Por: Federico Cedarri

La Corte Suprema de Justicia Bonaerense apretó el acelerador y volvió a exigir una solución política a la Legislatura bonaerense en la remanida cuestión de la Caja Jubilatoria del Banco Provincia.

La catarata de amparos presentados por los trabajadores pasivos de la entidad crediticia bonaerense ponen al máximo tribunal entre la espada y la pared: si eventualmente falla de manera favorable ante las demandas de los beneficiarios,  la provincia de Buenos Aires deberá desembolsar una cifra que la pondría en riesgo de quebranto.

Vale recordar que durante el 2021 los ministros de la Corte le habían advertido al gobernador Axel Kicillof sobre la situación, por lo que el mandatario buscó un acuerdo con el gremio La Bancaria y consensuaron un proyecto que modificaba aspectos sustanciales de la reforma votada en 2017 bajo el gobierno de María Eugenia Vidal y que motivó el sinfín de presentaciones judiciales.

La iniciativa estipulaba una suba de los aportes para los trabajadores activos del 14 a 16 por ciento para enjugar el déficit de la caja previsional y a su vez volvía a situar en los 60 años la edad jubilatoria para la mujer: la reforma de 2017 la trasladó a los 65 años.

Además, también avanzaba con el cálculo del valor del haber en el 82% móvil según el promedio de las remuneraciones percibidas por los 120 meses anteriores: hoy es del 70%.

Pero el nudo gordiano que llevó a que la iniciativa fracasara en su primer intento legislativo lo desencadenó el ítem de que la provincia se comprometía a financiar un parte del desequilibrio deficitario de la caja hasta que pusiera en orden sus cuentas.

Esta excepcionalidad despertó el rechazo categórico del PRO y especialmente de Mauricio Macri que consideró que no se podía utilizar el gasto público para financiar una caja jubilatoria en particular, además de poner en tela de juicio los valores que cobran los jubilados de la entidad.

Ante esa circunstancia, el radicalismo que despuntaba mejor predisposición para el debate de la propuesta del Ejecutivo fue solidario con sus entonces socios y para evitar una ruptura cerraron filas para consolidar Juntos por el Cambio que por entonces era mayoría en el Senado.

Ante este escenario desfaborable, el peronismo resolvió no avanzar en el terreno legislativo por lo que la propuesta perdió Estado Parlamentario.

Nueva arremetida

Ante la sangría de recursos que podría afectar a la provincia si la Corte comienza darle el visto bueno a los amparos, es que el máximo tribunal convocó al Ejecutivo y a las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición para ponerlos en auto de lo inquietante del cuadro.

Al encuentro asistieron por el peronismo la senadora María Rosa Martínez, el chubi Marcelo Leguizamón en representación del PRO de la Cámara Alta y el titular de la bancada radical del Senado, el chacabuquense Agustín Máspoli.

Santiago Pérez Teruel, asesor General del gobierno bonaerense confió a los legisladores que el gobernador bonaerense insistirá con el mismo proyecto y que será enviado nuevamente a la Cámara Baja para que comience un nuevo derrotero: Hay quienes aventuran que podría colarse  para su tratamiento dentro de un paquete con el Presupuesto y  la Ley Impositiva.

La propuesta encuentra esta vez un escenario más propicio para avanzar con su aprobación en Diputados, ya que la posibilidad concreta de que el oficialismo vuelva a contar con el apoyo del sector dialoguista de Gustavo Cuervo pondría a la propuesta en una zona de confort, a salvo de un traspié.

En el Senado el expediente volvería a encontrar más resistencia si es que la oposición logra amalgamar a sus distintos actores: será clave nuevamente el comportamiento del bloque disidente que comanda Carlos Kikuchi que no actúa en lo parlamentario en consonancia con sus nuevos socios de Diputados.

Tanto el PRO como la UCR renuevan sus duda y reparos con la propuesta de Kicillof que ingresará en breve a la Cámara Baja, solamente estarían de acuerdo en que los haberes se enganchen con la paritaria del sector como sucede con las jubilaciones del IPS y no con la formula de movilidad jubilatoria como lo estableció la reforma vidalista.

Más allá de esta salvedad, desde el campamento amarillo advirtieron que rechazarán  la propuesta por considerar que el Estado bonaerense no puede subsidiar una la caja de jubilación por fuera del IPS: “El expediente tiene inconsistencias, no es claro respecto a cómo reducirán el déficit y lo único que se propone es que la provincia subsidie jubilaciones casi de privilegio” suelta a PDS una fuente parlamentaria del bloque que conduce el santillista Agustín Forchieri.

El radicalismo con matices y más flexibilidad que sus ex socios políticos tampoco parece muy convencido de avanzar en una reforma en la que no están en un todo de acuerdo, aunque sí se muestran abiertos a buscar soluciones en los aspectos medulares que reclama la Corte para evitar dar curso a los amparos.

En tanto, el mileísmo parlamentario no solo dejó en claro su rechazo rotundo a la propuesta que enviará Kicillof sino que también denunciaron al peronismo por haberlos dejado fuera del encuentro con la Corte: “El año que viene luego de las elecciones tendrán que considerarnos como los interlocutores válidos les guste o no”, desliza con furia ante este medio un referente legislativo violeta.