El dirigente peronista y ex funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, Eduardo Dipascuale, se refirió a la situación de los trabajadores de la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona: "Lo que están planteando son retiros voluntarios a un 40% menos de lo que corresponde por ley, un ofrecimiento para los que quieran seguir después trabajando por el artículo nueve, que es una nueva modalidad de contrato que se hace en forma anual, con lo cual, si alguien aceptaría eso, perdería la posibilidad de hacer la demanda inicial que sería por el despido sin causa justa e ingresaría a un sistema del Estado que se llama SINEP en el cual estás ganando un 40% menos".

En contacto radial con Política del Sur, Dipasquale señaló que "es intención de abusar constantemente del trabajador y constantemente de violar la norma”. “Estamos en una involución de casi 100 años desde el punto de vista legal y el punto de vista laboral", afirmó. Sin embargo marcó que "hay un fallo que salió hace poquito que es Casanella Juan Cruz y otros contra Falabella que termina planteando que esto es una diferencia de salarios”. “Se firmó por mutuo acuerdo, pero a su vez la justicia entiende de que hubo una apretada abierta y llana de parte de la patronal para que firmen", contó.

"Esto es lo que está tratando de hacer el Ministerio de Justicia hoy y que se agrava porque está el nombre de la jefa de gabinete del ministro que hace reuniones, que plantean ciertas persecuciones con compañeros sean delegados o no, y que es una constante de envío de mensajes a través de distintos medios electrónicos o inclusive en forma verbal con algunos directores simples. Es un tema grave", alertó.

Asimismo comentó que tuvieron una reunión con Héctor Recalde por la situación de ACARA que explicó que “si algún grupo de trabajadores acepta retiro voluntario a partir del 31/12, pero otro grupo de trabajadores inicia una demanda, y esto hace que se bloqueen las cuentas de ACARA, no cobraría nadie". "Esto viene desde el mes de febrero de este año", remarcó.

"Yo tenía un decreto firmado por el Presidente de la Nación anterior que duraba hasta el 2027. Yo en enero, cuando me enteré de toda la situación y vino el nuevo director, le entregué los papeles, la carpeta, los balances, todo, y me voy, renuncio. Me ofrecieron quedarme (en COVIARA) y hacerme cargo de lo que es el desguace de esa empresa. Me ofrecieron que despida 70 trabajadores", relató.

Vaticinó que la empresa estatal que se encarga de la construcción de viviendas para personal militar "no va a estar más a partir del 31 de diciembre”. “También es cierto que esa empresa acumula un montón de terrenos, todo eso va a pasar a blanquearse, que está dirigido por una persona que es del grupo Elsztain", sostuvo.

"En COVIARA teníamos dos personas de la SIGEN y una de la AGN; las auditorías eran en forma mensual y, por sobre todas las cosas, no dependíamos de un presupuesto del Ministerio de Defensa. Pagaba el Tesoro Nacional en base a las obras que se realizaban. Estamos hablando de un techo para un trabajador que es un militar. Si vos querés mensurar todo como una cuestión efectista y economicista, va a haber problemas, porque COVIARA le cobraba a las fuerzas en pesos algo que en el mercado está dolarizado. No es el objetivo la ganancia porque tiene un objetivo social", cerró.