Por: Diego Lanese

Aunque pase por debajo del radar mediático, la tensión entre los gremios y el gobierno nacional sigue aumentando. Luego del anuncio del tercer paro general de la CGT, al que se sumaron todos los sectores internos del movimiento obrero, los puentes con el oficialismo parecen rotos. Incluso en la Casa Rosada dejaron que la protesta de hace dos semanas fuera manejada –y atacada –por el ala dura de la gestión libertaria, en especial la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el vocero presidencial Manuel Adorni, en su caso más por su rol de candidato.

Lo cierto es que en la víspera de la jornada volvieron los ataques a la dirigencia gremial, con carteles que las vinculaban con la “casta” y un “ataque a la república”. Pero la pirotecnia verbal no fue lo último del ataque, sino más bien el comienzo. Esta semana se conoció que la cartera de seguridad denunció ante la justicia penal a al menos seis organizaciones sindicales, por delitos graves como “amenazas y extorsión”.

La razón: la supuesta utilización de mecanismos de “aprietes” para llevar participantes tanto a la jornada de movilización junto a los jubilados como para sumarse al paro general. Sin mayores pruebas, se incluyó a varios “pesos pesados” del movimiento obrero, lo que agrega tensión a una relación que hoy parece rota. A esto se le suma nuevos proyectos para reformar las leyes laborales, otro de los costados por donde se ataca a los gremios.

La nueva ofensiva del gobierno contra los gremios está en manos de Bullrich, y sorprendió porque durante la jornada del paro general no hubo mayores señales de que se iba a avanzar con esta clara judicialización de la actividad sindical.

Además, ni la línea telefónica para realizar denuncias por supuestos aprietes tuvo un número demasiado alto: según pudo saber Política del Sur, de los 823 llamados recibidos a la línea 134, 92 fueron sobre la medida de fuerza, apenas 79 resultaron para denunciar supuestas amenazas o extorsiones y de ellas solo unas 13 recibieron asesoramiento por parte de las autoridades federales.

Pese a esto, la cartera de seguridad presentó ante los tribunales federales distintas denuncias contra el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión Ferroviaria. La medida fue promovida entre el 11 y 15 de este mes, a pocos días de la huelga en todo el país.

Las denuncias penales se radicaron en los tribunales de Comodoro Py y, entre los principales motivos, se encuentra “atentado, extorsión y coacción”.

🔵💻 EL DESTAPE 💻🔵
✅Tras el paro, Bullrich impulsa una avanzada judicial contra los sindicatos
🤬Fernando Soto, mano derecha de Bullrich, presentó seis denuncias penales en Comodoro Py por “atentado”, “extorsión” y “coacción” contra distintos gremioshttps://t.co/VqjjR27in8

— Adriano de Córdoba (@cba_adri) April 19, 2025

Bullrich ya había anticipado dicha estrategia, al declarar que su ministerio había recibido “más de mil llamados” a la línea telefónica con denuncias por “aprietes” de los gremios: “Se saturó, tuvo más de mil llamados, el porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas, así tuvimos un porcentaje grande”, afirmó en declaraciones radiales.

Según la información que circuló el fin de semana, Fernando Soto fue el encargado de realizar todas las presentaciones contra los sindicatos. Se trata del Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera que conduce Bullrich.

El 11 de abril, al día siguiente del paro nacional, realizó las primeras dos: una fue por "coacción y extorsión" y quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, la otra fue contra SMATA por "amenazas y extorsión" y salió sorteado para tramitarla el juzgado federal Nº 12 que subroga el juez Ariel Lijo, el candidato fallido del gobierno para la Corte Suprema.

 Luego denunció por "amenazas” y “extorsión" a la UOM, la UOCRA, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión Ferroviaria. Estos casos quedaron radicados en los juzgados Nº 12 (que subroga Lijo), el Nº 4 (en el que Lijo es el juez titular) y los restantes dos en el Nº 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.

A esto se le suman nuevos proyectos para intentar reformas las leyes laborales, que apuntan a desfinanciar los recursos de los gremios. La semana pasada, por ejemplo, Gerardo Millman presentó una iniciativa para que no sea obligatorio ser afiliado de un gremio para vitar en sus elecciones.

La idea, marcó el legislador, es “democratizar la vida interna” de este sector, pero en realidad quiere condicionar su funcionamiento. Ahora, otro macrista quiere golpear la forma en que se financian. En este caso, el diputado nacional por el PRO, Damián Arabia, quiere eliminar el denominado Coviar (Corporación Vitívinicola Argentina), una entidad que se financia con aportes obligatorios de todos los establecimientos vitivinícolas, estén o no asociados.

Esto se suma a la eliminación de los aportes obligatorios de las empresas, paso previo a lo que puede pasar con los sindicatos. “Tenemos que terminar con los aportes compulsivos a cámaras, gremios o asociaciones. La asociación es un derecho, no una obligación. Tenemos que trabajar por una agenda de modernización, simplificación y desregulación. La Argentina necesita ganar competitividad bajando costos y permitiendo la libre asociación entre privados”, sostuvo el legislador.

Hoy presenté un proyecto para derogar la COVIAR (Corporación Vitívinicola Argentina), una entidad que se financia con aportes obligatorios de todos los establecimientos vitivinícolas, estén o no asociados.

Tenemos que terminar con los aportes compulsivos a cámaras, gremios o… pic.twitter.com/R2q74buSiX

— DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) April 21, 2025

El texto presentado tiene sólo 1 artículo y apunta a la derogación de la ley 25.849 que crea la Corporación Vitivinícola. Lleva la firma de varios legisladores como la de Bertie Benegas Lynch, uno de los máximos referentes en el Congreso de las ideas libertarias que propone el presidente Javier Milei.

Los fundamentos que Arabia, que es el del PRO, pero no responde a Mauricio Macri sino a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, son similares a la de todos los organismos que les pasó la motosierra.  La Coviar es un organismo público-privado con jurisdicción nacional, encargada de administrar los recursos que, mediante la contribución establecida en la Ley 25.849.

Está compuesta se suma a lo que establece el decreto 149/2025 publicado en marzo pasado, que dispone que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

En este marco, estableció que la Secretaría de Trabajo “no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan cláusulas destinadas a establecer contribuciones, aportes o cualquier tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a quienes no se encuentren afiliados o asociados a estas”.