Por: Diego Lanese

Desde que asumió la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuando reemplazó en 2006 al histórico Juan Manuel “Bocha” Palacios, Roberto Fernández tuvo alineamientos zigzagueantes, y fue un poco impredecible. Al principio, mantuvo al gremio de colectiveros dentro del MTA, el movimiento combativo fundado por Hugo Moyano y varios dirigentes disconformes con el apoyo de la CGT al gobierno de Carlos Menem, pero siempre con su perfil dialoguista.

Con la central obrera unificada, se mantuvo en la fracción Alsina que comandó Antonio Caló y respaldó la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Hace poco, reactivo la UGATT disconforme con la dirección de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), pero también se sumó a la Mesa Nacional del Transporte, espacio efímero que intentó confrontar con el gobierno de Javier Milei.

Ahora, casi en solitario, se bajó del tercer paro general de los gremios, y quedó junto a su gremio en la picota. La excusa que usó “el gallego”, como se lo conoce en la intimidad, es la conciliación obligatoria marco de un conflicto por las paritarias que busca discutir de fondo el modelo del transporte público.

Esto generó amenazas de sanciones, malestar generalizado y un efecto secundario no menor: La posibilidad que se reactive una interna que pone en cuestionamiento el liderazgo del titular de la UTA.

La primera discusión que generó la decisión de la UTA de no sumarse al paro general es la posibilidad de sanciones por parte de la secretaria de Trabajo por violar la conciliación obligatoria vigente desde el 28 de marzo, en el marco del conflicto sectorial con las cámaras empresariales. Esta idea se comenzó a nombrar en los últimos días, y esta semana se confirmó. La situación generó malestar en la CGT.

“Una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT”, dijo en declaraciones periodísticas Héctor Daer, cotitular de la central obrera, que agregó que desde la central esperan que “entienda que son parte de la CGT y que el paro se votó por unanimidad”.

Pero en la UTA no quieren arriesgarse a sanciones, y esta semana ratificaron la no adhesión.  Por eso, en Azopardo hay bronca con la entidad, y según las fuentes consultadas por Política del Sur, no se descartan sanciones. El argumento legal es el artículo 115 del estatuto, que determina la “conducta perjudicial” contra la CGT para dirigentes y gremios. Entra las ocho cuestiones, se incluye no acatar medidas de acuerdo al estatuto”.

El gobierno dictó la conciliación obligatoria para la medida de fuerza dispuesta para mañana.

Seguiremos luchando por nuestros derechos, a través de las vías que corresponden.

— utaargentina (@utaargentina) March 27, 2025

Otra situación que genera la decisión de la UTA está vinculada a la vieja interna del gremio, que tuvo como punto de máxima tensión la toma de la sede del barrio de Constitución por parte de choferes alineados con la Agrupación Juan Manuel Palacios, espacio que enfrentó a Roberto Fernández en los últimos comicios, y que lidera Juan Manuel Bustinduy.

El espacio está discutiendo la actitud a tomar, ya que sin el paragua del gremio, se expone a sanciones. El espacio tiene mucho peso en las líneas urbanas del Grupo DOTA, por lo que si se suma a la protesta puede tener un gran impacto. Bustinduy, ex integrante de la conducción de la UTA, rompió con el líder sindical y armó esta agrupación opositora y compitió con Fernández, pero perdió de forma contundente.

Además, tiene problemas legales por la toma de la sede gremial en diciembre del 2019, lo que hizo que najara el perfil en este tiempo. Por eso hasta ahora no se conoce su postura. La candidatura opositora fue fomentada en su momento por Hugo y Pablo Moyano, y generó la ruptura en la relación con el titular de UTA.

Las partes volvieron a participar de un espacio común con la creación de la Mesa Nacional del Transporte. Además, las agrupaciones clasistas también podrían sumarse al paro, en especial la comisión interna de la Línea 60, con una larga lista de conflictos protagonizados.

 

En el plano legal, la cuestión se comenzó a discutir porque la secretaría de Trabajo nacional dictó la conciliación obligatoria entre la UTA y las cámaras del sector empresarial, que evitó el paro en las líneas del AMBA programado para el viernes 28 de marzo.

Desde el Ministerio de Capital Humano, cartera conducida por Sandra Pettovello, indicaron que la conciliación obligatoria se implementó “tras la solicitud presentada por tres de las cuatro cámaras empresarias del sector”. Se trata de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), que pidieron suspender por 15 días las medidas de fuerza.

Así, le dieron el paraguas para que los colectiveros no paren esta semana. El conflicto nace por el pedido de “actualización salarial”, que las empresas dicen no poder absorber por la crisis del sector, que se profundizó por la decisión del gobierno de bajar los subsidios al transporte.

En su último reporte, con datos de febrero de este año, AAETA marcó que “la tarifa real de colectivos del AMBA cerca de los 1.600 pesos por pasajero, mientras que la tarifa técnica reconocida es de 1.237 pesos”. “Este desfasaje varía según las diferentes”, agregó la entidad, marcando una de las peleas del sector, de la cual es parte la UTA.

🚍Indice Bondi febrero 2025📷La tarifa real de colectivos del AMBA cerca de los $1600 por pasajero, mientras que la tarifa técnica reconocida es de $1237. Este desfasaje varía según las diferentes jurisdicciones. #AAETAComunica pic.twitter.com/ktSXTbxjvI

— aaeta (@aaeta_arg) March 25, 2025

En tanto, esta semana la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, ratificó su adhesión al paro general convocado por la CGT.

Asimismo, confirmó que participará de la movilización en apoyo a los jubilados convocada por la ventral el próximo miércoles. “Van a estar afectados todos los medios de transporte el jueves”, afirmó Schmid durante la conferencia de prensa que brindó en la sede de la CATT, donde también estuvieron presentes Raúl Durdos (Marítimos), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Pérez (Camioneros) y Edgardo Llano (Personal Aeronáutico).

El secretario de Prensa de la confederación y titular de Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, sostuvo: “El gobierno tendrá que abrir los canales de diálogo o asumir que realmente en un sistema democrático, la protesta y la diversidad de opiniones es tan válida como los resultados que obtuvo en las elecciones”.

Schmid, quien además encabeza la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), explicó los motivos particulares del sector frente a las políticas oficiales: “Es importante que sepan que, además de los reclamos generales que tiene la CGT, nuestra área está golpeada por la desregulación de distintos sectores promovida por el gobierno de Javier Milei”, y agregó: “Además nos enfrentamos a la limitación que intentan imponer a partir de sus paupérrimos protocolos de seguridad y el freno al derecho de huelga”.