Por: Diego Lanese

En menos de una semana, dos de las tres principales empresas productores de neumáticos del país presentaron un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que permite una serie de medidas para evitar el cierre o el quiebre de una empresa.

La iniciativa suele ser un recurso temprano para evitar problemas mayores, aunque en muchos casos es el paso previo a pedir un concurso de acreedores u otras medidas drásticas.

En el caso de FATE y Bridgestone, el pedido generó rechazo del gremio SUTNA, que en ambos casos rechazó los argumentos por los cuales las firmas quieren suspender personal o reducir las horas de trabajo. Lo cierto es que desde esta semana, en la planta Llavallol de la empresa de origen japonés se anunció una “liberación de tareas”, que no son más que “suspensiones encubiertas”, según los dirigentes de esa seccional.

Por eso, hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, rechazándolo que consideran una maniobra. “Es un típico ‘lock-out’ patronal”, afirmaron desde el gremio, que convocó para mañana viernes a una reunión donde se analizará ¿la situación particular del sector y la crisis general que sufre la industria, para buscar una salida conjunta con “todos los trabajadores”. 

El anuncio de Bridgestone se sumó al realizado días atrás por parte de FATE, ambas junto a Pirelli las principales productoras de neumático del país. El PPC se sumó a una “liberación de tareas”, que mantiene la actividad paralizada en la planta ubicada en el distrito de Lomas de Zamora.

El argumento de ambas firmas es el mismo: la baja en las exportaciones”. La medida afecta a los más de 1.550 trabajadores de la planta Llavallol, que a partir de esta semana no realizan tareas, pero mantienen sus salarios.

“A partir del extenso conflicto gremial del 2022, sufrimos una pérdida de confianza corporativa que generó la transferencia del volumen de exportación de Argentina a otras plantas de la región. Como consecuencia, hoy estamos exportando solo el 10 por ciento de los que proyectábamos”, señaló la compañía de origen japonés en un comunicado donde adelanto la decisión.

En ese contexto, realizó la presentación ante la secretaría de Trabajo del ministerio de Capital Humano, “comunicando el objetivo de reducción de producción para focalizar las operaciones en el mercado local”.

Bridgestone obligó a sus 1500 empleados a faltar al trabajo. Y presentó al gobierno un Procedimiento Preventivo de Crisis para poder echar empleados pagando indemnización reducida. Argumentan que están ante una crisis sin precedentes pic.twitter.com/h1zmbSKWff

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 17, 2024

“Es una maniobra ilegal, como la que intentó FATE. En los dos casos es un lock-out patronal”, le dijo a Política del Sur una fuente del gremio SUTNA, que apenas conoció la noticia comenzó un proceso de asambleas con los operarios.

“Desde el SUTNA reclamamos el inmediato levantamiento y, desde ya, nos manifestamos contra este pedido de apertura de PPC, recordando que la empresa Bridgestone se vio obligada a repartir ganancias sobre los ejercicios 2021 y 2022 por la gran e inocultable rentabilidad obtenida por esta fabricante e importadora de neumáticos, quien se autodefine como la más grande del mundo”, indicó el gremio en un comunicado.

“La Secretaría de Trabajo de la Nación no puede seguir actuando de esta manera escandalosa y desvergonzada, tal como lo ha hecho con el pedido de PPC de (la familia propietaria) Madanes en FATE con 192 millones de dólares de ganancias, ahora con una empresa multinacional que reparte ganancias por la enormidad de las mismas, mientras se ubica como la mayor importadora de neumáticos del país, cambiando mano de obra nacional por neumáticos extranjeros”, agregó el sindicato.

Además, la seccional Llavallol del SUTNA junto a la conducción nacional realizaron una presentación en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Con la firma de Alejandro Crespo, titular del SUTNA, y Jorge Toledo, titular de la regional lomense, el documento confirmó que desde el martes de 16 los trabajadores “están recibiendo cartas documento donde se les comunica que ‘están dispensados de realizar tareas hasta nueva comunicación’”.

Para la dirigencia sindical, la llamada “dispensa de tareas” no es “una figura legal sino una forma distorsionada o encubierta de mencionar una suspensión, la conducta de la empresa resulta manifiestamente ilícita”.

“La conducta de esa empleadora resulta arbitraria e insólita en cuanto la ley exige no adoptar medida alguna hasta haber celebrado el procedimiento preventivo, el que obviamente está incumplido y viciado en su origen ante la política de hecho consumado llevada adelante por esa patronal”, afirmó el texto, al que tuvo acceso Política del Sur, respecto del procedimiento de crisis pedido.

Ante esto, esta semana hubo manifestaciones frente a la planta de Llavallol, “como forma de difundir lo que está ocurriendo y expresar el rechazo a la política de esa patronal”.

En este contexto, el SUTNA –el principal gremio industrial en manos de una conducción clasista –hizo un llamado a todo el movimiento obrero a movilizarse contra la situación a la que arrastra la actualidad, en especial en el sector productivo, fuertemente golpeado por el modelo libertario impuesto este año. en ese sentido, la dirigencia del gremio está planteando una movilización a Plaza de Mayo para la semana que viene, para denunciar situaciones como las que se viven en el sector neumático.

“La política del gobierno de Javier Milei que se vio reflejada en la votación de la Ley Bases en el congreso, se está llevando adelante, implicando un ataque a los puestos de trabajo, a las condiciones laborales y convenios colectivos de trabajo y un intento de cerrar la posibilidad a que los trabajadores podamos organizarnos y defendernos de estos ataques”, denunció la entidad.

Esto se da en el marco de “una crisis económica que fue agudizada al máximo por este gobierno, siendo sus propios aliados los que emprenden ‘golpes de mercado’, colocando en nuevas crisis al propio gobierno”.

Desde el SUTNA afirmaron que “somos los trabajadores los que nos tenemos que poner en pie para terminar con todo el plan anti obrero de Milei y las patronales. Estos despidos masivos en toda la industria, la construcción, se encuentran encabezados por los despidos de trabajadores del Estado. Somos conscientes que se trata de un ataque al conjunto de los trabajadores de nuestro país con despidos masivos, ataques al salario y a las condiciones laborales. Pretenden una flexibilización laboral sin precedentes y para esto, poner de rodillas a todos los trabajadores que se organizan y luchan en defensa de sus conquistas y reivindicaciones. Es por esto, que persiguen y atacan a las organizaciones que luchan y se organizan contra el hambre y la pobreza”.

En el caso de la industria, el freno y las situaciones de crisis no paran de crecer. En este sentido, el Centro de Estudios (CEU) de la Unión Industrial Argentina (UIA) dio a conocer su relevamiento sobre la actividad industrial durante mayo pasado, en el que se observa una caída del 14,3 por ciento interanual y del 0,6 por ciento con respecto al mes anterior.

Además, se registró un menor nivel de demanda y un aumento de costos. En el informe presentado tras la reunión de la Junta Directiva, la UIA advirtió que también se aceleró la caída del empleo asalariado registrado en el sector, donde se perdieron 5.074 puestos en mayo y se acumula una baja de 21.285 respecto de agosto de 2023, por lo que aumenta la preocupación por cómo afecta el contexto económico.

Al respecto, los directivos formularon la necesidad de impulsar una agenda de medidas que ayuden a “recuperar la dinámica del mercado interno”, centradas en el “desarrollo de la producción local, el consumo, el empleo formal y en promover las exportaciones con valor agregado”.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ya son más de 137 mil los trabajadores que perdieron su empleo entre noviembre de 2023 y abril de 2024, como consecuencia de la recesión y las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Del total, casi 112 mil son del sector privado, mientras que otras 25 mil estaban registradas en el Estado.