Los concejales opositores que integran el bloque Compromiso por General Rodríguez de ese distrito bonaerense votaron en la última sesión de la semana pasada una ordenanza que rescinde el convenio que une a los trabajadores municipales locales al IOMA. La medida, que parece una uva versión de lo ocurrido a lo largo de 2023, ya fue vetada por el intendente Mauro García, pero hay alarma entre los gremios municipales por la posibilidad que el PRO intente retomar este tema en la campaña electoral. "Es lo mismo que quisieron hacer en 2023 y en 2024", explica a Buenos Aires/12 el presidente del concejo deliberante, Manuel Agnistein. "En una no les dieron los números y en otra yo desempaté. Esta vez tuve que ausentarme por un motivo personal y aprovecharon la ocasión", completa.

 

La ordenanza lleva el número 5.369 y consta de apenas cuatro artículos. En el primero, deroga la ordenanza 31/68, por la cual el municipio adhirió al convenio hace ya 57 años y en los siguientes faculta al ejecutivo para adherir a la Ley Nacional 23.660 de obras sociales, donde impera un régimen de libre traspaso. La medida, que no cuenta con ningún consentimiento de los gremios involucrados, fue defendida con el argumento del "derecho a la libre elección", algo que en la salud no existe.

 

"Nunca nos llamaron, nunca nos consultaron, no tienen idea de cuánto gana un trabajador para, en base a eso, evaluar si puede o no costearse otra obra social", explica el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, Víctor "Tito" Almaraz. "Un ingresante gana 500 mil pesos y aporta 28 mil, ¿qué cobertura hay por ese monto? Cuando fuimos a pedir explicaciones nos dijeron que nos quedemos tranquilos porque Mauro la iba a vetar, ¿hace falta sacar rédito político a costa de los trabajadores y sus familias?", se pregunta.

GENERAL RODRIGUEZ: LA LIBERTAD GANÓ, FUERA IOMAhttps://t.co/fmB3qd21p5 pic.twitter.com/KFwkMQ4s0Q

— Radio Mágica Pehuajó (@DigitalMagica) March 30, 2025

Almaraz agrega otra motivación: "Los concejales de Cambiemos se pagan su prepaga u obra social, también lo hicieron para ver si se podían ahorrar el descuento de IOMA de sus dietas, ya que no lo usan". Como demuestra el antecedente reciente y fallido de Manuel Passaglia en San Nicolás, la adhesión a IOMA se hizo por ley provincial, se requiere de otra norma de igual rango jurídico para deshacerla. Claramente, no basta con una ordenanza municipal. Sin embargo, las motivaciones reales vienen por otro lado.

 

Ese bloque, Compromiso por General Rodríguez, es el más importante con ocho concejales sobre veinte. Lo conduce el ex intendente Darío Kubar, que llegó al poder con Cambiemos en 2015 y fue derrotado en 2019, cuando iba por la reelección, por el actual jefe comunal, Mauro García. El bloque de Kubar debe renovar seis bancas y el estado de confusión generalizado en el PRO bonaerense no los ayuda a mantener la calma. Por esa razón, a sabiendas de que la medida no tenía futuro, decidieron impulsarla para pasar un mensaje a las autoridades provinciales y nacionales de La Libertad Avanza, a las que esperan con el pase en la mano.

 

Los Kubar, tanto el ex intendente Darío como su hermano menor Matías, responden al diputado nacional Diego Santilli. Junto con su par, Cristian Ritondo, Santilli es uno de los principales impulsores de la alianza entre amarillos y violetas que nunca termina de consumarse. No sería el primer cambio de escudería de Kubar, un ingeniero civil de 46 años de edad. Se inició en el peronismo kirchnerista y, tras una escala en el Frente Renovador, en 2015 fue candidato por la alianza Cambiemos. La ola de Macri y Vidal lo depositó entonces en el sillón principal del palacio municipal.

 

En la madrugada del 4 de marzo de 2023, la mayoría automática del oficialismo local votó la desadhesión del convenio que unía a los trabajadores municipales de San Nicolás con IOMA. Los concejales de UxP denunciaron en ese momento que la medida no había sido tratada en comisiones y que habían recibido el orden del día apenas minutos antes de la sesión. Ya entonces, se daba cuenta de los análisis que advertían que la ordenanza era nula porque el convenio en cuestión tiene rango de ley provincial, de manera que sólo podía anularse con otro instrumento de igual jerarquía, es decir, otra ley provincial. De hecho, existe un fallo del tribunal de cuentas provincial, que data de 2005, sobre una cuestión similar planteada en Pinamar.

AUTARQUIA DE IOMA... SUMATE!!!
El sábado Pergamino se sumó y dijo presente firmando el petitorio.
Todos sus afiliados se sienten rehenes de una obra social que no da respuestas ... pic.twitter.com/xX0GzKybwh

— María Belén Malaisi (@MBELENMALAISI) March 31, 2025

La medida del entonces intendente, Manuel Passaglia, fue saludada en medios y redes sociales por distintas figuras del PRO, incluyendo al expresidente Mauricio Macri y a la entonces candidata presidencial, Patricia Bullrich. Fue, además, el inicio de una bola de nieve: varios intendentes de esa misma fuerza anunciaron que lo imitarían. La respuesta de IOMA fue una nota formal pidiendo la ratificación por escrito de esas declaraciones, paso que ninguno de los díscolos se atrevió a dar.

 

Desde el inicio del conflicto, Passaglia se topó con la oposición del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que conduce Rodolfo Cecchi, y está afiliado a la FESIMUBO de Rubén “Cholo” García. Cecchi movilizó al Concejo Deliberante y explicó el riesgo que la medida significaba, especialmente para las casi 300 familias que tenían pacientes con dolencias crónicas, entre cardíacos, diabéticos, con movilidad reducida o seropositivos. En junio se oficializaron las candidaturas. Passaglia, que ansiaba ser ungido como compañero de fórmula del precandidato a gobernador de Bullrich, Néstor Grindetti, y trabajaba para ocupar ese lugar, a pesar de la histórica amistad de su familia con los Santilli, sufrió un revés cuando anunciaron en ese lugar a Miguel Fernández, el intendente radical de Trenque Lauquen. Tampoco fue por la reelección: el candidato a intendente del clan fue su hermano Santiago.

 

IOMA judicializó y el tema fue escalando hasta llegar a la Suprema Corte. A fines de julio, el municipio anunció que, como resultado de una licitación cuyos pliegos nadie vio, habían resuelto contratar con la prepaga Avalian, nombre comercial de la exOspaca, que no contaba con infraestructura a nivel local. Sin embargo, como la ley nacional les otorga a las empresas el derecho de admisión o de cobrar aranceles diferenciales a los pacientes crónicos, estos se vieron obligados a recontratar IOMA en calidad de socios individuales, abonando de su bolsillo una cuota mucho más onerosa.

 

La “solución” que encontró el municipio fue copiada de Capitán Sarmiento, donde el intendente Javier Iguacel había resuelto algo similar en 2021 y se había visto obligado a pagar con fondos públicos los diferenciales de cuota, para evitar una catarata de juicios en su contra. Mientras esto ocurría, con el objetivo de reducir ese costo, el área de Recursos Humanos empezó a ofrecer a esos trabajadores planes de retiros voluntarios, de hasta dos veces lo que les correspondía por ley, y a presionarlos para aceptar. A pesar de la agresiva estrategia, que consistía en ir a verlos a sus casas sin aviso previo, con el convenio impreso, lograron muy pocas firmas.