El pasado jueves 29 de mayo se realizó una nueva movilización en reclamo a los recortes y las políticas del gobierno nacional que perjudican al área de la salud en discapacidad. Muchas personas que pertenecen a este colectivo han dejado de recibir prestaciones, medicamentos, terapias de apoyo y pensiones, vulnerando sus derechos.

Política del Sur conversó al aire con Marcela Endendijk, directora del Centro Terapéutico Categorizado NOHI, quien dio más detalles acerca de la situación actual del sector.

“Es súper triste tener a alguien en el poder que diga que la responsabilidad de un chico con discapacidad no es del estado, sino que es de la propia familia”, destacó la directora de NOHI. Además señaló que los profesionales médicos y psicólogos reclaman también pagos atrasados desde el mes de diciembre.

Con respecto a la movilización del día jueves que se dio en el marco del tratamiento de una ley de emergencia en discapacidad, Endendijk manifestó que no solamente no tuvieron ninguna respuesta por parte del gobierno nacional, sino que además la votación del proyecto de ley se postergó para la próxima semana. “Nosotros lo que pedimos es la regulación del estado en las obras sociales”, afirmó.

En ese sentido agregó que “somos varias las partes involucradas y hay mucha plata en el medio, que no sabemos dónde va”, afirmando que el estado le entrega el dinero a las obras sociales, las cuales deben pagar los sueldos. Sin embargo esto no se produce hace casi seis meses y “cuando cobramos nuestros sueldos, ya no tiene valor la plata porque aparte no tenemos aumento”.

Por otro lado, con respecto a los pacientes con discapacidad, expresó que “el gran problema que tenemos no es solamente el tema de las pensiones, sino que tampoco les aprueban las prestaciones”. Asimismo destacó que las familias que comenzaron los trámites para tener estas facilidades en el mes de noviembre del 2024, continúan esperando, “estamos hablando de tratamientos, medicación psiquiátrica, medicación oncológica, sillas de ruedas”.

En esa misma línea, remarcó que “las obras sociales les descuentan a los mismos prestadores, no es algo gratis. Cada uno que tiene una obra social aporta esa obra social”.

Por otro lado se refirió a las leyes que deberían proteger al colectivo de discapacidad y subrayó que “entramos en un nuevo paradigma donde las personas con discapacidad no están protegidas de ninguna manera. Hay leyes pero no están siendo ejecutadas y parece que las personas con discapacidad son descartables”.

Continuando en esa vía, destacó que las obras sociales ya ni siquiera respetan los recursos de amparo que presentan los pacientes. “Hubo toda una marcha en el país a nivel nacional y sin embargo no hay nada todavía”. Las obras sociales demoran el pago a los prestadores y autorizan tratamientos o insumos a último momento, “nadie controla este tema”.

Por otro lado manifestó que además de las políticas del estado, “hay una falta de concientización a nivel general”. Y subrayó que hay “una falta de respeto hacia el prójimo que tiene otras dificultades, como si nosotros estuviéramos libres de tener algún tipo de accidente y necesitar estos mismos recursos”.