Además de prometer motosierra profunda o “motosierra Deep” para este año que comienza, el gobierno nacional de Javier Milei se despidió de 2024 con una nueva tanta de desvinculaciones en distintos organismos estatales, incluyendo el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria, que funcionaban en la ex ESMA, en el SENASA, Parques Nacionales, INTA e INTI, totalizando más de 2300 cesantías durante el fin de semana y los feriados de fin de año. A lo largo de su primer año de gestión, se contabilizan más de 36 mil bajas en distintos organismos estatales, que en algunos casos directamente fueron cerrados o se encuentran con dificultades de funcionamiento por la falta de personal calificado. Y se teme por el futuro de otros 50 mil puestos de trabajo.

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, fundado en 2008 en el campo clandestino de detención y torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue cerrado el último día del año, lo mismo que el Archivo Nacional de la Memoria (con más de 20 años de historia) que también funciona en el predio. De los 87 trabajadores del Centro, 50 estaban por contrato bajo el ente de cooperación ACARA, entidad de la que se anticipó la intención de no renovar los 2 mil contratos que manejaba. Organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos hicieron saber su repudio por esta decisión y anticiparon denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

📢“Esto ya pasó con la dictadura y lo vivimos durante el macrismo. Volvió a llenarse de policías la Administración y son ellos con listados en las manos quienes comunican las cesantías”, indicó Rodolfo Aguiar y alertó por el intento de cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, el… pic.twitter.com/jok7ZyzdFw

— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) January 2, 2025

En la Administración de Parques Nacionales (APN) también se denunciaron una nueva tanda de cesantías, tanto en lo que hace a brigadistas, técnicos, administrativos y contratados por cupos especiales, todos con alta calificación. En los últimos días fueron despedidos 23 trabajadores que prestaban tareas en distintos parques del país. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se denunció la intención de avanzar con el vaciamiento del organismo y multiplicar la precarización laboral mediante “contratos basura con renovación cada tres meses”.

Los despidos también golpearon al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde no se renovaron 282 contratos, al tiempo que se anticipó el cierre de todas las sedes provinciales que no cuenten con laboratorios, lo que anticipa cientos de despidos más o planes coercitivos de retiros voluntarios. El próximo lunes se realizará una asamblea “urgente”, convocada por ATE INTI. Lo mismo sucede en el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que en los últimos días sufrió la subasta irregular de su edificio histórico del barrio de Palermo, con 140 trabajadores que quedaron en la incertidumbre del despido o relocalización, en el marco del anuncio de un plan para “modernizar” el INTA, con más de 200 despidos y la venta o concesión de edificios y de más de 27 mil hectáreas correspondientes a estaciones experimentales del organismo.

AHORA!!
ATE DENUNCIÓ EL DESGUACE Y MILITARIZACIÓN DE ÁREAS DE DERECHOS HUMANOS!!

ESTO YA PASÓ CON LA DICTADURA Y LO VIVIMOS DURANTE EL MACRISMO!!

En este inicio de año se profundiza el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado. Esto ya pasó con la dictadura y lo… pic.twitter.com/ybQKVqCSLb

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 2, 2025

En tanto, el gobierno finalmente decidió renovar los contratos de unos 40 mil empleados públicos de la administración nacional, aunque solo por tres meses. Se tratan de aquellos que no integran la planta permanente estatal.  Desde que asumió, la gestión de Javier Milei viene renovando estas contrataciones de forma precaria, cada tres meses, para definir qué porción de los trabajadores mantiene su puesto y cuáles son despedidos. Lo hará otra vez ahora con nuevas prórrogas hasta fines de marzo a la espera de que estos empleados realicen un examen de idoneidad para pasar a un régimen de mayor estabilidad.

Se espera que esta sea la última prórroga, ya que se dispuso que todos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un “examen de idoneidad” con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública. De los empleados contratados, a partir de marzo seguirán los que cumplan con dos condiciones: el examen de idoneidad aprobado y que sus jefes consideren que la persona cumple una función necesaria para el área, indicaron fuentes oficiales.