Las tres centrales obreras del país reiteraron su rechazo a la puesta en marcha de una coordinación de fuerzas de seguridad autorizadas a actuar en enclaves considerados claves de la economía, incluso ante protestas sindicales. La CGT junto a la CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores solicitaron la intervención del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)”.

El pedido es por la creación del denominado Comando Unificado de Seguridad Productiva, integrado por el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad. Una iniciativa de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El texto presentado ante la OIT denuncia que el Gobierno argentino, mediante la resolución 893/2024, “ha profundizado las medidas represivas contra las manifestaciones sindicales y sociales, ampliando las facultades de las fuerzas de seguridad para intervenir en las protestas sin orden judicial”.

👮‍♂️Es una iniciativa conjunta para que este organismo se expida sobre el impacto que tiene la creación de este comando sobre los Convenios 87 y 98 de la OIT. https://t.co/WGKzKVb7q9

— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) September 20, 2024

Dicha resolución establece que son hechos “ilícitos” la protesta social en zonas productivas, dejando entrever una asociación directa entre protestas y delito. Esto resulta de gravedad dado que no distingue entre acciones violentas y manifestaciones pacíficas, lo cual deriva en una criminalización generalizada de las protestas, independientemente de su naturaleza, tratándolas como si fueran delitos en lugar de expresiones legitimas de descontento social.

Asimismo, pone un énfasis considerable en “la protección de la producción económica, destacando que ciertos sectores requieren seguridad especial por su impacto en el crecimiento del país”. Sin embargo, este enfoque” prioriza los intereses económicos sobre derechos fundamentales, como el derecho a la huelga y la libre manifestación”.

Según la disposición oficial que puso en funcionamiento este comando, la coordinación general estará a cargo de la máxima autoridad ministerial, es decir la propia ministra Patricia Bullrich, y podrá ser delegada en el funcionario que esta designe. Tendrá a su cargo “la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales correspondientes”. La misma será integrada por representantes de los ministerios de Seguridad de todas las provincias, y de sus policías locales. El temor principal es que bajo el argumento de evitar cortes en áreas claves para la producción, se potencie el perfil represivo de la gestión libertaria.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de @PatoBullrich, creo con plata del pueblo un "Comando Unificado de Seguridad Productiva" para proteger a las empresas privadas y reprimir a las y los trabajadores. Esta es la verdadera cara del modelo de #Milei y #LaLibertadAvanza: un… pic.twitter.com/gbY8Hgur8N

— Carlos Ortega (@caortega64) September 9, 2024

La dirigencia de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma expresa su “enérgico repudio a la reciente creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, un cuerpo que, bajo la fachada de protección de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, busca reprimir bloqueos y protestas sindicales”. El comando creado por Bullrich, expresaron las dos CTA, “constituye una amenaza directa a los derechos de los trabajadores y trabajadoras que decidan enfrentar el empobrecimiento al que los somete la política económica de Milei”. En tal sentido, “revive prácticas autoritarias propias de la última dictadura militar, cuando la actividad sindical era reprimida fuera y también dentro de los mismos espacios laborales”.