Por: Diego Lanese

Esta semana, a través del decreto 905/2024, el gobierno nacional intervino la Obra Social de Vareadores, bajo argumento de “graves incumplimientos e irregularidades”.

Según la disposición oficial, esta iniciativa se da “en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsa la Superintendencia de Servicios de Salud, en línea con lo que plantea el Ministerio de Salud de la Nación, y tiene como objetivo proteger a los miles de afiliados de la obra social y garantizar el acceso a prestaciones de calidad”. Para este fin, se nombró a Alberto José Curci Castro como interventor oficial.

Esta no es la primera decisión de este tipo que se toma, ya que en este tiempo se tomó el control de varias entidades sanitarias, como sucedió con la del SOMU, sindicato de marinos, la más polémica por su magnitud y alcance. Desde que asumió Javier Milei, su política de desregulación tiene fuerte impacto en la seguridad social, con medidas que permiten el avance de la salud privada en el sector.

Pero esta libertad abrió una caja de pandora, ya que primero por el aumento desmedido de las cuotas y segundo por la baja de miles de usuarios, las prepagas respondieron poniendo en peligro la sustentabilidad del sistema que atiende a millones de trabajadores. Nadie se anima a decir a dónde llevará al sistema de salud este experimento libertario.

Las medidas tomadas en nombre de la “libre competencia” en la seguridad social despertaron la voracidad de las prepagas. Primero, sin controles estatales, subieron arbitrariamente sus cuotas, al punto que el propio ministro de Economía Luis Caputo las acusó de “declararle la guerra” a la clase media.

Entonces, hubo un acuerdo para frenar estos incrementos, que se mantienen por encima de la inflación. Además, se tomaros decisiones para facilitar que los trabajadores registrados puedan derivar directamente sus aportes sin necesidad de triangularlos, dejando a muchas obras sociales que son “sellos de goma” sin recursos.

“Esto va a generar una pelea por esos millones de pesos que quedan en el sistema, y van a fundir a muchas entidades, en especial las chicas”, le dijo a Política del Sur una fuente muy conocedora de la seguridad social. además, se permite que las empresas privadas se sumen al Registro de Agentes del Seguro de Salud. Esta medida implica “mayor transparencia y pondrá a todos los actores a competir en igualdad de condiciones”, según el gobierno, pero otra vez la caja de pandora trajo sorpresas.

A partir del 1 de diciembre, vas a poder elegir libremente tu cobertura de salud sin intermediarios ni triangulaciones ✅

Las prepagas que ofrezcan planes financiados con fondos de la seguridad social deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) y… pic.twitter.com/aobJHiyCL2

— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) October 7, 2024

En primer lugar, se detectó que las prepagas que comenzaron a recibir aportes de forma directa comenzaron a rechazar a monotributistas y empleadas de servicio doméstico. Es decir, dos sectores cuyos aportes son muy bajos y resultan una sobrecarga para el sistema. Como las obras sociales no pueden rechazar afiliados, estos sectores terminan en sus filas.

“Esto potencia el llamado ‘descreme’, es decir, que las prepagas se queden con los trabajadores de mayores ingresos, y los gremios deban atender a quienes tienen menos recursos”, explicó otra fuente consultada.

El tema de los monotrobutistas es un histórico pedido de la dirigencia sindical, cuyas obras sociales deben atenderlos con aportes muy bajos.

El ejemplo que suele ponerse en el sector es el siguiente: Una obra social recibe 13.800 pesos de aporte del monotributo por las categorías más bajas (A, B y C), a lo que hay que restarle el 15 por ciento que va al Fondo Solidario de Redistribución, dejando como recurso genuino unos 12 mil pesos netos aproximadamente, cuando el Programa Médico Obligatorio (PMO) más bajo cuesta entre 45 mil y 50 mil pesos.

Sólo la categoría más alta del monotributo se acercaría hoy a cubrir el PMO. Además, hubo un nuevo empadronamiento del monotributo social, casi eliminado, al que solo un 10 por ciento accedió. El resto podría perder la cobertura médica. “Esto va a generar una catástrofe sanitaria, y un desastre en el sistema, que estaba mal pero estas medidas lo están llevando al colapso”, agregó la misma fuente consultada.

Ante esto, circuló esta semana la posibilidad de que las obras sociales denuncien a las prepagas, para que no puedan rechazar afiliados. Sorpresivamente, esta idea cuenta con el aval del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, que en 20 días de gestión mostró una dinámica y decisión nunca alcanzada por su antecesor, Mario Russo, según pudo saber Política del Sur.

Esto se suma a otros cortocircuitos que tuvo el gobierno con el sector privado, que pese a las medidas beneficiosas está en plena puja con el oficialismo.

Una de las medidas que molesta es que las prepagas deben aportar como agentes del sistema un porcentaje mayor al Fondo Solidario de Redistribución que las entidades sindicales.

En conjunto, las medidas tomadas por la gestión libertaria profundizaron la crisis de la seguridad social. en el caso de las obras sociales, sus aportes dependen de los salarios, que hace meses vienen perdiendo poder de compra. Además, reciben fondos de la Superintendencia cuya ejecución presupuestaria a septiembre de este año, según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), fue un 67 por ciento menor con relación a 2023, y que escala a un 72,6 por ciento para la asistencia financiera de las obras sociales.

La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional entre ene y sept muestra el nivel de recortes en las distintas partidas que está realizando el Gobierno. De forma agregada, la caída es de 31% real respecto al mismo período de 2023.
Hilo con principales aperturas: pic.twitter.com/nFcSK5xpeY

— Centro CEPA (@ctroCEPA) October 7, 2024

La Superintendencia gestiona un Fondo Solidario de Redistribución que reparte entre las obras sociales para la atención de prestaciones por discapacidad y en concepto del Subsidio de Mitigación Asimétrica (SUMA) que se reasigna en función de la cantidad de afiliados de cada entidad.

El asunto preocupa a la CGT y puede ser la llave que el gobierno use para mantenerla en estado de pasividad. De hecho, fue uno de los puntos que la mesa chica incluyó en el temario de la reunión con Guillermo Francos, Santiago Caputo y Julio Cordero el 30 de septiembre en la que retomó el diálogo luego de una ruptura formal con el gobierno.

En concreto, las medidas tomadas en este tiempo no beneficiaron al sistema en general, y hay quejas en todos los actores. El gobierno insiste en su afán desregulador, pero la libre competencia en el sistema de salud parece no funcionar. La negociación iniciada por la dirigencia gremial puede parchar alguna fuga, pero los expertos creen que se necesita “cirugía mayor” para salvar un sistema que hoy no contenta a nadie.