En las últimas semanas, el gobierno nacional, entre el anuncio de auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez, emitió a través del boletín oficial resoluciones relacionadas al área de discapacidad. Por un lado, por medio de la Resolución 1925/2024, se estableció que el Certificado Médico Oficial Digital será el único válido para la confección y suscripción al Formulario CMO requerido en el trámite de solicitud de acceso a las PNC por Invalidez Laboral.

El integrante y ex presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) Marcelo Betti consideró en contacto con Política del Sur que esta decisión “es un pasito más para complejizar el trámite, desgastar a la población y que sean menos las personas que puedan acceder a las pensiones”. “Toda traba burocrática adicional termina siendo una piedra más en el camino para las personas que muchas veces se les complica muchísimo el poder concretar este tipo de trámites”, marcó.

“El trasfondo de todo es la idea que tiene el Gobierno Nacional de disminuir la cantidad de pensiones, porque les parece que son muchas, con un total de conocimientos sobre la temática de discapacidad, con la sola intención de reducir el gasto fiscal”, comentó.

En ese sentido Betti consideró que “si hay pensiones mal otorgadas que tienen que darse de baja nadie lo discute”, aunque “la duda es que tan rigurosas van a hacer esas auditorías o si se va a ser como se hizo en el 2016 y 2017 donde se dieron de baja miles de pensiones sin permitir que las personas puedan demostrar que tenían las condiciones adecuadas para recibir las pensiones”.

En tanto, Natalia Panella, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, manifestó que están “preocupados frente a los cambios que se han dado, que son realmente retrocesos en los derechos de las personas con discapacidad”. “Sale un nuevo decreto por el cual se retrocede totalmente con todos estos logros y se vuelve a tener una mirada médica por las personas con discapacidad”, expresó en relación al decreto 843/24 que modifica los requisitos para el acceso a pensiones de este universo poblacional.

“Se vuelve a establecer un porcentaje, las personas con discapacidad tienen que demostrar su incapacidad laboral para poder acceder a la pensión. Se vuelve a tener en cuenta que si poseen algún bien no puedan cobrar la pensión, se deja de lado esa mirada que es la que tenemos que lograr que es la mirada social y se vuelve es como un retroceso de la mirada médica. Si van a revisar todas las pensiones y si eso lo van a hacer retroactivo obviamente los requisitos en muchas personas no se van a cumplir entonces existe esa preocupación de saber qué va a pasar con esas pensiones que ya fueron otorgadas.

Sostuvo: “También hay cierto temor en relación a los a los niños y niñas y adolescentes que tienen la pensión por discapacidad. Venimos trabajando en diferentes acciones que podemos tomar frente a una posible baja general de pensiones con discapacidad”.

Otra medida que se estableció con la Resolución 1925/2024 es el pase de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de la Secretaría General de la Nación al Ministerio de Salud, Betti entendió que “subordinarla al área de la salud implica estrictamente pensar la discapacidad como una cuestión médica cuando en realidad la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad sostiene que la discapacidad es una construcción social y el Estado es fundamental como promotor para derribar esas barreras que impiden la inclusión plena”.

“Hacer ese traspaso al despedirse muchas de las personas con discapacidad de ANDIS un poco se van reduciendo la función no de lo que era de la Agencia, en consecuencia un montón de programas gubernamentales que existían tienen un alcance menor y eso impacta directamente en el acceso a los derechos en general, de un Estado que se va reduciendo”, cerró.