisión, considerada “arbitraria. El gremio que lidera Hernán Doval aseguro que no hay justificación para esta medida, y convocó a un abrazo al edificio de su obra social, para repudiar el accionar de la Superintendencia.

Esta no es una medida aislada, ya que en pocas semanas se dieron de baja al menos cinco organizaciones, en un contexto complejo, donde el gobierno nacional intervino otras ocho. Los especialistas aseguran que la estrategia de la gestión libertaria para la seguridad social busca un cambio de sistema, abriendo la puerta a un modelo basado en los aseguramientos y de aseguramiento con fuerte impronta privada.

La decisión de la Superintendencia fue justificada por el organismo en las supuestas irregularidades de la entidad sanitaria municipal. Según el organismo, “a pesar de los reiterados pedidos de subsanación de irregularidades, las administraciones no presentaron la documentación e información exigida, lo que motivó su exclusión definitiva del registro nacional”.

Las causas más comunes que derivaron en estas medidas incluyen la “merma de beneficiarios, lo que implica una reducción en los aportes y contribuciones, el aumento del costo de insumos médicos, deudas derivadas de fallos judiciales, y dificultades para contratar prestadores”.

El organismo, a cargo del Ministerio de Salud nacional, aclaró que los beneficiarios afectados “mantienen garantizada la cobertura médica”. Pueden optar por trasladarse a otra obra social o, en caso de no hacerlo, será la Superintendencia la que asigne una cobertura de similares características.

En tanto, desde el STMA que conduce Hernán Doval rechazaron la decisión, y advirtieron que esta resolución “pone en riesgo su continuidad”. “El gobierno intenta dar de baja nuestra obra social argumentando una supuesta insolvencia, basada en los bajos aportes que recibe y la alta criticidad que debe cubrir. Esto se inscribe dentro de una política que promueve el cierre de las obras sociales con menos de 10 mil afiliados”, expresaron en el comunicado.

EL GOBIERNO NACIONAL QUIERE DAR DE BAJA NUESTRA OBRA SOCIAL

SE REALIZARÁN ASAMBLEAS EN TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO Y VAMOS A DEFENDER NUESTRO SISTEMA DE SALUD SOLIDARIO..!!

OSPMA (Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda) pic.twitter.com/ELGDtKRypH

— STMA (@stmavellaneda) June 23, 2025

“Vamos a defender la obra social de los municipales”, le dijeron a Política del Sur desde el entorno del sindicato municipal. En este sentido, confirmaron que irán a la justicia para apelar la medida de la superintendencia. “Vamos a apelar el retiro de la entidad del registro, estamos ajustando los detalles y los argumentos, estamos dentro de los tiempos legales”, agregaron las fuentes consultadas.

En los argumentos expuestos para esta decisión, se habló de pedidos de información que no se cumplieron y una situación de crisis en los últimos años. Ambas cuestiones fueron rechazadas por el STMA. “La declaración de crisis de la obra social se dio durante la pandemia de Covid-19, como condición para acceder al programa ATP.

A pesar de que la situación financiera se normalizó y los balances recientes reflejan superávit, sostienen que no fueron dados de baja de esa categoría, lo que ahora se usa como argumento para avanzar con la clausura”, recordaron.

Según el STMA, desde el inicio de la actual gestión nacional “se han implementado medidas perjudiciales para las obras sociales más pequeñas, entre ellas la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que provocó una fuerte pérdida de recursos para OSPMA”.

“Cumplimos con todas las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) para nuestros 4.891 beneficiarios, no tenemos deudas con proveedores ni con el personal, y jamás recibimos subsidios extraordinarios ni observaciones por parte de la Superintendencia. Llama la atención que se intente cerrar OSPMA por no responder una nota, siendo que todos los informes y balances fueron presentados en tiempo y forma”, manifestaron.

Por esto, desde la conducción del STMA indicaron que se trata de una medida “arbitraria y desproporcionada”, y ratificaron que la medida es “un atropello institucional”.

Ante esto, convocaron para mañana viernes 27 de junio a un abrazo simbólico de la obra social, a partir  de las 14 horas, en la sede de la entidad, Laprida 70, Avellaneda. “Convocamos a los trabajadores, sus familias y la comunidad para defender la obra social”, dijeron las fuentes, que marcaron “que la atención se sigue prestando de forma normal, pese a esta medida, y la idea es mantenerla como corresponde”.

Con estas bajas, ya son cinco las obras sociales eliminadas del RNAS en los últimos días. La semana pasada se dio de baja a la Obra Social del Personal Aduanero y se iniciaron trámites similares para las obras sociales del Personal de la Industria Botonera y del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

En todos los casos son entidades consideradas chicas, y son parte de los cambios que se están instrumentando desde que Mario Lugones recaló en el Ministerio de Salud nacional. En rigor de verdad la modificación del SUMA, que entrega recursos a las entidades con menos de 5 mil afiliados, se hizo en la gestión de Mario Russo, y se mantuvo. Además, se profundizó la desregulación, eliminando trámites, favoreciendo los cambios de entidades y poniendo en condiciode competir a obras sociales y prepagas, por ejemplo.

La @SSSalud declaró hoy cuatro nuevas Obras Sociales en situación de crisis por no superar los factores de criticidad exigidos para su funcionamiento.

Más información: https://t.co/RywcAGisac

— 🇦🇷 Superintendencia de Servicios de Salud 🇦🇷 (@SSSALUD) June 11, 2025

El SUMA fue implementado en el segundo gobierno de Cristina Fernández Kirchner, a partir del decreto 1609/2012. Conformado originalmente con el 5 por ciento de los aportes de trabajadores y empleadores a las obras sociales, ese porcentaje se redujo en 2018 al 3 por ciento. Lo paga la ex AFIP a mes vencido, a partir del número de afiliados que le informa mensualmente la Superintendencia.

Hasta el dictado del nuevo decreto 355/2024 del gobierno de Javier Milei, un 20 por ciento se repartía en partes iguales entre todas las entidades con más de 5 mil afiliados, y el 80 por ciento restante en forma directamente proporcional al número de beneficiarios.

Las obras sociales de menos de 5 mil beneficiarios, cuyo ingreso mensual promedio por afiliado sea inferior al promedio por afiliado de todo el sistema, reciben además una compensación económica mensual que les permita alcanzar ese valor.

Este componente se financia con parte del saldo del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que administra la SSS, y está destinado a cubrir prestaciones médicas de alta complejidad, la compra de medicamentos costosos y el tratamiento de pacientes con discapacidad, que muchas de obras sociales no pueden afrontar en su totalidad.

Desde el organismo aseguraron que “a partir de ahora, no habrá privilegios de ningún tipo para ninguna obra social por cantidad de afiliados y, el subsidio, quedará directamente en cabeza del propio usuario”, y que la medida “va en línea con el objetivo de impulsar la libre competencia en el mercado y que el beneficiario tenga verdadera libertad a la hora de elegir”. Pero muchos alertan que estos cambios harán que las entidades chicas no sobrevivan y la oferta quede atomizada entre las grandes prepagas y las entidades sindicales de mayor porte.