Por: Diego Lanese

“El Estado se va a retirar de AySA”, sostuvo su flamante titular, Alejo Maxit, que confirmó en declaraciones periodísticas que en 2025 la empresa quedará casi totalmente en manos privadas.

En un mensaje a empleados, admitió que la venta será “muy profunda”, para evitar cualquier marcha atrás. Días atrás, se confirmó el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano, una empresa del sector ferroviario que dejará a más de 1.300 empleados en la calle.

Estos son dos ejemplos delo que se viene en materia de privatizaciones, que luego del ajuste fiscal aparecen en el horizonte como las prioridades de un gobierno que parece estar decidido a “destruir desde adentro el estado”, como dijo el propio presidente Javier Milei.

En este camino, no sólo se venderán organismos públicos, sino que además se cerrarán oficinas enteras, como ya hizo el Ministerio de Justicia, y se traspasarán a empresas privadas diversas actividades, como en el sector vial, donde se concesionarán 11 mil kilómetros de ruta, bajo un esquema que los trabajadores de Vialidad Nacional “ya fracasó en los 90”, pero que se volverá a hacer, lo que sería un gran negocio para “la patria contratista”, que según parece no son casta para ser combatida por la gestión libertaria.

Con el plan motosierra en su etapa final, el gobierno parece estar dispuestos a realizar una segunda etapa vinculada al cierre o venta de dependencias estatales, al estilo del “decálogo de Dromi”, el padre de las privatizaciones de los 90.

Para eso, hay varios esquemas preparados en el gobierno. Primero, el cierre de las oficinas, como se hizo con Trenes Argentinos Capital Humano, que en la semana anunció su total liquidación. Su venta, como se intenta en AySA, o su paso a manos privadas, como se intentará en muchas rutas.

En este sentido, en una reciente audiencia en el Congreso la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció una maniobra para favorecer a las empresas del sector, llevando a la dependencia vial a “un estado casi terminal”.

Según pudo saber Política del Sur, la idea del gobierno es pasar a manos privadas 11 mil de los 40 mil kilómetros de rutas nacionales. En el presupuesto para Vialidad Nacional del 2025, el 40 por ciento de los recursos están puestos para los caminos a vender. “Es decir, van a dejar las rutas en buen estado para que las concesionarias solo cobren peajes y ganen millones, mientras el resto de las rutas van a la ruina”, afirmaron las fuentes consultadas.

Por eso, FEPEVINA declaró el “estado de alerta” por el combo explosivo al que es sometido la entidad: parate de la obra pública, falta de recursos para mejoras y avance de las privatizaciones de las principales rutas nacionales.

🛑 𝗙𝗘𝗣𝗘𝗩𝗜𝗡𝗔 𝗥𝗘𝗣𝗨𝗗𝗜𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗜́𝗦𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗩𝗢𝗖𝗘𝗥𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 🛑
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— FePeViNa Prensa (@fepevinaprensa) December 19, 2024

Bajo el título de Análisis del Estado de Situación de la Red Vial Nacional, el gremio presentó un informe que busca denunciar la grave situación del sector, las consecuencias del avance del proceso de concesión, a la vez que presentó un proyecto elaborado por los gremios viales para salir de esta “crisis terminal”.

“No es casual la fecha elegida (10 de diciembre), vialidad fue uno de los sectores más goleados por este año de gestión”, dijo al iniciar el debate Fabián Cattanzaro, secretario gremial y de prensa de la FEPEVINA, quien hizo las veces de moderador.

“Hablar de rutas es hablar de soberanía”, insistió el referente en la jornada, donde denunciaron la posibilidad de volver al esquema de los 90, que dejó a las rutas y la seguridad vial en “estado lamentable”. En este punto, se dijo que hay “un 60 por ciento de rutas en estado regular o males, es decir, es un peligro transitarlas”.

Además de las nuevas concesiones, los gremios advirtieron que la sub-ejecución de los presupuesta de este año llega al 40 por ciento, pese a los problemas que hay en las rutas nacionales.

“Se han priorizado apenas 170 obras, donde en el mes de octubre se certificaron 66”, explicaron las entidades. En tanto, el presupuesto 2025 prevé un aumento de los recursos, pero hay temor que vuelvan a hacer lo mismo que este año con la sub-ejecución. “Qué será de nuestras tareas de conservación de rutina, tendremos los recursos para afrontarlas”, se preguntaron.

En tanto, para intentar frenar el avance en estas dependencias, diversos gremios comenzaron a agruparse, para intentar frenar el plan privatizador y de ajuste sobre el Estado. Un ejemplo es la Mesa Sindical “El salario no es ganancia”, nacido para rechazar el impuesto, y que hoy agrupa a 60 entidades.

Ante estas situaciones, la semana pasada difundieron el documento “No al ataque a los derechos laborales”, donde rechazaron los despidos en el PAMI, y la persecución de las autoridades a los gremios que forman el espacio, UTI y SUTEPA.

En la presentación, el grupo pidió actuar “en defensa propia para ser parte de una lucha integral contra este ataque, que beneficia a especuladores y fugadores con un blanqueo que habilita a legalizar las maniobras más espurias que se produjeron en nuestra tierra”. Esta es la primera actuación fuera del tema Ganancias, y parece prefigurar un nuevo horizonte, más allá de la pelea contra el impuesto.

Apoyo a la lucha de los trabajadores: No al ataque a los derechos laborales 👉 https://t.co/AsCbvrf3ia vía @APJGas_CTA pic.twitter.com/vRu58etZqC

— APJGAS (@APJGas_CTA) December 11, 2024

“La mesa se está enfocando en los intereses de todos los gremios que componen el espacio”, le dijo a Política del Sur una dirigente del espacio, que marcó que “hay muchas organizaciones que son del Estado y se ven afectados por el ajuste que se está haciendo, que se centra en la clase trabajadora”.

Por eso, adelantó que “la mesa va a salir institucionalmente a respaldar a todo gremio que tenga problema con el gobierno o con cualquier patronal”. “Para eso está la mesa, es amplia y ante la situación que está pasando la clase trabajadora se solidariza con cualquier sindicato miembro”, recalcó la misma fuente consultada.

Respecto al documento y el supuesto debut público por fuera de ganancias, este mismo dirigente recordó que “como la mesa la integran UTI y SUTEPA, que son dos de los principales sindicatos del PAMI, se emitió esa declaración en solidaridad de clase”.