Alejandro Poli, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Remís y Autos al Instante de la Provincia de Buenos Aires (SURyA), y titular de la cuestionada Federación de Remiseros que el juez federal, es uno de los sindicalistas más camaleónicos de la actualidad, capaz de dialogar con dirigentes del PRO, como Jorge Triaca, o con referentes del Frente de Todos, y, ahora de los funcionarios libertarios, y siempre cayendo bien con todos ellos. La cuestión, que no es nueva en el sindicalismo argentino, llama la atención porque Poli es escuchado por el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos y por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para afiliar de manera compulsiva a miles de argentinos que trabajan con las aplicaciones de transporte y que, de una manera u otra, han sido la base de sustentación para que el Presidente Milei llegue al poder.

Porque, usualmente, se trata de jóvenes o ciudadanos de mediana edad que apuestan por la uberización de la economía y que no quieren retornar al viejo sistema de representación sindical tradicional. “Sindigarcas” suele expresar Milei cuando se refiere a ellos en actos públicos. Extrañamente, una parte del gobierno escucha atentamente a uno de los referentes de la casta sindical: al remisero Alejandro Poli.

En los últimos años, donde se fomenta la desregulación y las nuevas relaciones laborales, un dirigente sindical quiere afiliar a los choferes de las apps de transporte que se impusieron en la Argentina y en casi todo el mundo occidental al ritmo de lo que se denomina como la uberización de la economía. El auge de esta nueva forma de producir y prestar servicios puede resumirse por su capacidad para eliminar intermediarios. “Las porosas manos de los políticos”, diría Milei a los que se le suman otros referentes empresariales y sindicales.

Poli comienza a tener notoriedad en el año 2010, cuando el Sindicato de Remiseros UCAIRRA al que pertenecía, queda acéfalo y es intervenido junto con su obra social (OSCRAIA). En busca de respaldo, lo asiste el titular del sindicato de peones rurales (UATRE), Gerónimo “Momo” Venegas, en ese entonces líder de las 62 Organizaciones Peronistas, y consiguen que la intervención de OSCRAIA funcione en la sede del gremio SURyA. Un hecho señalado como incompatible por funcionarios consultados en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), oficina estatal encargada de fiscalizar a las obras sociales.

Los que conocen la deriva de las 62 Organizaciones, señalaron que Poli es muy hábil para “llevarse bien con todos en el mundo político”. A pesar de ser beneficiado por el gobierno de Cristina Fernández, Poli pega el salto de la mano de “Momo” Venegas, quien había fundado el partido Fe y estableció una alianza con Mauricio Macri. Sus críticos afirman que el dirigente remisero pasó de “nacional y popular” a “teñirse de amarillo furioso”.

Por sus contactos en la administración de Mauricio Macri, consiguió que le extiendan la afiliación de SURyA, a otras localidades de la provincia de Buenos Aires y del país. Sus relaciones con el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le permitieron ser un protagonista de las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. Y, luego, logró que le habiliten el armado de la Federación Argentina de Remises (FAREM) con inscripción gremial y luego con personería gremial, “algo nunca antes visto en la historia del sindicalismo contemporáneo”, aseguraron las fuentes sindicales consultadas por la rapidez del trámite.

Sin embargo, la buena racha se cortó en los tribunales federales de Comodoro Py cuando, el fallecido juez federal Claudio Bonadio, detectó irregularidades en la expansión del SURyA, y procesó al entonces titular del gremio, José Rómulo Garay (hombre de confianza de Poli) por la incorporación de 350 afiliados con DNI falsos y sin aval sobre un total de 585 afiliados registrados.

En la actualidad, hay una investigación del juez federal, Daniel Rafecas, por la conformación de la Federación de Remiseros para la que se necesita la representación de gremios de diferentes localidades. En principio, adhirieron organizaciones de Córdoba y Santa Fe, que rápidamente se retiraron; en tanto que aparecieron dos remiseras de Mar del Plata (PASOCAR y REMICOOP), que en realidad son cooperativas.

Por esta cuestión se abrió una causa penal en el juzgado federal por falsificación de documento público. Sucede que Poli insiste en avanzar con la Federación, pero se le suman denuncias como la del dirigente platense Javier Scaramutti, quien era tesorero, retiró a su sindicato e impugnó la última asamblea ordinaria. A pesar de estos reveses judiciales, algunos funcionarios de Casa Rosada insisten con propiciar “lo viejo” en vez de alumbrar “lo nuevo”.