Por: Diego Lanese

El 30 de abril, los gremios del Estado nacional volverán a protagonizar una jornada de protesta, en el marco del plan de lucha iniciado desde que Javier Milei inició su presidencia y se puso en marcha el mentado “plan motosierra”. El despido de unos 150 mil trabajadores públicos genera rechazo en el sector, que alerta sobre el impacto en el normal funcionamiento de las distintas dependencias. La última víctima del ajuste libertario es el INCAA, la entidad de cine y artes audiovisuales que está en este momento virtualmente cerrado, su personal trasladado o suspendido, y sus recursos derivados a otras áreas. Ante esto, desde el Frente de Sindicatos Estatales anunciaron la nueva medida de fuerza, que incluirá a nuevos sectores, como los gremios sanitarios, para intentar revertir las medidas tomadas por la gestión de gobierno. En este punto, la dirigencia se entusiasma con un “efecto contagio” respecto de la Marcha Universitaria de esta semana y poder movilizar a un número contundente de estatales, que se planten ante el achicamiento brutal que lleva adelante el Gobierno. Además, buscarán denunciar el techo salarial que sufren, en el marco de una paritaria que está por debajo de la línea de pobreza y reclamarán por la reincorporación del personal cesanteado en distintas oficinas estatales. En este punto, la Justicia rechazó un amparo para permitir la vuelta de los despedidos, pero los gremios sostienen que mantendrán “en la calle” ese reclamo.

El plenario de gremios estatales y trabajadores de empresas públicas determinó que la próxima semana vuelva a realizarse una manifestación para rechazar el ajuste brutal que lleva adelante la administración libertaria. El encuentro reunió a los distintos gremios que forman este espacio, que viene creciendo de la mano de los efectos del recorte nacional. “La idea es que el 30 de abril la movida tenga representación de los distintos niveles del estado como de los distintos poderes, además de sumar a las empresas públicas”, le adelantó a Política del Sur el dirigente Matías Fachal, titular de la Federación Judicial Argentina (FJA). Según explicó, “en las provincias la idea es que en el marco de la jornada nacional de lucha hacer actividades locales, de acuerdo a lo que las organizaciones decidan, desde paros a movilizaciones y otras acciones”. En estos meses, en varias provincias se formaron espacios similares a este, donde los estatales coordinan la lucha contra el ajuste local. Además, los integrantes del Frente de Sindicatos Estatales están charlando con distintos espacios intersindicales “para que se sumen a la movida, incluso con gremios que hoy están fuera de nuestro frente”. En esta jornada, se buscará exponer ante la gente las funciones de su trabajo en el Estado, “que son los derechos de la sociedad”. “Esperamos que el Poder Ejecutivo dé marcha atrás con los despidos, que reincorpore a los compañeros y compañeras despedidos y que retrotraiga la decisión de cierre de diversas áreas y organismos, incluso muchos creados por ley por lo que deberían pasar por el Congreso”, recalcó Fachal.

LA FJA PRESENTE EN EL PLENARIO DEL FRENTE DE GREMIOS ESTATALES DONDE SE LANZÓ UNA JORNADA NACIONAL DE LUCHA PARA EL 30/04https://t.co/7EmklXRM3n pic.twitter.com/qY6ypkWK4i

— Federación Judicial Argentina (@FJAJudiciales) April 23, 2024

Este frente es el armado que impulsó la Federación Judicial Argentina (FJA), junto a ATE, docentes universitarios, portuarios, bancarios, trabajadores de la salud, de vialidad, del INTA, el PAMI y otros gremios del sector, y que comenzó a ganar volumen desde que el ajuste, simbolizado en el plan motosierra, dio sus primeros pasos. Por eso en el último plenario realizado en la sede nacional de ATE se sumaron más entidades, como los gremios médicos de FESPROSA. “El Frente de Sindicatos Estatales aprobó la medida de fuerza para el 30 de abril y la modalidad de la actividad la definirán las conducciones provinciales en cada caso”, destacó mediante un documento difundido luego de la reunión. En el AMBA, por ejemplo, el epicentro será frente al Congreso de la Nación, "con una acción de visibilización sobre las tareas y funciones que cumplimos en el Estado, que no son otras más que efectivizar los derechos de la ciudadanía”. “Los sindicatos están llamados a convertirse en una verdadera oposición al Gobierno y al plan de ajuste que el presidente Javier Milei intenta implementar”, agregaron. La profundización del plan de lucha incluye reclamos a las otras instancias gubernamentales, para que eviten sumarse al ajuste. “Los gobernadores e intendentes tienen que despertar. El Gobierno está jodiendo a todas las provincias y municipios. Se enfrenta hoy una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias. Caen las ventas y también los impuestos coparticipables, mientras que un gravamen nacional como el Impuesto País es el único que mostró un crecimiento de más del 300 por ciento interanual”, apuntó el texto difundido.

El viernes pasado, hubo una reunión nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), que decidió un plan de lucha propio, que incluye sumarse a la jornada del 30 de abril. Entre otras resoluciones, el Congreso decidió un cronograma de medidas que comenzará el 23 de abril, con la adhesión a la marcha federal en defensa de la universidad pública, y continuará el día 30 adhiriendo a la Jornada Nacional de Lucha contra los despidos y las rebajas salariales del Frente de Sindicatos Estatales. Esta primera etapa culminará el 9 de mayo con la adhesión a la convocatoria de las centrales sindicales en rechazo al DNU 70/23, la nueva ley ómnibus y la exigencia del “cese de la agresión económica contra trabajadores, trabajadoras y jubilados”. “Decidimos movilizarnos porque hay un montón de programas de salud que quedaron sin financiación y desmantelados por el plan de ajuste del Gobierno nacional”, recalcó María Fernanda Boriotti, titular de la FESPROSA, en diálogo con Política del Sur. En este sentido, subrayó que ya hay notificaciones de medidas “muy dañinas”, como “la baja del ENIA, contra el embarazo adolescente, que anunció el Gobierno y que no deja de generar angustia en las provincias”

#Ahora
El Frente de Sindicatos Estatales
se manifiesta en Santa Fe contra las reformas regresivas en la caja de jubilaciones.
No a los intentos de afectar los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. pic.twitter.com/VivjNiPJ1z

— Siprus (@SiprusSalud) April 24, 2024

En cuanto a los despidos, las acciones sindicales tienen como complemento los amparos judiciales, que por el momento no lograron dar un paso concreto en las reincorporaciones. Incluso, esta semana el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo 57 se declaró “incompetente” para resolver la acción de amparo presentada por UPCN contra las cesantías en lo Contencioso Administrativo. El juzgado se declaró incompetente para intervenir en el expediente ya que, mediante este cuestionamiento e inconstitucionalidad del Decreto 84/2023 se pretende, en definitiva, someter a estudio las contrataciones de sus representados en el contexto de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, ley 25164”, cita la resolución. En esa línea la Justicia del Trabajo entiende que “una relación de empleo público aparece inequívocamente configurada en las relaciones jurídicas de los trabajadores estatales que representa la entidad gremial accionante”, explica el magistrado. De esta manera analiza que, “estamos en presencia de contrataciones que tanto por la materia como por los sujetos que la integran -en virtud de la naturaleza jurídica de la persona demandada- resultan ajenas y, por ende, desplazan la aplicación del derecho del trabajo privado y, en consecuencia, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones”, señala el juzgado.