Durante el año pasado, las pymes operaron con una capacidad industrial promedio del 53,8%, y los pronósticos para el futuro no son alentadores. En este sentido, Javier Martín, titular de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), menciona: "Estamos observando que se están generando despidos, lo cual nos preocupa porque ocurre en un contexto donde no hay muchas posibilidades de reinserción laboral".

Por su parte, Juan José Sisca, secretario de Apyme, considera que el sector no está contenido dentro del modelo económico del gobierno. En la misma línea, Pablo Cerra, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), advirtió sobre las consecuencias de la apertura de importaciones y señaló que "puede generar un estrago".

El informe de Enac señala explícitamente que 2023 fue un año difícil para las pymes, reflejado en su funcionamiento a media máquina con solo el 53,8% de capacidad instalada. La llegada de una nueva administración que aplicó un plan antiproductivo, sumado a la devaluación de la moneda y la implementación de un sistema de especulación financiera, ha generado un desincentivo para el aparato industrial.

Este escenario ha llevado a que, a lo largo de 2024, una de cada tres industrias haya despedido empleados, totalizando aproximadamente 40.000 trabajadores, quienes en general son los mejores remunerados, registrados, privados y altamente calificados del mercado.

Además, el aumento promedio de los costos en la industria durante el último trimestre de 2024 fue del 22,59%, casi el triple de la inflación medida por el Indec. En paralelo, el incremento promedio de los precios industriales fue del 18,28%, el doble de lo registrado por el organismo estadístico. Frente a este panorama, las expectativas para el año en curso no son prometedoras: el 49,4% de los empresarios industriales considera que la situación del sector empeorará, el 69,23% no planea incorporar trabajadores en el próximo trimestre y el 72,1% de las industrias estima que la caída del mercado interno será su principal limitante.

La situación de las pymes es compleja, ya que la mayoría de ellas dependen del mercado interno, donde no se vislumbra una recuperación inmediata. En consecuencia, los despidos continúan en un contexto con escasas posibilidades de reinserción laboral.

El proceso de apertura de importaciones afecta particularmente a la maquinaria agrícola, un sector donde Santa Fe es un polo de desarrollo competitivo a nivel mundial. Actualmente, estas industrias están preocupadas por la importación de productos, principalmente desde Brasil y Chile, que generan una oferta a costos inalcanzables para la producción local. A pesar de estos desafíos, hasta el momento las suspensiones y despidos en las pymes santafesinas se han producido sin grandes conflictos.

Uno de los mayores inconvenientes sigue siendo la marcada caída del poder adquisitivo, junto con un cambio significativo en los precios relativos y el encarecimiento de costos logísticos y servicios como agua y electricidad. La reducción del poder de compra afecta directamente el consumo y, en consecuencia, la actividad industrial.

En Córdoba, el grupo empresarial C20, vinculado a las pymes de la provincia, rechazó los aumentos del impuesto inmobiliario urbano y rural por encima de los índices inflacionarios. "Ante los aumentos desmesurados e incomprensibles que se han anunciado, nos preguntamos: ¿cumplen los políticos cordobeses con la función para la que los hemos elegido? Pareciera que no, ya que someten a toda la ciudadanía cordobesa a un permanente decatlón de obstáculos inflacionarios, sin considerar el cambio de tendencia que impulsa el Gobierno nacional y que el pueblo acompaña", expresaron desde el sector.

Los empresarios consideran "confiscatorios" los valores de estos aumentos, que en algunos casos superan el 172% interanual medido por el Indec. Sostienen que la presión tributaria genera un "ahogo económico" para las empresas. En este contexto, solicitan a los gobiernos de Martín Llaryora en la provincia y Daniel Passerini en la capital que se pongan a la altura de las necesidades de la gente y sus empresas.

La postura de reclamo sectorial cuenta con el respaldo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, junto con diversas cámaras industriales y comerciales de Córdoba, como las de Industriales Metalúrgicos y de Componentes, Corredores Inmobiliarios, Repuestos Automotor, Fabricantes de Pastas Frescas, Ferreterías, Sanitarios, Hierros y Afines, Franquicias, Comercio Electrónico, Madera, Mueble y Equipamiento, Supermercados y Autoservicios, entre otras. También se suman el Centro de Industriales Panaderos y Afines de Córdoba, la Federación Cordobesa del Transporte Automotor, la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba y el Foro Productivo de la Zona Norte.

Queda claro que la supervivencia de muchas pymes, micropymes y comercios se torna cada día más complicada, evidenciando la falta de valoración y respeto por parte de la actual administración. En este sentido, la única propuesta presentada hasta el momento como un posible alivio para el sector fue el "MINIRIGI", el cual sigue en el limbo, a la espera de una decisión que permita su implementación.