Por: Diego Lanese

Un grupo de gremios se reunió esta semana en la sede de la entidad portuaria FEMPINRA analizó el impacto dela desregulación que lleva adelante el gobierno nacional.

Con la idea de una jornada de lucha –que se estima podría ser el próximo 25 de junio –los participantes discutieron los problemas de soberanía que generan medidas como la flexibilización en un sector clave como la marina mercante.

Desde la semana pasada, está en vigencia un régimen de excepción para la contratación de personal, para buques fluviales o pesqueros, que según denuncian los gremios es “una reforma laboral encubierta”.

El impacto de esta transformación comenzó a verse en el sur argentino, y entre otras cuestiones habilita a embarcaciones de bandera extranjera a navegar en el país, incluso con tripulación foránea. “Va a destruir la marina mercante nacional”, dijeron los dirigentes, que además del problema del tema laboral sostiene que estas medidas atentan contra la soberanía nacional.

Los cambios permiten despidos sin pago de indemnización, y otras cuestiones que atentan contra las leyes laborales actuales. Además, deja sin efecto los convenios colectivos. Esta medida es considerada “un ensayo” para un cambio radical en las leyes, que podría intentarse si el oficialismo logra una buena elección legislativa en octubre. esto sería “una catástrofe” laboral, en un país que acaba de ser degradado en un índice global, por considerar que existe “violación sistemática” al derecho delos trabajadores.  

El flamante régimen de excepción para la actividad fluvial y pesquera generó una verdadera conmoción en el sector, que está en la mira del gobierno de Javier Milei y su política desreguladora. La nueva normativa apunta a “incentivar la inversión, reactivar el comercio exterior y fomentar la generación de empleo en la actividad marítima”, pero en el fondo es una “reforma laboral encubierta”.

Es que este régimen permite a los armadores nacionales “suspender temporalmente la bandera argentina en sus buques sin perder la matrícula nacional, posibilitando la inscripción en registros extranjeros cuando sea necesario”. Esto otorga “mayor flexibilidad operativa y reduce costos administrativos”.

A la par de esto se eliminan trámites como la renovación anual del Registro de Armadores Nacionales y se amplían las opciones para contratar personal embarcado, incluso a través de asociaciones gremiales u otras entidades habilitadas. “Cuando no haya embarcaciones nacionales registradas o autorizadas para cabotaje por armadores nacionales, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) podrá otorgar permisos temporales de hasta 180 días a barcos extranjeros, con posibilidad de renovación”, destacó en sus argumentos el decreto en cuestión.

“Esto va a destruir la marina mercante nacional”, alertaron fuentes sindicales del sector mercantil, consultados por Política del Sur. Además de “precarizar absolutamente las condiciones laborales”, las mismas fuentes consideran que este régimen “afecta la soberanía, porque permite que las grandes empresas navieras desembarquen en nuestras aguas, y literalmente hagan lo que quiera”.

Decreto 340/2025 - PODER EJECUTIVO

Resumen: El Decreto 340/2025 del Poder Ejecutivo aprueba el "Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional", diseñado para revitalizar el sector marítimo argentino, que enfrenta una crisis de competitividad. Esta normativa permite a los…

— BOA | Resumen del Boletín Oficial de Argentina (@BOAresumenes) May 21, 2025

Uno de los dirigentes mercantes consultados puso el siguiente ejemplo: como el régimen establece que si no hay tripulación nacional vigente, se puede contratar trabajadores extranjeros. “Si una firma quiere pagar por debajo de lo que establece el Convenio Colectivo, ningún gremio le va a ofrecer trabajadores.

Entonces pedirá al régimen que le habilite sumar tripulación extranjera, bajo el argumento de no disponibilidad, cuando en realidad lo que se hace es pagarles a esos trabajadores”, explicó.

Lo mismo puede pasar con los buques que quieran navegar con otra bandera. Los dirigentes afirman que detrás de esta movida están grandes firmas, como la danesa Maersk, la italiana Mediterranean Shipping Company (MSC), el operador global danés de remolques Svitzer, otras de capitales chinos y también para las compañías radicadas hace mucho tiempo en Paraguay.

Según puedo saber Política del Sur, hasta ahora no hubo ningún buque pidiendo entrar en este régimen, porque falta que se publique la reglamentación del DNU que lo crea. Pero todos coinciden que cuando esto suceda, la avalancha será inevitable.

“Los capitales extranjeros no sólo van a navegar las aguas argentinas porque el gobierno no le interesa cuidarles, sino además que van a meterse en sector claves para el desarrollo y la soberanía. Si transportar el combustible te quedás con parte de la riqueza de un país”, recalcaron las fuentes consultadas.

Si la reforma laboral se extiende, el mercado de trabajo del país se transformará definitivamente, y empeorará incluso más delo que hizo desde que asumió Javier Milei. es que el denominado Índice Global de Derechos 2025 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), entidad que representa a 191 millones de trabajadores de 169 países y territorios, anunció que el país fue degradado en materia de derechos laborales.

Este índice recogió datos de 151 países y está basado en una lista de 97 indicadores extraídos de convenios internacionales y la jurisprudencia de la OIT. El documento, al que tuvo acceso Política del Sur, señaló a la Argentina como países que “han empeorado su puntuación hasta alcanzar un 4 sobre 5, lo que se traduce en una ‘violación sistemática’ de los derechos de los trabajadores según la calificación de la CSI”.

La categoría 5 se define como un país con “derechos no garantizados”, y es la anteúltima de la escala. 5+ es la peor, que incluye derechos no garantizados por “destrucción del estado de derecho”.  La categoría 4, que llegó el país, es violación sistemática. Según la CSI, sólo 7 de los países está en la categoría 1, que es el mayor reconocimiento.

Este empeoramiento es general, ya que el reporte dijo que “los derechos y libertades de los trabajadores de América y Europa han sufrido un retroceso en la última década”, y sitúa a Ecuador en el tercer lugar de una lista de diez países en peor situación. Por eso, denunció un “retroceso de los derechos de los trabajadores y una degradación de sus condiciones en todo el mundo”.

🗣️"El Índice Global de los Derechos 2025 de la CSI revela que los trabajadores y las trabajadoras de las Américas son objeto de violaciones sistemáticas de sus derechos." @JordaniaUrena04

👉https://t.co/TcYCXULpCy#RightsIndex25 pic.twitter.com/xnrYE6wOT9

— ITUC (@ituc) June 3, 2025

En el caso concreto de la Argentina, que comparte categoría con Costa Rica y Panamá, el reporte explicó que “ofrece uno de los ejemplos más claros del deterioro de las libertades civiles y el ataque concertado contra sindicatos y trabajadores bajo gobiernos de extrema derecha”.

Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei “ha intentado reformar 366 leyes para desregular las condiciones laborales y los salarios, desmantelar las protecciones sindicales y privatizar empresas públicas”. A lo largo de 2024, agregó, “se aprobaron varias leyes laborales sin consultar a los sindicatos y haciendo caso omiso de la amplia movilización pública contra las reformas”.

La llamada Ley Ómnibus, “declara el Estado de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, otorgando al presidente facultades de un año para reformar o introducir leyes sin la aprobación del Congreso”.

“Las reformas ‘anti sindicales’ de Milei socavan aún más los derechos e intereses de los trabajadores al extender el período de prueba laboral de tres a seis meses, y hasta un año para las empresas más pequeñas. Se han eliminado las sanciones contra los empleadores que no registren adecuadamente a los trabajadores”, recordó el reporte. Además, criticó “el nuevo fondo de indemnización por despido reemplazará el actual sistema de compensación por antigüedad, lo que reducirá significativamente el costo de los despidos para los empleadores”.