El gobierno de Javier Milei está a horas de asestarle un golpe letal a la investigación científica en Argentina, bajo el amparo del plazo de un año que le da Ley Bases (votada por el Congreso a mediados del 2024) para intervenir en organismos del Estado con la excusa de la emergencia económica. La administración libertaria tiene “zona liberada” hasta junio de 2025 para ejecutar modificaciones o fusiones en organismos estatales y eso es lo que va a hacer apuntando al sistema de ciencia y tecnología.

 

El plan del gobierno es traspasar áreas de organismos como el CONICET a las provincias, algo que dejaría en las administraciones regionales a varios de los 330 institutos de investigación que tiene el máximo organismo científico del país. En los años ‘90 el ex presidente, Carlos Menem, lo hizo con la Educación, y ahora Javier Milei busca hacerlo con la ciencia. La medida afectaría directamente a la estructura de la ciencia y la tecnología otra vez bajo el amparo de lograr el déficit público 0 y la reducción del gasto del Estado.

 

Esto, pasando por alto que se está afectando un organismo clave para impulsar el desarrollo con incorporación de alto valor agregado a los procesos productivos. Nada de eso vale para la administración de Javier Milei, ni para su representante en el CONICET, Daniel Salamone.

CONICET es la mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica. Juega un rol clave en solucionar problemas locales y genera desarrollos y empresas de base tecnológica que cambiarán la matriz productiva. Todo está puede perderse para siempre.https://t.co/3303tWTDoD

— VLeviLab (@VLeviLab) February 5, 2025

El decreto buscaría reducir el presupuesto del organismo, limitar la cantidad de nuevos ingresos a la carrera de investigador y modificar su esquema de financiamiento. Claro que esto, golpea directamente al desarrollo de proyectos de investigación en múltiples disciplinas, y afecta tanto a investigadores consolidados como a los científicos jóvenes que se están formando y que piensan seguir su carrera en la Argentina.

 

A pesar que la Ley Bases impide al gobierno realizar reestructuraciones, si pueden derogar el estatuto de la Carrera de Investigador Científico (CIC) y de Personal de Apoyo (CPA) por decreto. Si derogan el estatuto, pueden hacer una modificación de los regímenes de compatibilidades. Con esto se plantea que los investigadores puedan tener otras actividades para que el Estado deje de otorgar remuneraciones completas o exclusivas. Esto desincentivaría la carrera científica en Argentina, obligando a los investigadores a buscar trabajos complementarios para obtener ingresos acordes, lo que afectaría la dedicación a la investigación y la calidad de los proyectos.

 

Ante esto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la organización que conduce Carlos De Feo, denunció un "nuevo ataque del gobierno de Javier Milei al sistema científico y tecnológico nacional", en el marco de un "plan sistemático" de desmantelamiento. La CONADU se pronunció ante “la inminente firma de un decreto” impulsado por el Ministerio de Desregulación de la Nación, a cargo de Federico Sturzenegger, en conjunto con Salamone.

🔵ALERTA POR EL NUEVO ATAQUE DEL GOBIERNO NACIONAL AL SISTEMA CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO NACIONAL

Desde la #CONADU denunciamos el plan sistemático del gobierno de Javier Milei de destrucción del sistema científico tecnológico nacional.

🔗https://t.co/evWyMUcnnB pic.twitter.com/gFrOv1LOmu

— CONADU (@PrensaCONADU) February 5, 2025

El decreto se impulsa con el objetivo de profundizar "el desguace en curso del organismo", lo que afecta a científicos e investigadores que ya enfrentan "el ajuste, la precarización laboral, los despidos y la falta de insumos". Al respecto, CONADU indicó que la medida forma parte de una ofensiva generalizada contra "la educación pública, las universidades nacionales, los organismos de desarrollo científico y tecnológico estatales y a sus trabajadores".

 

En ese sentido, la entidad sindical sostuvo que la administración de Milei busca someter el destino del país a los intereses de grandes corporaciones privadas, cuyo "único interés es el lucro económico en detrimento de la soberanía nacional". Asimismo, la organización gremial señaló que el recorte al CONICET se inscribe en una política de desfinanciamiento iniciada en diciembre de 2023, que incluyó "el brutal recorte de becas a investigadores, el congelamiento de promociones y despidos".

 

Además, CONADU recordó que el gobierno eliminó líneas de investigación en ciencias sociales, medioambiente y cambio climático mediante la "resolución 10/2025 emitida el 9 de enero de 2025". En este marco, la federación advirtió que la estrategia oficial se ampara en un discurso de "batalla cultural" para justificar el ataque a científicos y trabajadores del sector, a quienes el presidente Milei llegó a calificar como "parásitos del Estado".

 

Para la organización sindical, esta postura responde a una visión "retrógrada y oscurantista", alineada con "los regímenes autoritarios en nuestro país y el mundo", que desconoce el papel fundamental del conocimiento en el desarrollo nacional. El gremio recordó que "ningún país se convirtió en potencia destruyendo su sistema científico tecnológico nacional" y alertó sobre las consecuencias de la fuga de talentos y la subordinación a intereses empresariales. En ese sentido, CONADU destacó la masiva movilización del 1 de febrero como una señal del rechazo popular a la destrucción de derechos fundamentales, entre ellos "el acceso a la educación, el conocimiento, la ciencia y la cultura".

 

Finalmente, la entidad sindical llamó a la comunidad universitaria, científica y a toda la sociedad a mantenerse en "estado de alerta y movilización", con "la firme determinación de construir un proyecto de soberanía, dignidad, igualdad y justicia social". "A la ignorancia, el negacionismo y el oscurantismo no volvemos nunca más", concluyó la declaración de la organización gremial de docentes universitarios.