Un grupo de organizaciones gremiales que revisten en diferentes centrales obreras se pronunció con respecto a un escenario donde apuntaron a despidos, suspensiones, reducción de salarios como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno desde el inicio de su gestión. Bajo el título "Ajuste, entrega y estafas. ¿Hasta cuándo?", el repaso temático incluye la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que apuntan para los sueldos, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Para revertir esto, proponen una campaña contra el techo en las paritarias y para aumentar el salario mínimo. Además, quieren derogar el DNU 70 y las facultades extraordinarias.
En el texto difundido esta semana eclamaron de esa forma “paritarias libres sin el techo definido por la Casa Rosada” que "niega la homologación de los acuerdos que no le satisfacen para imponer una realidad ficticia de inflación". En el escrito consignaron también que el Salario Mínimo, Vital y Móvil "se aleja del sueldo promedio de Argentina" con un valor fijado por decreto que establece un haber mínimo seis veces menor que el piso salarial que debería fijarse en virtud de las normativas legales.
"Los trabajadores/as somos víctimas de un ajuste sin fecha de vencimiento, el pueblo argentino ve con tristeza cómo se enajena el patrimonio nacional y la sociedad asiste a una función continuada de negocios espurios que salpican a gobernantes y mercenarios digitales", señala el texto que firmaron la Federación de Aceiteros, la Asociación Bancaria, el Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), ATE, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), y la Asociación Judicial Bonaerense entre otros.
Otro párrafo señala el impacto de la gestión libertaria en los diferentes rubros de la industria, para graficarlo apuntan que ya hubo 150 mil despidos en la actividad privada y el cierre de 17 mil pymes durante 2024. En cuanto a "freno de desarrollo y ausencia de políticas públicas" apuntan a los "recortes impunes contra la educación, la salud, la ciencia y la tecnología que deterioran nuestra calidad de vida e impiden un desarrollo autónomo", con expresa mención al escenario que enfrentan los jubilados.
Se detalla además el decreto 116/2025 que dispone convertir al Banco Nación (BNA) en una sociedad anónima, "paso previo a la privatización que ya fue rechazada por el Congreso y la justicia. El carácter ilegítimo de la medida implicó que el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº2 dispusiera la inmediata suspensión del decreto aludido".
En relación al BNA las organizaciones sindicales recuerdan que su valuación oscila en 30 mil millones de dólares, y que en su actividad del año pasado el banco entregó préstamos para empresas y particulares por 15 mil millones de dólares, su cartera hipotecaria llegó a 3 mil "y consolidó su presencia territorial con 720 sucursales para atender a diez millones de clientes y 20 millones de usuarios con 17 mil trabajadores/as que lo sostienen con orgullo". El comunicado también abarcó la transformación de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) en una sociedad anónima, en cual "el Estado se hará cargo de las deudas", según el decreto 115/25.
Los sindicatos insisten en la postura de que los detallados y otros perjuicios tienen razón de ser en una normativa que la gestión libertaria consideró imprescindible. "Son desmanes ejecutados con un paraguas: supuestos ‘permisos’ de la ley Bases y una paciencia infinita del pueblo argentino para soportar sacrificios enormes mientras los mismos de siempre acumulan pingües ganancias. Por esto, sostenemos que es necesario acordar un accionar común que permita salir de este encierro interno y este aislamiento internacional que produjo el criptogate, cuyas consecuencias jurídicas y económicas pintan malolientes", propiciando además la derogación del decreto 70/23 entre otras medidas que consideran vitales.
Más Noticias