Por: Diego Lanese

A partir de la reforma del Código Aeronáutico, el gobierno nacional anunció la eliminación de la figura del “jefe de aeródromo”, cuyas tareas están vinculadas a la seguridad operacional de las terminales de todo el país. A partir de esto, la Administración nacional de Aviación Civil (ANAC) podrá determinar cuándo es necesario tener este tipo de personal, y cuándo no.

Como contó Política del Sur esta semana, la situación genera alarma en ATE-ANAC, que denunció que este tipo de medidas pone en riesgo a los trabajadores y los pasajeros. El caso no es aislado, más bien lo contrario, y tiene que ver con las consecuencias que genera en el día a día el plan motosierra del gobierno libertario.

El ajuste golpea a la administración pública nacional, al punto que hay sectores muy sensibles como el aerocomercial quedan prácticamente desmantelados, sin capacidad de generar controles o regulaciones para garantizar un normal funcionamiento.

Esta parece ser la realidad del Estado nacional en este momento: Oficinas sin capacidad operativa que cumplen funciones mínimas. Esto puede verse en el sector marítimo y pesquero, por ejemplo, donde se limita el derecho a huelga y se abre la posibilidad que buques extranjeros operen sin mayores trabas en el país. además, el retiro del estado en las rutas está aumentando los accidentes y las muertes, según denuncian los gremios viales. Esta semana, el gobierno se “escapó” de la Paritaria Nacional Docente, dejando otro espacio vacío, sin garantizar ni salarios ni recursos para la educación pública.

No es una sorpresa que la motosierra está dejando a buena parte del Estado nacional sin capacidad de acción. Pero lo que empezó en lugares con cierto simbolismo para la gestión libertaria, como el Ministerio de Mujeres y los sitios de la memoria, ahora llegó a algunos lugares sensibles para la población.

El caso de la ANAC que se conoció esta semana es clave para entender que el ajuste insiste con achicar la capacidad de acción, en especial en materia de control. Otro caso conocido en estos días está vinculado en el sector de la marina mercante, donde un nuevo decreto de desregulación flexibiliza la contratación de personal en el sector.

Se trata del Decreto 340/2025 que aprueba el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, con fuertes modificaciones en la normativa laboral y la Ley de Navegación. Entre los puntos más importantes, el nuevo régimen permitirá a los armadores nacionales “suspender temporalmente la bandera argentina en sus buques sin perder la matrícula nacional, posibilitando la inscripción en registros extranjeros cuando sea necesario, otorgando mayor flexibilidad operativa y reduce costos administrativos”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó que “lo más importante es que se permitirá el tratamiento de matrícula nacional a buques extranjeros”. “Esto quiere decir que una barcaza paraguaya, por ejemplo, se podrá matricular en Argentina y operar como una nave local. Deberán ser tripulados por argentinos o extranjeros residentes en los términos del art. 143 de la Ley de Navegación (75 por ciento de la dotación), pero se regirán para ese contrato con las leyes de su país de origen”, señaló.

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— S.O.M.U. (@SOMU_arg) May 22, 2025

Otro ejemplo de cómo el ajuste libertario está dejando sin capacidad de acción al Estado se da en Vialidad Nacional. El gobierno comenzó a licitar el manejo de las rutas en manos de Corredores Viales, y se hizo cardo de las rutas de la empresa CURSA, que en abril venció su contrato.

Pero el organismo tiene un desfinanciamiento gigantesco, como denuncia la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que viene anunciando que por la sub-ejecución del presupuesto, se paralizaron todas las obras de mantenimiento en el país.

El fin de semana, en la Ruta 3 a la altura de Bahía Blanca hubo un accidente fatal entre dos vehículos que dejó como o tres muertos. “Las obras de infraestructura y mantenimiento están totalmente paradas”, le dijo a Política del Sur el secretario de Prensa de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro.

En el caso de la ruta 3, explicó que “el tramo que va desde la localidad de Cañuelas a Las Flores, ahí había una serie de obras iniciadas que fueron todas paradas, en el tramo donde sucedió este último accidente se están haciendo algunas tareas porque hay un préstamo internacional, pero está demorada porque ni siquiera habilitan para pagar las expropiaciones”.

Por eso, en general Cattanzaro insistió en marcar que “las obras están casi todas paradas, salvo alguna excepción, nosotros decimos que Vialidad ‘trabaja a demanda judicial’, porque los mantenimientos que están saliendo a realizar es porque distintos actores de la sociedad civil los reclaman ante la justicia, vía amparos”. 

FEPEVINA elaboró un informe para denunciar el mal estado de las rutas nacionales, que fueron “abandonadas” a partir que la motosierra del presidente Javier Milei se metió en Vialidad Nacional. El documento señala que “el 60 por ciento de las rutas nacionales se encuentran en estado crítico, el 23 por ciento en condiciones malas y el 22,1 por ciento regular, según evaluaciones del Sistema SIG VIAL”.

Pero Cattanzaro aclaró que con el paso del tiempo ese número sigue creciendo, y hoy el deterioro y los problemas por falta de mantenimiento puede estar en torno del 70 por ciento. “Muchas de las rutas que antes estaban en situación regular ya pasaron a la categoría malas”, confirmo el dirigente, que se quejó además de la falta de información del organismo. “Hay tantos problemas de presupuesto que no se pueden ni siquiera hacer los relevamientos para conocer el estado de las rutas”, afirmó Cattanzaro.

🚧 "EL ACCIDENTE PUDO HABER SIDO EN CUALQUIER TRAMO DE LA RUTA 3 DONDE EL GOBIERNO ABANDONÓ TODAS LAS OBRAS"
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El Secretario Gremial de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro, con @NANCYPAZOS en @Radio10
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— FePeViNa Prensa (@fepevinaprensa) May 15, 2025

Además de dejar sin seguridad sectores claves y propiciar problemas como el que se viven en las rutas, el ajuste está limitando el rol de patronal del Estado.

En el marco de la estrategia de techo salarial, en las paritarias nacionales –tanto de estatales como docentes y nodocentes universitarios –no hay negociación, sino que se cierra unilateral el aumento. A esto se le suma una medida muy criticada: dejó de ser parte de la Paritaria Nacional docente.

Esta semana, por medio de la publicación del decreto 341/2025 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei confirmó la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Educación. De esta manera, estableció que el Consejo Federal de Educación junto con entidades gremiales docentes de representación nacional serán las partes intervinientes, que tendrán la responsabilidad de acordar las condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.

Previo a estos cambios, la norma indicaba que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que inducirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente, y d) carrera docente”.

La nueva normativa retiraría la participación activa de la actual Secretaría de Educación en las futuras reuniones, pero en el artículo 1 del decreto se aclaró que “la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano podrá refrendar el convenio, o requerir que se realice una nueva propuesta cuando, por razones presupuestarias, no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”.

En este sentido, las autoridades recordaron que el Consejo Federal de Educación fue creado con la intención de que sea el organismo encargado de “planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos de la política cultural y educativa que requiera el país y que comprometan la acción conjunta de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por lo que consideraron que estaría en condiciones de asumir la representación nacional en el asunto.