La semana que viene, el gobierno comenzará con su examen de idoneidad, pruebas que deberán pasar estatales nacionales para continuar con sus puestos, o ingresar a un cargo. Según revelan desde el Ministerio de Desregulación, la aprobación del examen será “indispensable tanto para los empleados que deseen renovar sus contratos como para nuevos aspirantes a cubrir vacantes”, aunque no garantizará automáticamente la recontratación o el ingreso. Los gremios rechazan la iniciativa, y piden que funcionarios como Santiago Caputo realicen la prueba, ya que es parte del personal contratado. Un dirigente incluso dijo que le “soplará” las respuestas a los trabajadores a través de un camión con parlantes.

La próxima semana, el gobierno comenzará con la primera tanda de exámenes de idoneidad dirigidos a aproximadamente 40 mil empleados públicos con contratos temporales que finalizan a fin de año. Esta evaluación será un requisito obligatorio para quienes aspiren a renovar sus contratos. El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, será el encargado de oficializar en los próximos días las condiciones específicas de estas pruebas. Según la información disponible, el examen será presencial y tendrá diferentes niveles de complejidad, adaptados al tipo de función desempeñada: profesional, administrativa o de servicios generales. El objetivo será establecer un umbral de idoneidad equivalente al nivel de un secundario completo.

Adorni anunció que se comenzarán a realizar exámenes de "idoneidad" para trabajadores del Estado ‼️ pic.twitter.com/shX33oPehy

— El Destape (@eldestapeweb) October 10, 2024

En esta etapa inicial, las evaluaciones estarán dirigidas a empleados contratados que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido al carácter presencial de las pruebas. Las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ubicadas en el centro porteño, serán la sede principal, aunque se evalúa la posibilidad de utilizar otras locaciones, como Tecnópolis. Excepciones a esta obligatoriedad se aplicarán a empleados de planta permanente, personas con discapacidad y quienes residan fuera del AMBA.

La aprobación del examen será indispensable tanto para los empleados que deseen renovar sus contratos como para nuevos aspirantes a cubrir vacantes, aunque no garantizará automáticamente la recontratación o el ingreso. “No queremos que sea un filtro, sino un mecanismo objetivo para evaluar la eficiencia del personal”, señaló una fuente del gobierno. Los empleados tendrán hasta tres oportunidades al año para superar la evaluación, que consistirá en una prueba de una hora con entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple. El examen se realizará en formato digital, utilizando tablets o computadoras en el INAP, y los resultados serán corregidos automáticamente por el sistema. Un portal en línea permitirá a los aspirantes reservar turnos y obtener un código necesario para acceder al examen. En el registro oficial solo quedará constancia de si el examen fue aprobado o no.

Según datos del INDEC de octubre, actualmente, la planta total de empleados estatales asciende a 305.688 personas. Este número era de 343.353 trabajadores en noviembre de 2023, antes de que Javier Milei asumiera la presidencia. Las cifras sobre la verdadera reducción de empleados estatales fueron motivo de cruces entre el presidente y sindicalistas durante los últimos meses. Los gremios repudian las pruebas de idoneidad y denuncian que los exámenes atentan contra "la dignidad laboral" y que tienen un objetivo "persecutorio". También advirtieron que el asesor estrella Santiago Caputo debería ser incluido en la convocatoria por el tipo de contrato que lo une a la administración pública nacional.

Los gremios UPCN y ATE esperan que antes del fin de semana el Ejecutivo firme una resolución para reglamentar el Sistema de Evaluación Pública (SEP), que comenzaría a implementarse durante la próxima semana, porque "faltan precisiones" sobre su alcance. Lo rechazan por atentar contra "la dignidad laboral" y por su supuesto objetivo "persecutorio". Sí tienen una apoyatura legal ya que fueron planteadas en el decreto 695 que reglamentó el capítulo de la Ley Bases referido al empleo público.

Vamos a utilizar todas las herramientas que podamos para enfrentar al gobierno de @JMilei que se quiere llevar puestos a los derechos de los trabajadores del Estado.

Por eso, presentamos un amparo en la Justicia. Ah, y también si es necesario nos van a ver con altoparlantes… pic.twitter.com/tXLQQadibb

— Daniel "Tano" Catalano (@DanielCatalano_) December 3, 2024

En UPCN, en tanto, piden una revisión de contenidos que buscan "humillar" a los trabajadores. Como ejemplo, citan el caso de profesionales de la salud que estuvieron en la primera línea en la lucha contra la pandemia de Covid "sean evaluados en temas como la ley de Administración Financiera" o citan el caso de los cuidadores de los caballos del Instituto Malbrán que son utilizados para elaborar el suero antiofídico a los que "se le piden conocimientos de matemática", al igual que al personal de maestranza que quizás no llegó a terminar el colegio secundario. Como sea, los gremios estatales esperan volver a reunirse con el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, a cargo de la implementación del SEP. Quieren tener garantías para conocer la "trazabilidad" de las pruebas y poder contar con una "veeduría" a fin de evitar eventuales irregularidades. Este miércoles se realizaron "pruebas piloto" con personal de planta permanente.

Incluso, Daniel Catalano, titular de ATE Capital, pensó una insólita medida: difundir las respuestas del examen por parlantes, ubicados en un camión en la calle. El dirigente advirtió que, en caso de llevarse a cabo los exámenes de idoneidad a trabajadores estatales, su gremio colocará en las calles parlantes a todo volumen para que desde el interior de las dependencias se escuchen las respuestas correctas. "Si es necesario voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro", aseguró Catalano, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital, el gremio que agrupa a los empleados públicos nacionales en la Ciudad de Buenos Aires. En términos generales, el gremialista sostuvo que "este gobierno es una porquería que abandona a la comunidad, no les da de comer, teniendo los alimentos en los depósitos, habiendo fallos judiciales que determinaron que ayer deberían haberlos liberado".