Por: Diego Lanese

Con un nuevo paro de actividades, los estatales nacionales reclamaron la semana pasada que se dejen de “pisar” las paritarias, tanto de los empleados públicos nacionales como de todos los sectores.

Además, rechazaron la idea del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de que los trabajadores que no hayan aprobado el famoso examen de idoneidad, perderán su puesto.

Esta segunda medida tiene la firma del titular de la cartera, Federico Sturzenegger, la cara del ataque a los estatales, según la dirigencia de ATE. En esta pelea, el gobierno sumó una nueva medida muy cuestionada: la creación de un registro de delegados sindicales en el Estado nacional.

La medida apunta a “ordenar” la representación gremial, pero para muchos dirigentes se trata de lisa y llanamente “listas negras” para futuras sanciones o persecuciones. La idea fue formalizada mediante una disposición que ya está vigente, que puede traer muchas consecuencias.

“Claramente es una amenaza”, dicen los delegados, que analizan la forma de ponerle límites a la iniciativa. Además, ATE rechazó la declaración de esencialidad de varias actividades, lo que limita seriamente el derecho a realizar huelgas y otras medidas. Para evitar su implementación, se irá a la justicia como ya hizo la CGT y otros sectores.

El denominado Registro Centralizado de Delegados Gremiales de la Administración Pública Nacional se creó mediante la resolución 34/25 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se acompaña de dos anexos que reglamentan paso a paso el control estatal sobre los sindicatos del sector público.

Entre las disposiciones más importantes, a las que tuvo acceso Política del Sur, se destacan que las elecciones de delegados “sólo serán válidas si el sindicato acredita al menos un 10 por ciento de afiliación respecto a la dotación del organismo público”.

Además, los candidatos, así como los electos, “no gozarán automáticamente de tutela gremial”. El Estado evaluará “si cumplen con los requisitos de la Ley 23.551 y podrá rechazar su inscripción y protección sindical si considera que exceden cupos o incumplen condiciones”.

Además, se estableció que cada organismo estatal “deberá informar, dentro de las 24 a 48 horas, toda acción judicial en la que se invoque tutela gremial, incluso aquellas en las que el propio Estado intente excluir dicha protección”. Esto implica una centralización de los conflictos judiciales laborales en manos del Ejecutivo.

En caso de que el dictamen oficial rechace una elección, se instruirá a la jurisdicción a impugnar el proceso sindical ante la Secretaría de Trabajo.

📢 Hoy se publicó la Resolución 34/2005 del @MinDesreg_Ar en el @boletin_oficial que crea un alarmante registro de delegados sindicales.

Es un problema serio.

Abrimos hilo 🧵https://t.co/8vNtl4kjif

— O.D.I.A. (@ODIAasoc) May 22, 2025

La medida fue rechazada de inmediato por ATE, que consideró este registro “ilegal”, y adelantó que realizará una presentación judicial contra su puesta en marcha, al considerar que se busca crear “una lista negra” contra los dirigentes estatales.

Para Raúl Llaneza, delegado de la Junta Interna de ATE en el INDEC, la medida “claramente es una amenaza” a la representación sindical. En diálogo con Política del Sur, el referente gremial remarcó que “esta medida intenta llevar preocupación en aquellos que representamos a los trabajadores públicos, que tenemos esa tarea”. El gran tema es que el estado sabrá, entre otras cosas, cuando un delegado deja de tener fueron sindicales, lo que busca “amedrentar, generar miedo”.

En te sentido, para Llaneza, “es una política de este gobierno atacar los derechos colectivos de los trabajadores, como ya hizo con el intento de limitar el derecho a huelga, o eliminar las indemnizaciones, son todos ataques al colectivo de los trabajadores”. Ante esto, no hay dudas que el registro se terminará convirtiendo “en una lista negra”. Llaneza recordó el caso de Rodolfo Aguiar, titular nacional de ATE, que fue amenazado de muerte por un referente libertario. “Un pico de la violencia ejercida”, dijo.  

El polémico registro incluye una segunda lista, denominada Registro de Juicios en los que se invoca tutela gremial, lo que implica que cada elección, cada lista de candidatos y cada juicio vinculado con protección sindical deberá pasar por el análisis y dictamen del Ejecutivo.

La medida se inscribe en un contexto más amplio de avances contra los derechos laborales y gremiales, donde la tutela sindical -garantía constitucional para la defensa colectiva de los trabajadores- queda condicionada a la aprobación de un registro oficial.

Una de las dudas que surge si implicará a todos los sectores donde el estado es empleador, o sólo a la administración pública. en este sentido, desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales explicaron que por el momento “no tenemos mucha información, pero entendemos que este registro no incluirá a nuestros delegados”.

Desde los gremios marcaron en tanto que la resolución implica “una intervención directa del Estado empleador sobre la vida interna de los sindicatos del Estado”, contrariando el principio de autonomía sindical consagrado en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, se institucionaliza “un mecanismo de control sobre las garantías gremiales que puede derivar en represalias o disciplinamiento de dirigentes incómodos”. Desde ATE adelantaron que van a presentar una denuncia judicial para frenar la aparición de la lista. Por su parte, el secretario General de Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Andrés Rodríguez alertó que la medida fue oficializada en medio de la elección de delegados.

🚨 ¡AHORA!

✋ Paro y Movilización pic.twitter.com/Ex5Eg0O2Yp

— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) May 22, 2025

Además de este registro, el gobierno anunció otra medida que atenta contra el empleo en el Estado nacional. La cartera que lidera Sturzenegger resolvió declarar en situación de disponibilidad a personal de planta permanente que quedó sin funciones por la eliminación de áreas dentro de la cartera.

Esta decisión está contenida en la resolución 61/2025 publicada en el Boletín Oficial y forma parte del plan para reducir el gasto público y achicar la estructura estatal. Con esta resolución, los empleados afectados “seguirán cobrando durante un máximo de 12 meses”, aunque no tengan tareas asignadas.

Además, durante ese periodo de meses, podrán ser capacitados o reasignados a otras tareas, incluso a servicios tercerizados. Asimismo, si al terminar ese año no se les encuentra otro puesto, serán despedidos con indemnización. La decisión de la cartera tiene sustento en el Decreto 1421/2002 y la Ley Marco del Empleo Público 25.164, que permite declarar “en disponibilidad” al personal estable cuando hay reorganizaciones del Estado.

Al respecto, el Gobierno informó que el ministerio tiene el presupuesto necesario para pagar indemnizaciones. Además, indicó que se limitarán licencias y otras situaciones especiales que afecten al personal alcanzado. La medida cayó mal en los gremios del sector público, que ya anticipan acciones legales y sindicales en defensa de los trabajadores afectados. La protesta de ATE de la semana pasada lo transparentó, junto a otras medidas que impactan en el empleo público.

Las protestas se replicaron en todas las provincias, reafirmando así la postura de no acatar el decreto 340/25 que ataca el derecho a huelga y pretende limitar la adhesión de los trabajadores a los paros para que se garantice un 75 por ciento de la prestación. ATE confirmó que el acatamiento a la medida de fuerza superó el 90 por ciento a nivel nacional.