Por: Diego Lanese

Con dos medidas en menos de una semana, el gobierno nacional generó un verdadero terremoto en la seguridad social, y dejó el sistema de financiamiento de las obras sociales en jaque.

Primero, decidió que las prepagas puedan recibir de manera directa los fondos de los trabajadores que antes triangulaban esos recursos a través de alguna obra social sindical, una decisión compulsiva que afecta a millones de empleados en relación de dependencia.

Además, desde esta semana se creó un comité que estará autorizado a liquidar cualquier entidad de salud que tenga problemas financieros. Ambas decisiones son cuestionadas por los gremios, que entienden que este tipo de desregulaciones beneficia a las empresas de medicina prepaga, que ahora están en igualdad de condiciones para afiliar empleados.

Según un reporte, estos cambios pueden profundizar los problemas de financiamiento, y dejar a muchos trabajadores sin cobertura sanitaria. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en las obras sociales nacionales “hay aproximadamente 13 millones de afiliados”, de los cuales “unos 4.200.000 derivan su aporte a una prepaga, mientras que los restantes 8.800.000 de afiliados no derivan aportes”. “Estos datos muestran que las personas involucradas en la derivación de aportes representan un tercio del total de afiliados a las obras sociales nacionales”, recalcó el informe.

La resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud dispuso que los afiliados que derivan aportes tienen que enviarlos directamente a la prepaga, de manera compulsiva, o bien, quedarse en la obra social derivadora y recibir de ella los servicios médicos.

A comienzos de año se había habilitado esta posibilidad, pero no hubo mayores cambios, por lo que ahora se hizo de manera compulsiva. Para el IDESA, “la coerción del gobierno implica un cambio muy masivo con el riesgo de generar serias disrupciones en el funcionamiento de la medicina privada”.

En este sentido, alertaron, “es muy sugerente que tanto el Ministro de Salud como el Superintendente de Servicios de Salud, ente regulador de las obras sociales y prepagas, se excusaron de firmar la norma y se tuvo que apelar a los asesores del Ministerio de Salud.

Una improvisación que seguramente será cuestionada en su legalidad”. Uno de los principales problemas del sistema de obras sociales identificado por este análisis es que “se obliga a brindar el mismo paquete prestacional (el llamado Programa Médico Obligatorio o PMO) a personas con muy diferentes niveles de aportes”.

Esto lleva a que “haya familias sub-financiadas, es decir, que con sus aportes resulta imposible financiarles el PMO”. En este marco de inconsistencia financiera “las obras sociales derivadoras cumplen un rol fundamental”, ya que “permiten a las familias con ingresos suficientes acceder a una prepaga, mientras que las familias sub-financiadas quedan en las obras sociales con un acceso parcial al PMO y muchas veces atendidas en los hospitales públicos”.

“Prohibir la derivación de aportes para que todas las familias elijan una prepaga directamente, no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que agravará la crisis de financiamiento que sufre la medicina privada”, recalcaron en el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur.  

👉1 de cada 3 afiliados a obras sociales deriva aportes

Se dispuso terminar con la derivación de aportes a las prepagas. La medida pasa por alto que el problema es la gran cantidad de personas que con sus aportes no cubren el costo del PMO.

Leé el informe completo aquí👇 pic.twitter.com/Ytq9UdYeff

— IDESA - Instituto de investigación (@IDESAar) February 4, 2025

La medida generó un primer rechazo de la CGT, que luego se dividió en distintas opiniones respecto al impacto de la medida. La conducción llamó la semana pasada a un encuentro de mesa chica ampliada, que primero se postergó y luego se realizó sólo con los más cercanos al triunvirato.

Es que la decisión de terminar la triangulación sólo afecta a los llamados “sellos de goma”, obras sociales casi sin prestaciones que aprovechan este manejo de fondos para sostenerse. Las grandes entidades del sector no tendrán un efecto inmediato por la medida.

Según puso saber Política del Sur, hasta ahora no hay “una estrategia común”, y lo más probable es que se realicen presentaciones judiciales “individuales”, es decir, que las entidades afectadas asumen ese camino. Formalmente, la central obrera está decidida a no involucrarse directamente en las presentaciones, aunque las avala.

La idea de no enfrentarse directamente al gobierno busca mejorar los canales de diálogo para buscar resultados más concretos a sus reclamos. A mediados de agosto del año pasado, la CGT había advertido sobre los altos costos de sostener el Programa Médico Obligatorio (PMO) para afiliados que con sus aportes (monotributistas y empleadas domésticas, fundamentalmente) no llegan a cubrir el costo de ese servicio.

En concreto, piden al Ministerio de Salud que reemplace el PMO por una canasta de servicios de emergencia (CSE) y que aumente los aportes de monotributistas y empleadas domésticas. Además, de otras adecuaciones vinculadas con el PAMI y otros beneficiarios.

El tema está en estudio en la cartera que conduce Mario Lugones, que busca hacer equilibrio entre los pedidos de los gremios y las transformaciones que le reclaman desde la cara rosada.

Esta semana, por ejemplo, avanzó con otra decisión polémica: La Superintendencia de Servicios de Salud liquidará las obras sociales con problemas económicos. Según la resolución 102/25, se crea el denominado Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, que permitirá al organismo cerrar entidades que no estén en condiciones de afrontar sus obligaciones.

Esta nueva resolución pisa la resolución 492/2001 en donde el nombre de la comisión en aquel entonces era: Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis. En el actual, a la palabra "crisis" le sumaron "liquidación". En aquel articulado se obligaba a los "Agentes de Salud a cumplimentar la información solicitada dentro de las 48 horas de notificados".

Es decir, que si una agente de salud estaba con problemas económicos y pedía auxilio se lo trataba de ayudar/sanear para evitar su cierre; pero "la idea ahora es cerrar obras sociales", indicaron las versiones periodísticas. Incluso en aquella vieja resolución que este viernes se derogó estaban indicadas las personas que conformaron dicha estructura.

La resolución 102 también incluye obras sociales no sindicales como pueden ser prepagas chicas (incluidas en el inciso i); de esta manera se va consolidando un oligopolio de obras sociales y prepagas grandes que tendrán cautivo a quienes puedan pagar el servicio y estas entidades deseen afiliar.

Hoy se terminó para siempre la intermediación en el sistema de salud de nuestro país.

Más información:👇https://t.co/iy5pXhZYQ4

— 🇦🇷 Superintendencia de Servicios de Salud 🇦🇷 (@SSSALUD) January 31, 2025

Con el escenario planteado, IDESA plantea una serie de propuestas para mejorar el sistema de atención de los trabajadores. “Para mejorar el funcionamiento del sistema de obras sociales hay que aumentar los aportes de las familias sub-financiadas”, recalcaron.

Si todas las familias estuvieran razonablemente financiadas, analizaron, “las prepagas no necesitarían los servicios de la obra social derivadora dado que podrían atender directamente a todas las familias”.

Por eso, aseguraron que se puede corregir este problema, sin costo fiscal, “asignando el 100 por ciento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a reforzar los aportes de las familias de más bajos ingresos”. “Distribuir de manera automática el FSR para aumentar los aportes más bajos es un criterio superador al uso actual que subsidia a las obras sociales con criterios discrecionales y prebendarios.

Focalizar el 100 por ciento del FSR en las familias de menores ingresos es una política mucho más consistente con la solidaridad y la libertad”, agregaron.  En paralelo, “es muy importante ordenar el PMO eliminando prestaciones que no son de atención médica”. Por ejemplo, “los servicios sociales para la discapacidad, las adicciones, los acompañamientos familiares o el financiamiento de la innovación en medicamentos que son de muy alto costo.

Todas estas prestaciones, actualmente incorporadas al PMO, deberían estar a cargo de otras agencias del Estado como ocurre en los países bien organizados”.