Por: Diego Lanese

Con una marcha a la legislatura, los gremios de la enfermería le pidieron ayer jueves a los diputados que aprueben la norma que incluye a esos trabajadores a la llamada Ley de Profesionales.

Desde 2018 existe un conflicto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que decidió dejar a ese personal fuera de esa normativa, generando una baja salarial respecto a otros integrantes del equipo de salud. A esto se le sumó un nuevo paro de los trabajadores del subte, que denunciaron la muerte del cuarto empleado afectado por la exposición al asbesto.

Estos son sólo dos de los conflictos abiertos que debe enfrenta Jorge Macri, que en este año de gestión tuvo a la dirigencia sindical como uno de “sus enemigos”, ya que en estos meses intento desaforar a varios dirigentes combativos, como Claudio Dellacarbonara (metrodelegados) o Héctor Ortiz (ATE Hospitales).

Para potenciar esto, envió un proyecto para que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propio foro laboral. La idea es un viejo anhelo de los gobiernos porteños, y ahora podría ser aprobada por la legislatura, que ya analiza el proyecto elaborado por la gestión macrista. Los gremios se oponen a esta posibilidad, porque entienden que es inconstitucional, además de ser una forma de influenciar en los tribunales y “potenciar la persecución”.

En octubre pasado, el gobierno de CABA presentó en la legislatura un proyecto para crear el foro laboral porteño, bajo el argumento de avanzar en la “autonomía plena” de la Capital Federal.

El encargado de esta propuesta es Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad y abogado especialista en derecho laboral, quien en persona estuvo presentando esos argumentos ante legisladores.

“La demora en la resolución de los procesos laborales ante la Justicia Nacional del Trabajo, sumado a la importante cantidad de vacantes pendientes de designación de jueces en ambas instancias, impacta en las expectativas de los ciudadanos de esta Ciudad quienes aguardan durante años la resolución de sus reclamos laborales”, sostiene Tapia en un escrito con el proyecto que envió a la Legislatura.

Jorge Macri considera “indispensable y necesario” para cumplir con la manda constitucional proceder a la puesta en funcionamiento del fuero laboral con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en pos de lograr un servicio de justicia moderno y ágil”. Pero la propuesta choca con varias resistencias.

La más obvia es la de los gremios, que alertan que se intentará tener “más influencia” en los procesos laborales, que se multiplican en territorio porteño de la mano de la política beligerante de Jorge Macri. Además, Además, el propio poder Judicial y la Casa Rosada tienen dudas de esta cuestión. En abril pasado, se dieron los primeros contactos entre Nación y CABA para analizar el tema.

FUERO LABORAL EN CABA

Hoy dimos inicio al debate en @legiscaba sobre este nuevo paso hacia una Ciudad con mayor autonomía.

Seguiremos trabajando para que la Justicia sea cada día más ágil, cercana y eficiente para los porteños. pic.twitter.com/XKQlVcZRF3

— Gimena Villafruela (@GimeVillafruela) October 7, 2024

Además de los argumentos de los gremios vinculados al control de los conflictos, técnicamente hay reparos de importancia.

Así lo expresa Pablo Kleiman, coordinador del Espacio Jurídico de la CTA Autónoma de Capital Federal, quien confirmó la postura contraria de la central obrera, y recordó que “la Constitución Nacional es muy clara en su artículo 75 en cuanto expresa que le corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo y que solo pueden aplicarlos los tribunales federales o las provincias”.

“CABA no es una provincia, por eso cada vez que la Constitución la nombra dice ‘las provincias y la Ciudad de Buenos Aires’, si CABA fuera una provincia, no habría necesidad de aclararlo”, le explicó Kleiman a Política del Sur.

“CABA podría convertirse en provincia si el Congreso dicta una ley, pero no es el caso. Cada vez que se creó una provincia se hizo por ley del Congreso”. Así, recordó, “en 1951 por la ley 14.037, se provincializó el Chaco y La Pampa.  En 1953, por ley 14.294 se provincializó Misiones. 

En 1955, por ley 14.408 se provincializaron los territorios nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En 1990, por Ley 23.775, la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, insistió el especialista.

“La pretensión de la CABA de tener un fuero laboral no es nueva. Desde hace muchos años intenta o bien vía de traspaso, o bien como ahora, con la creación de juzgados laborales propios”, recordó Kleiman.

Para el especialista de la CTA Autónoma, con la misma lógica que piden esto “podría reclamar que se debata en su ámbito materias civiles, comerciales, penales o de seguridad social”.

Sin embargo, aclaró, “nunca ha demostrado interés por tramitar divorcios, accidentes, sucesiones, o delitos, solo por nombrar algunos ejemplos. Cabría preguntarse el motivo de su obsesión solo con relación a la justicia laboral”.

Por último, Kleiman consideró oportuno mencionar que “si se llegase a aprobar el proyecto de ley para la creación de dichos juzgados laborales, va a producir dos efectos negativos e indeseados: Por un lado, habrá una lluvia de planteos de inconstitucionalidad –lo que hará que se demoren aún más los juicios laborales ya que se perderán años discutiendo el fuero-; y por el otro habrá un dispendio innecesario de dineros públicos”.

En el primero de los casos es clave el tema de la equiparación a las provincias. “En la constitución nacional surge evidente y en forma reiterada en nuestra Carta Magna que la Ciudad no es una provincia”, insistió. De la misma forma, la CGT reafirmó su compromiso de “proteger los derechos laborales y advirtiendo que no permitirá que se avasallen las garantías de los trabajadores. No vamos a permitir que se nos quite lo que tanto nos ha costado lograr”.

Este no es el primer intento de trasladar el fuero, que fue establecido hace 80 años por Juan Domingo Perón. Iniciativas similares se habían presentado durante los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem y en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri.

👩‍⚕️Trabajadores de enfermería nucleados en ATE realizamos un PARO Y MOVILIZACIÓN a la #LegislaturaPorteña.
Bajo la bandera somos Profesionales y una Legislatura que tiene una deuda con quienes nos cuidan!
Diputados valoren a la enfermería y voten la inclusión a la Ley 6035 pic.twitter.com/0XmAarMVhR

— Agrupación Hospitales de la Ciudad (@AteGcba) November 28, 2024

En la Ciudad de Buenos Aires creen que el proyecto será aprobado por los legisladores, aunque asumen que habrá resistencia de Nación para firmar un convenio de transferencia.

Lo mismo pasa con los gremios, que asumen que se opondrán, no importa su orientación. La clave, dicen diversas versiones, será como en otras cuestiones la Corte Suprema de Justicia.

De esta forma, se podría tener influencia en causas sensibles. La alarma se enciende por el perfil “anti sindical” del jefe de gobierno, que este año intentó desaforar o despedir a muchos referentes de los trabajadores. Uno de ellos es el histórico delegado del Hospital Durand y el Elizalde Héctor Ortiz, que Jorge Macri intentó la exclusión de tutela gremial para aplicarle una sanción y despido, según se denunció.

Lo mismo le pasó a Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del Hospital Álvarez, quien además es un dirigente sindical histórico de la Ciudad de Buenos Aires y referente de la agrupación Recuperación Gremial de la Asociación de Médicos Municipales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la FESPROSA. También se apuntó a Claudio Dellecarbonara, dirigente de la Asociación Gremial del Subte y Premetro, y otros dirigentes.

Según se supo, hay 21 pedidos de desafuero más sobre delegados y miembros de la comisión directiva de los llamados metrodelegados. Además, la legislatura porteña aprobó una herramienta que le permite a la justicia arremeter contra la dirigencia sindical y social: la figura de “reiterancia delictiva”.

La misma se incorporará así al listado de antecedentes con que un juez cuenta para el dictado de prisiones preventivas ante "peligros de fuga". De esta forma, se comienza a cerrar el círculo represivo en CABA, que los tribunales laborales propios pueden completar.