Por: Diego Lanese

La desregulación de la seguridad social que inició el DNU del presidente de Javier Milei a los pocos días de asumir la presidencia se completará con una nueva reforma, que las versiones hablan se publicará en breve. En estos días, circuló un borrador de los cambios para prepagas y obras sociales sindicales, que busca liberar la afiliación, entre muchas otras medidas que según la Casa Rosada intentan darle “más libertad” a los pacientes, pero que generan alarma entre los gremios, que consideran esto un ataque a sus entidades de salud. Los cambios incluyen la libre elección de la cobertura por parte de los trabajadores, que podrán cambiarse de organizaciones sin las restricciones actuales. Además, se incluirán a las entidades de salud privada entre los aportantes del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que financia tratamientos especiales de pacientes de la seguridad social. en la CGT hay preocupación por los efectos de las medidas, y los especialistas afirman que este tipo de medidas, sumadas a la suba sin límites de las prepagas, pueden hacer colapsar los sistemas públicos, que ya tiene una sobrecarga de demanda en los últimos dos meses por el abandono masivo de trabajadores e integrantes de la clase media.

El borrador que circuló en diversos despachos está a punto de oficializarse, según fuentes gubernamentales. La iniciativa trae una serie de medidas para desregular la seguridad social, comenzando por la libre elección de la cobertura por parte de los trabajadores, lo que incluye obras sociales sindicales o prepagas. Además, el texto, al que tuvo acceso Política del Sur, los beneficiarios “ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo”, y se podrán cambiar libremente de cobertura, y podrán elegir “una obra social o prepaga -que se registre para tal fin- al comenzar un nuevo empleo, sin ningún tipo de intermediación”. “Los beneficiarios podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral”, agregó el proyecto, que incluirá a las empresas de medicina prepaga para ser aportantes al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben, aproximadamente un 20 por ciento. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) además de motorizar los cambios es también la encargada de girar de manera directa los aportes y contribuciones a las obras sociales y prepagas. Ya el DNU 70, firmado por el presidente a pocos días de asumir, dispuso la incorporación de las entidades de medicina prepaga al régimen de la ley 23.660, de obras sociales, lo cual implica que se las habilita a recibir aportes del sistema de la seguridad social

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó hoy que en las próximas horas el Gobierno reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.

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— Radio Nacional AM870 (@NacionalAM870) February 19, 2024

Los cambios, que según se estiman serán posibles recién en abril ya que la reglamentación tendrá un mes, cambiará el panorama de la seguridad social. Un especialista de una importante obra social sindical le dijo a Política del Sur que “hay problemas en la implementación, porque si las prepagas aportan 20 por ciento al Fondo Solidario de Redistribución, mientras que las obras sociales 15 por ciento”, esto, agregó, “genera una diferencia a la hora de competir, que se suma a que las entidades tienen situación previsional distinta”. Como Agentes del Seguro de Salud, las entidades gremiales pagan sólo 10 por ciento de IVA, otra ventaja con los privados. “Si no hay cambio, estas medidas dejan al sistema desequilibrado”, completó el especialista consultado. Esto podrá evitar el famoso “descreme”, que es la salida de los trabajadores con mejores salarios de las obras sociales a las prepagas, dejando los ingresos medios y bajos para la atención sindical. “El descreme ya pasó, en los 90, ahora no hay tal fenómeno, no habrá competencia”, sentenció el dirigente sanitario.

En tanto, en la CGT pusieron en alerta a sus referentes sanitarios, para que salgan a explicar los problemas que traerá esta decisión. El secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, explicó que en 2023 hubo un compromiso por parte del gobierno de Alberto Fernández de entregar 132 mil millones para cubrir los gastos adicionales a los que tienen las obras sociales sindicales, pero que hasta enero de 2024 solo se acreditó la suma 70 mil millones y luego no se pagó más. En concreto, los gremios reclaman los 62 mil millones de pesos restante. “El panorama es muy incierto”, aseguró Lingeri, al tiempo que precisó que la falta de esos recursos podría impactar en la atención de las prestaciones por discapacidad, una de las más costosas del plan de salud. Los sindicatos se encuentran ante la posibilidad de un ajuste que afectará directamente a las obras sociales que gestionan. Lingieri propuso un “replanteo del Programa Médico Obligatorio” que defina reglas claras de cobertura y acceso a los servicios, si no, argumentó “la judicialización de la salud seguirá siendo distorsiva tanto para el financiamiento del sistema como para los resultados sanitarios”.

La administración de las obras sociales es de las asociaciones sindicales con personería gremial por ley (art 31 inc f, 23.551)
La dictadura militar y los gobiernos neoliberales pretendieron vaciarlas para dejar el mercado a las corporaciones, las que aumentan un 80% en 2 meses.

— Natalia Salvo (@NataliaBSalvo) February 19, 2024

Sobre estas propuestas coinciden los especialistas, como el consultado por Política del Sur. Según se explicó, hace dos años que no se actualiza el PMO, y eso es un problema. “Debería revisarse al menos cada trimestre, para evitar las distorsiones”, se dijo. Sobre la judicialización, se recordó que existe desde el 2016 la idea de crear una agencia que regule los fallos judiciales y las nuevas autorizaciones, que no logró consenso para sr aprobadas. Además, la anterior gestión del Ministerio de Salud nacional formó un consejo asesor, para que los jueces puedan consultar antes de los fallos. Por ahora, la intención del gobierno es avanzar por la desregulación, y dejar estos temas para más adelante. En este punto, la SSS trabajó para llegar a la reglamentación de la desregulación de las obras sociales y prepagas sobre dos leyes rectoras -una vieja y una nueva- sobre la que se montan los cambios para el sector de la salud en la Argentina. El objetivo es “darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas”. Así la SSS creó una nueva figura más abarcativa y real: las Entidades de Medicina Prepaga para sumarlas luego como integrantes de la Ley 23.660, permitiendo que el trabajador pueda elegir de forma directa una obra social o empresa de medicina prepaga. Además, se creará el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RENA), para regular el nuevo escenario.