Por: Juan Bautista Vega

“Escuchame, los que salen a cortar no son los laburantes. Son los dueños, los que alquilan los puestos en Urkupiña, en Ocean… Ellos manejan todo”, dice Roddy, un feriante que aún hoy no sabe si el sábado podrá trabajar. Lo cuenta en voz baja, como quien comparte un secreto viejo, podrido y conocido por todos.

Desde hace días, el predio de La Salada está en llamas. No de fuego, pero sí de caos. Hubo allanamientos, amenazas de desalojo, cierre de ferias y cortes en Puente La Noria.

Ayer, cientos marcharon al Municipio de Lomas de Zamora. Hoy, otros tantos siguen sin saber si volverán a levantar las lonas. Pero detrás de las pancartas, hay otra historia: la de los que pagan para trabajar, los que apenas sobreviven mientras otros hacen negocio con su precariedad.

“Esa mafia ahí adentro cobra fortunas. Por cada feria, por cada puesto, hasta por dejar el auto te arrancan la cabeza”, cuenta Roddy. Mientras habla, enumera: dos millones por alquilar un puesto en Urkupiña, 10 mil pesos por dejar el auto en la calle, otros 8 mil si querés entrar al playón.

“Y ni hablar de los trapitos, que encima el sábado salieron a cortar porque su jefe les dijo que había que hacer quilombo. Después terminaron la feria y los tipos les pedían plata a ellos como si nada. Un delirio”, agrega con bronca.

La escena es surreal. Una mafia interna que se disfraza de manifestación popular, una red de intereses cruzados donde los “capos” –como los llaman adentro– agitan a los carreros para cortar accesos, mientras ellos negocian con los alquileres a precios de oficina en Palermo.

“Son otros sectores. Los de arriba. Los capos son los que salen a cortar porque se les acaba el curro”, suelta, sin vueltas.

El pasado fin de semana, pese al corte en La Noria, la feria estalló de gente. “La gente igual vino. Caminaban tres, cuatro cuadras. Venían a pata. Nadie dejó de comprar”, relata. La imagen de cientos de familias sorteando autos y piquetes para llegar a un puesto improvisado no es nueva. Pero esta vez, tiene otro tono. “Ya no cortaron más. Se dieron cuenta que se perjudican ellos también”.

Detrás del show del desalojo y los discursos políticos, hay feriantes que pagan hasta $1.200.000 por dos puestos.

Personas que venden ropa trucha o comida casera para mantener a sus hijos, que no quieren ir a cortar un puente, pero tampoco pueden decir que no cuando el “jefe” los llama. Porque cortar, en ese mundo, también es obedecer.

Los allanamientos recientes apuntaron al corazón del negocio: estructuras paralelas, reventa de espacios, marcas truchas, y hasta sindicatos que buscan blanquear el negocio para quedarse con su parte.
Pero entre ese ruido, los que caminan entre lonas mojadas y precintos policiales siguen siendo los mismos de siempre.

“La mafia va a terminar”, se esperanza Roddy. Pero lo dice sin mucha convicción. “Espero que bajen todos, que controlen. Porque están cobrando demasiado. Esto no da para más”.

Desde adentro, la feria parece una ciudad autónoma. Tiene reglas propias, precios propios, incluso su propia lógica de poder. El Municipio, la Policía, la Justicia: todos orbitan alrededor, pero sin entrar del todo.

Hoy, los feriantes miran la calle, pero también miran hacia arriba, donde están los que cortan, negocian y alquilan. Porque ahí está el verdadero negocio.

La novela de La Salada recién empieza. Lo que pasa adentro no siempre se ve desde afuera. Y lo que se grita en la calle, muchas veces tapa el silencio de los que realmente sostienen la feria: los que sólo quieren trabajar.