Para el sector del transporte fluvial se vienen generando varias políticas de desregulación por parte del gobierno nacional, que afecta a los puestos de trabajo y al normal funcionamiento de los puertos. 

Política del Sur conversó al aire con Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, quien se refirió a la situación actual de los trabajadores frente a las políticas de Javier Milei.

En primera instancia habló sobre la posibilidad a través de un decreto anunciado el pasado jueves 22 de mayo que permite el cambio de bandera de los buques, “el fundamento que manifiestan los creadores de este engendro es que buscan a través de esto el crecimiento de la marina mercante nacional”, expresó Moreno. Y agregó que son pautas y normas que facilitan la “baja de buques argentinos del pabellón nacional y facilidades para ingresar a un pabellón extranjero”.

En ese sentido, esta nueva desregulación permite que los trabajadores de los buques sean regidos por las normas laborales extranjeras, “con pautas salariales y convenios colectivos que tienen que ver con una reglamentación internacional que fija pautas mínimas y paupérrimas en algunos casos”, afirmó. 

Y agregó que el sector sufrió una medida similar durante los ´90: “De 190 barcos que contaba la Argentina en ese momento, después de ese decreto que estuvo vigente durante 13 años, solo teníamos 18 barcos”.

En esa dirección manifestó que el gobierno no solo ataca a la industria marítima, sino a la industria en general, con el propósito de destruir los puestos de trabajo y en este caso puntual, la soberanía, “la cual ejercemos los capitanes oficiales, marineros, jefes de máquina de los buques, cada vez que surcamos las aguas del río o del mar argentino”, remarcó.

Con respecto a la medida que tomó el gobierno, Moreno destacó que no es competitiva de ninguna manera porque “no es solamente el costo laboral lo que incide, sino que además los costos impositivos, la infraestructura portuaria, los costos aduaneros, y otro tipo de distorsiones que hay, de las cuales este decreto no hizo ni mención”.

También explicó que “le han sumado la creación de nuevos servicios esenciales a otras actividades que no tienen nada que ver con la marina mercante” y que la CGT presentó un recurso de amparo y una medida cautelar con respecto a este punto. “Nosotros consideramos el decreto y este artículo inconstitucional”, aseguró.

En esa misma línea aclaró que “la esencialidad no es nada más ni nada menos que el disfraz que le pusieron el cercenamiento a un derecho a huelga consagrado constitucionalmente y de carácter internacional”.

Por otro lado, destacó que desde el sector intentaron entablar diálogo con el gobierno pero nunca los recibió. “Nosotros vamos a hacer todas las medidas que tengamos al alcance para revertir esto. Los gremios nucleados en la Federación Sindical Marítima y Fluvial, en conjunto con las cámaras armadoras, hemos presentado dos proyectos de ley que tienen  que ver con impulsar a la marina mercante a un desarrollo genuino”. Y agregó que: “Han frenado el tratamiento de estos proyectos”.

Asimismo afirmó que desde el sector buscaron entablar diálogo con los gobernadores de las once provincias que tienen litoral marítimo y fluvial y sólo obtuvieron respuesta del gobernador de Buenos Aires y del jefe de gobierno de CABA.