Por: Diego Lanese

A mediados de julio, la empresa Tenaris Siat despidió a cinco empleados de su planta de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. Los cesanteados, operarios de la firma y personal del área de supervisión, no recibieron ninguna explicación, y anticiparon lo que sucedió luego: unos 160 contratos caídos, y la amenaza de 200 más.

La empresa del grupo Techint es un buen ejemplo de la crisis de la industria que se vive desde que el gobierno de Javier Milei comenzó, ya que pasó de trabajar tres turnos completos para completar los trabajaos necesarios para el gasoducto Néstor Kirchner a esta crisis de despidos y persecución.

Este es uno de los ejemplos que usa el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) para graficar el impacto de las políticas “anti industriales” este año, donde se perdieron según su último reporte cerca de 170 mil puestos laborales. Esto está llevando al sector cerca del “colapso total”, por lo que se piden medidas. Esta semana, la UOM se reunió con funcionarios bonaerenses para intentar mitigar el impacto de esta situación.

El último informe del CEPA actualiza los datos sobre despidos y suspensiones durante la gestión libertaria, desde que llegó a la Casa Rosada hasta mayo de este año. Las estadísticas del SIPA elaboradas por la Secretaría de Trabajo, destacó el reporte al que tuvo acceso Política del Sur, arrojan “para el período noviembre 2023 a abril de 2024 una pérdida en el sector privado de 111.656 puestos de trabajo asalariados -en la serie sin estacionalidad”.

A su vez, la Encuesta de Indicadores Laborales que realiza la misma Secretaría prevé” otros 18.111 puestos de trabajo menos para mayo”. “Con los indicadores de actividad económica para mayo y junio, que muestran que el sendero continúa decreciente, es previsible que en dicho bimestre, se hayan perdido más puestos de trabajo”, analizó el CEPA.

En concreto, entre noviembre de 2023 y abril de 2024 “se redujo la cantidad de empleadores en 7.860 casos”. En el mismo período, “se perdieron 170.695 puestos de trabajo registrados (- 1,73 por ciento)”.

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, marcó el CEPA, “se observa que los principales afectados, en estos primeros cinco meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,5 por ciento del total de los casos (7.820 empresas menos).

Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,5 por ciento (40 casos)”. Cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa “se observa que durante los primeros meses de la gestión de Milei la expulsión de trabajadores se concentró en las empresas de mayor porte: 74 por ciento de la pérdida de empleo (-126.244 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores”.

En cambio, en los cinco meses que van entre noviembre de 2023 y abril de 2024, “la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue sensiblemente menor: disminuyeron sus puestos de trabajo en 44.451 casos, explicando el 26 por ciento el total.”

En términos porcentuales, “mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 2,64por ciento (de 4.782.973 a 4.656.729), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 0,88 por ciento (de 5.074.200 a 5.029.749)”.

Estos datos resultan consistentes con el relevamiento que realizamos desde CEPA de los despidos y suspensiones en el sector privado, que ascienden a 177.657 casos. Si bien son datos brutos, es decir, “no llegan a captar contrataciones nuevas sino sólo bajas, hay una correlación con el dato brindado por las estadísticas”.

En su relevamiento, el CEPA explicó que “si desagregamos la cantidad de despidos y suspensiones por grandes ramas de actividad, se observa que la construcción es el sector con mayor cantidad de casos, como consecuencia de la decisión de paralizar totalmente la obra pública, con 100. Por ciento despidos estimados por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)”.

Lo sigue en importancia el sector industrial, con 76.311 casos, producto de la caída del consumo tras la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos a partir de la devaluación y la desregulación de amplios sectores de la economía. Por último, los servicios acumulan 1.346 casos en este primer semestre.

En términos porcentuales, la construcción explica el 56,29 por ciento del total de despidos y suspensiones, la industria acumula el 42,95 por ciento de los casos y los servicios sólo el 0,76 por ciento.

Hoy, en Diputados, vinieron decenas de trabajadores y trabajadoras despedidos.
¿De dónde? De todos lados.

Hago mías las palabras de la última intervención del video: hay que salir a pelear. Nada de ser mansos y callados. Porque así es como nos quieren. pic.twitter.com/Xg444CK2Uy

— Julia Strada (@Juli_Strada) July 11, 2024

En el informe, el CEPA usó los despidos en Tenaris Siat como ejemplo de la crisis industrial argentina. En mayo, recordó, los despidos fueron a tres supervisores afiliados a la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) y a dos miembros de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sin justificación alguna.

Se trató de una serie de despidos “arbitrarios y discriminatorios”, bajo acusaciones de no cumplir con los procedimientos de calidad, cuando en realidad estaban cumpliendo órdenes directas de sus superiores.

Asimismo, cabe destacar que esta empresa fue la encargada de la producción de los caños para la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuyo tramo I fue inaugurado en julio de 2023. Esta obra de 573 kilómetros, que va desde la localidad de Tratayén, Neuquén, hasta Salliqueló, Buenos Aires, permite el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los centros urbanos.

Su construcción requirió de una inversión de 2.200 millones de dólares y generó 48.800 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

En tanto, según pudo saber Política del Sur, la empresa despidió en los últimos días a 160 trabajadores y dejó a 200 más en la cuerda floja al renovarle los contratos solo por un mes.

La justificación para avanzar con los despidos por parte de la empresa de Paolo Rocca fue la baja en la producción como consecuencia de la motosierra sobre la obra pública y aprovechando la ocasión para “precarizar” el trabajo dentro de la planta denuncian desde la Comisión Interna encuadrada dentro la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Aprovechan la situación para querer cambiar condiciones y disciplinar a los trabajadores sin el mínimo respeto por el convenio colectivo y la ley de Contratos de Trabajo”, enfatizó la comisión interna de delegados.