El pasado miércoles en la Cámara de Diputados se votó por un bono y aumento a los jubilados, además de la extensión de la moratoria y la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, el presidente Javier Milei anunció que si estos proyectos se aprueban en el senado, serán vetados de inmediato.

Política del Sur conversó al aire con el diputado nacional del bloque de Unión x la Patria, Daniel Arroyo, quien fue el impulsor del proyecto de ley de emergencia en discapacidad y aseguró que en el caso de su proyecto, el ejecutivo “no la va a vetar” porque “es una ley de pura humanidad, de pura racionalidad económica”.

En ese sentido advirtió que la situación del colectivo de discapacidad “es realmente muy crítica” y esta ley fue aprobada por ⅔ de la cámara. Además señaló que “hoy el sistema está totalmente desfasado”, destacando que una persona con una pensión está cobrando alrededor de $28.000.

Asimismo comentó que “el transportista está cobrando $541 el litro de nafta, como claramente la nafta sale $1300 y no le alcanza, en vez de llevar cinco días, que son los que requieren el tratamiento, una persona con discapacidad, con mucha suerte los lleva dos”.

Continuando en esa línea señaló que las acompañantes terapéuticas cobran $3000 la hora y trabajan 180 días, mientras que los hogares e instituciones que trabajan con los chicos con discapacidad están “todos a punto de cerrar”. Y aseguró que realizan ferias y rifas para mantenerse a flote pero “no saben más qué inventar, cómo encontrarle la vuelta, de dónde sacar y todos tienen deuda con la AFIP”.

“La ley reordena el nomenclador, lo actualiza, declara una emergencia”, explicó Arroyo y afirmó que indica lo que cada persona tiene que cobrar correctamente por sus servicios, además de garantizar la entrega de medicamentos. 

“Creo que el gobierno, después de que se dé una ducha fría y entienda que esto realmente es de pura justicia, es una ley fuera de la grieta, no tiene un gran impacto fiscal, creo que va a reflexionar y no lo va a vetar”, subrayó el diputado. Además consideró que en el Senado, el proyecto tendría tratamiento.

En esa línea aseguró que este proyecto se está trabajando desde hace cuatro meses y contó con doce reuniones informativas, “vino muchísima gente a opinar, a plantear, a proponer. Diría que el Senado lo tiene bastante allanado el camino”.

Con respecto a la actitud del ejecutivo nacional, enfatizó en que “hay crueldad e ignorancia en lo que está haciendo el gobierno”. Y agregó: “Lo único que no puede hacer el estado es maltratar, lo único que no puede hacer es desacomodar la vida. creo que finalmente el gobierno va a reflexionar y la va a poner en marcha, que es lo lógico”.

Por otro lado se refirió al costo económico de la implementación de la ley y aseguró que “eso no es costo fiscal, es deuda que el estado tiene con las personas con discapacidad. No es que tenga un costo para el erario público, es lo que el estado le está debiendo”. Finalmente remarcó que la ley de emergencia estaría vigente hasta fines del 2026.