Por: Diego Lanese

Las autoridades sanitarias del país trabajan a contrarreloj para retirar del mercado tres lotes de un medicamento contaminado con dos bacterias, que se sospecha causó al menos 34 muertes por neumonía, y más de 60 cuadros graves. Se trata de ampollas de fentanilo, un poderoso analgésico, que se usó en personas internadas por distintas dolencias, que desarrollaron la enfermedad respiratoria por las fallas en la producción.

La situación fue denunciada por una farmacéutica hospitalaria de La Plata, que detectó en el hospital donde cumple funciones la falencia. De no haber dado la alerta, los tratamientos cuestionados podrían haberse usado en más pacientes, generando una situación más grave.

Por eso, especialistas destacaron los mecanismos de “auditoría y control” que realizó la profesional, en el marco de la actual normativa. Pero el gobierno quiere desregular esta y muchas actividades profesionales, eliminando los colegios profesionales y las matrículas.

A través de un proyecto de la diputada libertaria Marcela Pagano, se propone crear un único registro nacional, al que se acceda de forma directa, lo que genera preocupación en varias profesionales, ya que se eliminan los requisitos mínimos para ejercer tareas sensibles, como la que hacen médicos, farmacéuticos, ingenieros u otros profesionales.

Además de esos peligros, se alerta que esta medida profundizará la proliferación de monotributistas sin mayores derechos laborales, algo que viene sucediendo hace una década, cuando este tipo de empleados creció hasta un 40 por ciento, según los datos de un informe.

La iniciativa es de la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano propone modificar el decreto 2293/92 para eliminar la obligatoriedad de matriculación y cuotas colegiales, estableciendo en su lugar un único Registro Nacional de Profesionales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

En términos prácticos, la ley propuesta por la legisladora oficialista permitiría que cualquier persona ejerza su profesión en cualquier lugar del país sin necesidad de colegiarse ni cumplir con los requisitos establecidos por los organismos provinciales.

Las funciones históricas de los colegios -control ético, fiscalización, formación continua, sanción y defensa legal- quedarían “vaciadas o en manos del Estado nacional”. La medida también impone a los actuales entes colegiados un plazo de 120 días para ceder sus bases de datos al nuevo registro nacional y transformarse en meras sedes administrativas, sin capacidad sancionatoria ni recaudatoria.

Además, se eliminan las cajas previsionales o regímenes especiales de jubilación, que se nutren de los aportes de estos profesionales, para aumentar los salarios que reciben una vez que dejan de ejercer.

📣🔐DESREGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL Y ELIMINACIÓN DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

🔹La Diputada Nacional @Marcelampagano presentó un proyecto de ley para desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios.

🔹El proyecto presentado crea un… pic.twitter.com/9DzlxoTw3f

— BDC - Blog del Contador (@BlogDelContador) May 8, 2025

La propuesta fue rápidamente rechazada por colectivos de abogados, farmacéuticos, médicos y otros rubros, que alertaron del impacto en el mercado laboral. “Deja sin control ni auditoria el ejercicio de tareas claves en materia de salud o legales, que pasa a un estado que está siendo desmantelado”, recalcaron fuentes de diversos colectivos, ante la consulta de Política del Sur.

Además, se terminan las cajas previsionales que garantizan las jubilaciones de estos profesionales. “Manotean los recursos de los futuros pasivos”, dijeron las mismas fuentes. En casos como el fentanilo contaminado, la labor de control de los profesionales fue clave, además de la red de auditorías y alarmas. Lo mismo sucede con otras profesionales.

Ahora, de aprobarse la propuesta, todo eso quedará desactivado. Ante esto, la Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP), y la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, expresaron su “enfático y unánime rechazo” a la iniciativa.

Para las entidades, esta iniciativa de desregulación y la creación de un registro nacional representan "una grave amenaza para las funciones de control y regulación que ejercen los colegios, consejos profesionales, cajas de previsión y federaciones, funciones que trascienden ampliamente la mera matriculación".

Estas entidades desempeñan "un rol esencial en el control del ejercicio profesional, garantizando su ética, el mantenimiento de rigurosos estándares de capacitación y formación continua, y la supervisión del cumplimiento de las normas deontológicas".

"El propuesto Registro Nacional, con su enfoque centralizado y limitado, sería incapaz de replicar la capilaridad, el conocimiento específico de cada profesión y jurisdicción, y la capacidad de sanción disciplinaria que actualmente ejercen las instituciones provinciales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios profesionales y la protección del interés público", insistieron.

En el plano laboral, este tipo de medidas puede aumentar el trabajo independiente de los profesionales, fomentando la figura del monotributista. En este sentido, un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) que marca una tendencia que se viene dando en los últimos 10 años, y que en la gestión de Javier Milei se están acelerando: la suba de esta categoría laboral.

Según el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, entre 2014 y 2024 “el empleo total creció un 20 por ciento, sumando 3.600.000 de trabajadores”. No obstante, “el empleo privado registrado se mantuvo casi fijo en torno a los 6.200.000 de puestos, mientras que el número de monotributistas creció un 40 por ciento, superando los 2 millones”.

Para IERAL, el crecimiento del trabajo independiente “muchas veces encubre un vínculo laboral encubierto” y advierte que buena parte de los nuevos empleos “se insertan en la informalidad, lo que deja al descubierto la debilidad estructural del mercado de trabajo argentino”. Los últimos datos oficiales confirman esta tendencia.

“El empleo asalariado formal mostró un leve repunte en febrero, con la creación de 14 mil nuevos puestos en el sector privado y 1.500 en casas particulares”, según el informe difundido por la Secretaría de Trabajo de la Nación, a cargo de Julio Cordero. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei ya se perdieron 182 mil empleos formales.

🟦 RECHAZO INSTITUCIONAL AL PROYECTO LEY DE DESREGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA
✔️ Por decisión unánime del Consejo Directivo manifestamos nuestro enérgico rechazo al proyecto de ley N° 1667-D-2025, actualmente en tratamiento en la HCDN, que propicia eliminar… pic.twitter.com/xEEo2YZlcm

— C.P.A.C.F (@CPACF) May 30, 2025

El informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) detalla que el sector público recortó más de 10 mil empleos, en línea con la política de ajuste impulsada por el gobierno nacional. A esto se suma un crecimiento de 16 mil monotributistas y una caída de 10.400 monotributistas sociales, lo que refleja una migración del empleo asalariado hacia formas más precarias de contratación.

Aunque el gobierno celebra que la tasa de empleo se mantiene en torno al 45 por ciento, los expertos advierten que ese número esconde una realidad preocupante: “el empleo asalariado formal en el sector privado está estancado desde hace más de una década”.

Esta situación impacta en los salarios: En marzo, los sueldos del sector privado formal cayeron un 2,5 por ciento en términos reales, según datos oficiales. Esto contrasta con el informe del INDEC, que había registrado un alza nominal del 3 por ciento para el mismo período. La situación es más crítica entre los trabajadores informales.

El INDEC estimó que un 36,1 por ciento de los asalariados no tiene descuento jubilatorio, lo que implica un alto nivel de irregularidad laboral. Por su parte, IERAL eleva esa cifra a un 42 por ciento de informalidad promedio en todo el país.