Los gremios docentes nacionales que integran la CGT anunciaron se presentarán ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámites Legislativos para repudiar los decretos presidenciales que consideran “perjudiciales para la educación pública y los derechos laborales”. La decisión se adoptó durante un encuentro mantenido entre el Secretario General de la UDA, Sergio Romero; el Secretario General de la CEA, Fabián Felman; la Secretaria General de AMET, Sara García; y la Secretaria General del SADOP, Marina Jaureguiberry.
En ese marco, los dirigentes adoptaron la determinación de recurrir a la Comisión Bicameral junto a los gremios docentes de la CGT para expresar el rechazo a los decretos del Poder Ejecutivo que afectan el sistema educativo. Los dirigentes analizaron el impacto de los recientes decretos firmados por el Presidente de la Nación y coincidieron en que “las medidas impulsadas desde la Casa Rosada afectan negativamente la educación y las condiciones laborales del sector docente”.
Por otra parte, las entidades sindicales insistieron en que se debe convocar a la Paritaria Nacional Docente, al señalar que el actual salario mínimo es 500 milpesos pesos y se encuentra "bajo la línea de pobreza". Hace unos días, el Gobierno nacional oficializó la eliminación de la participación estatal en las paritarias docentes. De esta manera, las futuras negociaciones para fijar los salarios del sector serán entabladas por el Consejo Federal de Educación y los gremios.
Por medio de la publicación del decreto 341/2025 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei confirmó la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Educación. De esta manera, estableció que el Consejo Federal de Educación junto con entidades gremiales docentes de representación nacional serán las partes intervinientes, que tendrán la responsabilidad de acordar las condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.
Previo a estos cambios, la norma indicaba que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que inducirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente, y d) carrera docente”. La nueva normativa retiraría la participación activa de la actual Secretaría de Educación en las futuras reuniones, pero en el artículo 1 del decreto se aclaró que “la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano podrá refrendar el convenio, o requerir que se realice una nueva propuesta cuando, por razones presupuestarias, no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”.
En ese marco, la Internacional de la Educación América Latina expresó su “repudio a las acciones tomadas por el presidente de la República Argentina, Javier Milei”, y denunció que dichas decisiones “pretenden liquidar el derecho a la negociación colectiva a nivel nacional y coartan el derecho de huelga en el sector educativo”.
La organización internacional, que agrupa a más de 33 millones de docentes en 180 países, señaló que “la eliminación del artículo 10º de la Ley de Financiamiento Educativo es un retroceso en materia de derechos laborales” y advirtió que la medida “puede incidir en una precarización de los salarios docentes”.
Asimismo, la IEAL cuestionó el DNU 340/25 al considerar que “restringe el legítimo derecho a huelga” mediante la incorporación de “actividades trascendentales” entre los servicios esenciales, con lo cual se limita el ejercicio de ese derecho en el ámbito educativo. “Expresamos nuestra solidaridad con nuestras organizaciones afiliadas en Argentina, CTERA, CEA, CONADU y SADOP”, afirmaron los representantes del Comité Regional de la IEAL, al tiempo que confiaron en que “ambas medidas sean revertidas para garantizar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación”.
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