Por decisión del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, se resolvió dejar sin efecto la clausura que regía sobre las ferias Urkupiña, Punta Mogote y Ocean, ubicadas en el predio conocido como La Salada, en Ingeniero Budge. La decisión se adoptó en base al pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona y contempla una reapertura bajo condiciones rigurosas de intervención y control.

La feria había sido clausurada a mediados de mayo como parte de una investigación por asociación ilícita, lavado de activos, evasión impositiva y comercialización de mercadería falsificada. La causa involucra a históricos administradores del predio, como Jorge Castillo, Aldo Presa y Enrique Antequera (este último aún prófugo), señalados como responsables de haber montado una estructura paralela que alquilaba puestos sin registrar la actividad y garantizaba la circulación de millones de pesos en negro.

Vuelve "La Salada": la Justicia dio marcha atrás con la clausura y la feria podría volver a abrir de un momento a otro.@iabottaro cuenta todos los detalles.

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Sin embargo, el cierre de la feria provocó un profundo impacto social. Se estima que más de 8.000 feriantes trabajan allí regularmente, y que alrededor de 48.000 personas dependen directa o indirectamente de esta actividad. Durante las últimas semanas, los trabajadores realizaron protestas, cortes de calle, marchas al municipio y a la fiscalía para reclamar la reapertura, argumentando que se encontraban en una situación desesperante sin ingresos ni posibilidad de acceder a su mercadería.

En ese contexto, y tras la presentación de un recurso por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina (SUTFRA), la Justicia tomó la decisión de levantar la clausura, pero lo hizo con una extensa lista de condiciones. Cada predio tendrá un interventor judicial, designado por sorteo, con facultades para controlar y administrar las operaciones. Se exigirá la bancarización completa de las transacciones, la registración de cada vendedor, la facturación obligatoria, y la inscripción de los trabajadores como monotributistas o responsables inscriptos.

Además, el fallo establece que el municipio de Lomas de Zamora deberá desplegar operativos de limpieza, seguridad, tránsito y control sanitario. También intervienen organismos provinciales como ARBA, ARCA, el Ministerio de Producción y el Banco Provincia, que brindarán apoyo técnico, capacitación, y monitoreo. La reapertura comercial —ya sea parcial o total— deberá ser definida por la fiscal Incardona, quien quedó a cargo del contralor de la medida.

En su resolución, el juez Armella reconoció el daño que el cierre generó sobre miles de familias trabajadoras, muchas en situación de extrema vulnerabilidad. Subrayó que el Estado tiene el deber de perseguir el delito, pero también de velar por el derecho al trabajo, la dignidad y la cohesión social. Por eso, resolvió que la medida de reapertura se encuadre en una estrategia de control firme y progresivo, para evitar que se repitan las irregularidades que motivaron la causa penal.

Con esta decisión, se abre una nueva etapa para el complejo de La Salada. El desafío será reconstruir un espacio comercial legal, transparente y ordenado, sin repetir los errores del pasado. La mirada ahora está puesta en la fecha de reapertura y en cómo responderán tanto los organismos del Estado como los feriantes al compromiso de transformar una feria popular en un polo productivo en regla.