"Albricias" (expresión que denota alegría o regocijo por una buena noticia), llegó el tan mentado "MINIRIGI". 16.000 Pymes y micropymes, 2.300 Pymes industriales quedaron atrás, "CAIDAS", como las catalogó la actual administración. Cerradas para el común denominador y con 130.000 empleos perdidos, en este momento uno tiende a creer que para todos ellos "llega tarde". Sin embargo, también están quienes dicen: mejor tarde que nunca.

Estaría bueno que, más allá del color partidario que le toque administrar nuestro país, todos los involucrados se dediquen a desarrollar una "Ley PyME" perdurable en el tiempo, con ideas claras y concretas, para de una vez por todas ofrecer un horizonte claro a corto y largo plazo.

El actual MINIRIGI está pensado especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los sectores de una empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande. No solamente para una inversión que supere los USD 200 millones, sino también para que tenga una capilaridad mayor y pueda acompañar el desarrollo de proveedores de industrias. Esto se materializa en el RIGI, la normativa que planean poner en marcha.

El proyecto incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros incentivos para inversiones que superen el umbral de los USD 150.000 en el caso de las empresas micro; USD 600.000 en las pequeñas; USD 3,5 millones en las empresas del tramo 1; USD 9 millones en las del tramo 2; y USD 30 millones en las grandes.

Por otra parte, el proyecto también contempla un apartado destinado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, incluyendo una actualización de la Ley de Contrato de Trabajo contemplada en el DNU 70/23 y la modernización del Régimen de Trabajo Agrario.

El proyecto de ley prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales y un bono de crédito fiscal para empresas que contraten trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.

 Uno de los grandes problemas para el sector industrial "fue y es" la falta de planificación, sumada a la incertidumbre en la puesta de acuerdo entre los sectores involucrados. Esto incluye a los distintos estamentos partidarios en el desarrollo de medidas que impulsen sostenidamente la matriz productiva, ampliando de este modo el valor agregado.

Con la actual administración y la implementación de medidas de promoción para la generación de empleo, el proyecto incluye todo lo que se judicializó. Esta medida tiene la intención de producir cambios drásticos en el régimen laboral actual. Los juicios laborales tendrán una tasa de IPC más 3 %, las costas en juicios no excederán el 25 % de la sentencia, habrá bancos de horas, las vacaciones se podrán tomar en cualquier momento del año y también se busca modificar la ley de trabajo agrario.

Por otro lado, buscan recuperar la actividad con reducción de aportes que volverán al empresariado en forma de cupón fiscal. El proyecto plantea un bono de crédito fiscal sobre un porcentaje de las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA (empleador art. 2 inc. b) Decreto Nº 814/01 o Ley Nº 27.541 art. 19). Estas incluyen: jubilación 10,47 %, Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) 1,59 %, Asignaciones Familiares 4,70 %, FNE 0,94 %. Este bono aplicará para nuevos empleos incrementales por un año y para la contratación de trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal por dos años. Se excluye del beneficio la contratación de funcionarios públicos.

Otros ítems que la actual administración considera como beneficios impositivos para las pymes incluyen la desgravación de derechos de exportación para bienes industriales y la devolución anticipada de IVA para inversiones que superen el umbral de USD 150.000 en el caso de las microempresas; USD 600.000 en las pequeñas; y entre USD 3,5 millones y USD 30 millones en las de mayor envergadura. Estas medidas buscan impulsar la inversión en sectores clave de la economía, especialmente en el primario.

Sin embargo, para que estas propuestas sean exitosas, se necesita poner en marcha un plan de competitividad para la producción, algo que hasta la fecha se ve muy complicado.

Estas propuestas resultan escasas en cuanto al concepto de generación de valor agregado de la producción, ya que no abordan de manera integral temas cotidianos. Un tema a tener en consideración es el precio de la energía, pues es necesario modificar la actual escala de valores, la cual se encuentra muy por encima del costo internacional.

Si existe la intención de ampliar el campo de acción de las Pymes y Micropymes, es necesario lograr que la carga tributaria baje tan rápido como subieron los beneficios para las importaciones de productos terminados.

Si bien el RIGI es un paso esperado en lo que se intenta creer que es la dirección correcta, ¡por sí solo no será suficiente! para mejorar la competitividad de la economía argentina.

El mundo está dando muestras de una intención de preservar los mercados comerciales y desarrollar a sus nacionales incorporando tecnología y conocimiento en la ampliación de dichos mercados. Razón por la cual considero que es imperioso que el país adopte una agenda productiva más amplia y estratégica para así ampliar el campo económico con capital genuino, fortaleciendo el PBI e impulsando el desendeudamiento.

En la actualidad, nuestro pais ocupa el puesto 66 en el Ranking de Competitividad Global (WCR) 2024, elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) de Suiza. Entre los 67 países analizados, tras descender 3 posiciones respecto al año anterior, Argentina se coloca por encima de Venezuela en el indicador que evalúa el desempeño económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia empresarial y la infraestructura.