Por: Diego Lanese

Portavoz de las “noticias políticas” del gobierno, el jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó en declaraciones públicas la estrategia para mantener las paritarias “pisadas”. Es decir, transparentó el techo salarial que intenta imponer la gestión libertaria, pese a aquellos lejanos dichos del propio presidente Javier Milei sobre la no incumbencia estatal.

“Hay que establecer la relación del salario con los índices de inflación”, afirmó el funcionario, dando a entender que en este tiempo se potenciará la intromisión gubernamental en la discusión. En donde no puede influir en la discusión, el plan es no homologar los convenios, lo que deja en libertad a los empresarios a no cumplirlo.

Esta semana, el caso mercantil fue muy elocuente al respecto, ya que la revisión de la pauta salarial alcanzada por el gremio más grande del país tuvo “un retoque” consensuado entre la entidad sindical y las cámaras empresariales, dando a entender que pagarían las nuevas escalas. Pero las presiones del gobierno hicieron que un sector importante, supermercadistas, dieran marcha atrás.

En otros casos, las empresas mantienen ofertas de mejoras en torno al 1-2 por ciento, como quiere el Ministerio de Economía, aumentando el descontento de sus trabajadores. Todo hace pensar que la conflictividad en breve crecerá, y llama la atención la decisión de la Casa Rosada de dejarla avanzar en un año electoral.

Sin medias tintas, el gobierno salió a anunciar que mantendrá su política de techo salarial, bajo el argumento de evitar el pase de los incrementos a inflación. El problema es que lo hace cuando los precios están más cerca de volver a una dinámica ascendente que a la supuesta “pax del verano”.

Por eso la decisión genera malestar y aumenta la tensión. Luego de firmar un acuerdo con las cámaras empresariales, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) salió a ratificar las subas alcanzadas, ante la tesitura de la secretaría de Trabajo de no homologar la firma, pese al consenso alcanzado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El acuerdo estipula un aumento del 5,4 por ciento para el período abril–junio, el que se abonará en tres tramos, más una suma fija de 35 mil pesos para el primer mes y 40 mil pesos para los siguientes. De esta manera el salario básico más el presentismo de un trabajador mercantil alcanzará la suma de 1.123.000 pesos. Además, se acordó que la suma fija de 40 mil pesos se incorporará al salario básico a partir de julio.

De esta forma, ese 5,4 por ciento en total trepa a 9,6 por ciento si se toman en cuenta rubros no remunerativos, lo que despertó la alarma en el gobierno.

El gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo se niega a homologar el acuerdo paritario entre la FAECyS y las cámaras empresarias mercantiles. pic.twitter.com/TkHRRuuVuL

— SECLA (@secla_ok) May 5, 2025

“Los empresarios están de acuerdo, dicen que pueden pagarlo”, le dijo a Política del Sur una fuente del sector mercantil, que representa a unos 1.200.000 empleados en todo el país. Esto fue ratificado en una reunión posterior al anuncio de la no homologación del convenio.

Allí, la dirigencia encabezada por el dirigente Armando Cavalieri explicó mediante un paper que hizo circular entre empresarios y medios que pese a esta medida del gobierno, en los salarios de este mes se debía pagar el incremento. El argumento de la FAECyS es el siguiente: “Cabe señalar que el acta del acuerdo establece que la nueva pauta salarial es válida aunque el gobierno demore su homologación, debiendo figurar en los recibos de sueldo bajo el ítem ‘Pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025’”.

Por eso, ayer jueves la entidad gremial publicó las nuevas escalas salariales que tendrán los trabajadores nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, tras el impacto de los aumentos aprobados con las cámaras empresarias del sector. Es que horas antes, los supermercadistas, que representan a unos 100 mil mercantiles, anunciaron que no pagarán el aumento al no estar oficializado.

La decisión de los empresarios se tomó luego de que el ministro de economía, Luis Caputo, negociara la contención de los precios tras la modificación del esquema cambiario, según las versiones. La medida, tomada por los miembros de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y avalada por otras entidades del sector mercantil, se anunció luego que el propio “Toto” les habría reafirmado que el acuerdo paritario “no será homologado”, lo que fue interpretado como un aval para no aplicar la mejora salarial.

No es la primera vez que el presidente Milei y su ministro Caputo intentan este mecanismo de “cuasi extorsión” para frenar aumentos salariales, ya que a principio del 2024, cuando comenzó el proceso inflacionario presionaron a los gremios para que bajen sus pretensiones, amenazando con no homologar los convenios.

Lo curioso es que en campaña el mandatario habló que las paritarias son una relación de privados que “el Estado no tiene nada que decir”. La norma que regula la actualización de convenios colectivos y paritarias es la Ley 25.877 de Reordenamiento Laboral, sancionada en 2004 en reemplazo del articulado sobre la materia de las leyes 14.250 y 23.546.

Con la modificación, se determinó que los convenios colectivos de actividad entrarán en vigencia el día de su homologación, a diferencia de la normativa anterior que establecía la vigencia del acuerdo al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial.

En cambio, los convenios de empresa -que no requieren homologación salvo que las partes lo soliciten- entran en vigencia el día de su registro ante la autoridad de aplicación. La autoridad laboral –hoy secretaría –tiene 30 días una vez presentado el acuerdo o convenio con las firmas de todos los suscribientes para realizar observaciones sobre el mismo.

Si no hace observaciones en el plazo establecido, el acuerdo se considerará tácitamente homologado. Es decir, se considerará homologado por falta de observación en el tiempo que la ley fija, y a partir de ese momento entra en vigencia.

Conflictividad en las paritarias, salarios e informalidad

Compartimos entrevista de @fpastra en @Cadena3Com https://t.co/9PhPldFqnp

— C-P Consultora (@cp_consultora) May 6, 2025

Las consecuencias de esta política quedan a la vista, no sólo en el caso mercantil. Los gremios de la alimentación, por ejemplo, mantienen abiertas las negociaciones con el sector empresario en el marco de una nueva revisión salarial. Las conversaciones no registraron avances en los últimos encuentros ante la negativa de los empresarios de avanzar en acuerdos que rompan la pauta oficial del gobierno.

Así lo denunciaron los sindicatos adheridos en la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA). Los representantes gremiales afirmaron que ante los planteos de recomposición, la cámara empresaria FIPAA “escudándose en las pautas oficiales, no ha demostrado voluntad en reconocer estos justos reclamos de sostener las necesidades alimentarias básicas de los trabajadores y el desarrollo de su familia”. Incluso en algunos casos se bajaron acuerdos ya firmados. Se trata de los gastronómicos de Luis Barrionuevo, que revisaron a la baja un preacuerdo con las cámaras empresarias y aceptaron una suba que oscila el 1 por ciento mensual.  

Por ahora, la estrategia funciona: Según la consultora CP, el 80 de los acuerdos firmados a abril de este año registran pérdidas respecto a la inflación. Esto puede ser la fuente de conflictos en un año electoral, algo que en el manual de la política tradicional es casi una herejía. Pero la actual gestión libertaria suele romper –para mal o para bien –este tipo de postulados.