El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad podría reactivar la próxima semana las medidas de fuerza en el sector, paralizando todas las líneas del país, ante la falta de acuerdo en la negociación salarial con las empresas ferroviarias dependientes del Estado nacional. El gremio que lidera Omar Maturano evalúa por estas horas la convocatoria a nuevas acciones de protesta que podrían afectar el servicio de trenes tras la magra propuesta salarial presentada por las autoridades del Gobierno nacional en mesa de negociación.

Se trata de la paritaria de los maquinistas de trenes que La Fraternidad discute con el grupo de empresas ferroviarias estatales nucleadas en Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE). En la última audiencia, representantes del área de empleo público y la presidencia de FASE pusieron en la mesa un ofrecimiento de aumento del 1 por ciento para noviembre y 1 por ciento para diciembre, en sintonía con lo fijado en la Administración Pública Nacional.

La comisión paritaria de La Fraternidad alcanzó un nuevo acuerdo de recomposición salarial con las empresas de cargas privadas NCA, Ferrosur y FEPSA. #paritarias #nca #fepsa #ferrosur #conductoresdetrenes #trabajadoresorganizados #sindicatolafraternidad pic.twitter.com/rBccsjTXEp

— La Fraternidad (@FraternidadArg) November 7, 2024

La propuesta fue rechazada de manera categórica por el sindicato de Maturano que demandó recuperar los puntos porcentuales perdidos. De acuerdo a estimaciones del gremio, la caída salarial llega al 42,6 por ciento desde que asumió Javier Milei al gobierno. La Fraternidad había cerrado acuerdos con subas hasta agosto pasado y ahora se encuentra en tratativas para fijar las escalas salariales para el resto del año calendario, en el marco de una paritaria del período abril 2024 – marzo 2025.

El objetivo del sindicato es percibir la diferencia con la inflación por el aumento otorgado en agosto y determinar los incrementos para los meses adeudados (septiembre y octubre), como así también establecer el esquema de subas para noviembre y diciembre. El panorama se presenta complejo ante la negativa del gobierno de romper con el propósito de ofrecimientos del 1 por ciento mensual, tal como se avanzó en la administración pública nacional y organismos descentralizados.

La UTA en alerta

En tanto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró su estado de “alerta” y solicitó la intervención directa del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ante la falta de respuesta del gobierno nacional para resolver la crisis del transporte. La negativa de actualizar tarifas y brindar subsidios llevó al gremio a advertir sobre un potencial “conflicto social”, instando a que la Provincia medie para evitar mayores tensiones. Como anticipó este medio, varias empresas concesionarias del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afirmaron que no podrán afrontar el pago de salarios, aguinaldos ni vacaciones. Esto afecta directamente a más de 20 mil trabajadores, impactando a cerca de 80 mil personas que residen en áreas socialmente vulnerables bajo jurisdicción bonaerense.

La UTA no adhirió al último paro de transporte por pedido del gobierno nacional, para aislar a Pablo Moyano, y 24hs después acordó con los empresarios un aumento salarial. Ahora los empresarios dicen no tener el dinero para pagar el acuerdo, ni el aguinaldo. Los trabajadores son… pic.twitter.com/jyYUURLUxn

— Editor✍ (@Editor_76) November 23, 2024

En un comunicado enviado al ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, la UTA resaltó que la falta de ajuste en las tarifas, combinada con la ausencia de subsidios, ha llevado al sector a una situación crítica. Según el gremio, “el único camino para resolver esta grave problemática es la intervención directa del gobierno provincial”, ya que la Nación no ha definido un esquema de costos que permita a las empresas cumplir con sus obligaciones laborales.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense confirmaron que la comunicación con la UTA es constante, y destacaron que el objetivo de la gestión de Kicillof es mantener el servicio activo para evitar perjuicios a los usuarios. Sin embargo, reconocieron que las limitaciones del gobierno nacional, que se niega a ajustar el boleto mínimo del transporte (actualmente en 370 pesos), mantienen el conflicto sin solución. La propuesta de la UTA de elevar el boleto a 500 pesos hubiera permitido financiar las actualizaciones salariales, pero la Secretaría de Transporte descartó esta posibilidad, en línea con las políticas de ajuste fiscal impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El gremio hizo un llamado a las autoridades provinciales para que se comprometan a mediar y encontrar soluciones que eviten un estallido social. “Estamos convencidos de que la intervención de la Provincia es fundamental para destrabar este conflicto”, remarcaron desde la UTA.