Por: Diego Lanese

El 4 de enero, efectivos de la Brigada de Delitos Complejos de la provincia de Jujuy se presentaron en la casa particular de Nahuel Morandini, docente universitario de la capital provincial. Con distintas excusas le entregaron un citatorio de la Justicia, y le recomendaron que se presente. Así lo hizo ese mismo día, donde quedó detenido, hasta el día de hoy. La orden del juez Roberto Assef fue detener al docente y al trabajador cuentapropista Roque Villegas, por los supuestos delitos de “supresión de identidad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género”. Ambos había posteado en redes sociales sobre los rumores de infidelidad entre el ex gobernador Gerardo Morales y su esposa Tulia Snopek, un tema del que se habla hace mucho tiempo en esa provincia del norte argentino. El caso genera alarma entre organizaciones gremiales y sociales, que temen que el aumento de la conflictividad abra la puerta a lo que se llama la “salida represiva”. Esto podría profundizarse si se aprueba la Ley Ómnibus, que genera una serie de medidas a favor de las fuerzas policiales. Lo que sucedió fuera del Congreso cuando se trataba la norma, con un impresionante operativo policial y la represión a manifestantes, generó un fuerte llamado de atención de la CGT, que mira con desconfianza a Patricia Bullrich, el brazo ejecutor de esta política. “Buscan la violencia”, admiten referentes sindicales.

El caso del docente jujeño se suma a otras situaciones que preocupan a entidades de derechos humanos, a gremios y movimientos sociales. Hace unos días, clientes del Cine Atlas del barrio porteño de Caballito denunciaron que en medio de una función, la Policía Federal ingresó con linternas a realizar “una inspección”. El confuso episodio no hizo más que preocupar por los rasgos autoritarios de la gestión libertaria, que está desplegando una serie de medidas que atentan contra la libertad de protesta y de expresión. En el caso jujeño, se viene denunciando que allí es el “laboratorio” del modelo represivo que se quiere imponer en todo el país. “Desde mi detención he estado días enteros en los que estuve desnudo, alimentándome con la mano y haciendo mis necesidades en botellas y fuentones”, cuenta el docente en una carta escrita a sus compañeros, publicada por varios medios. “Lo que se pretende únicamente con esta persecución Penal, es disciplinar, disuadir e intimidar a la sociedad en su conjunto, que evitará emitir expresiones que puedan molestar al exgobernador Gerardo Morales o al gobierno provincial, hechos que limitarán severamente el ejercicio a la libertad de expresión, por miedo a sufrir la misma persecución penal que Morandini y Villegas”, sostuvo el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM-Jujuy) en una carta pública solicitando la inmediata libertad de ambos jóvenes. Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ante la Fiscalía para pedir por la libertad y el sobreseimiento de los involucrados.

Durante la sesión de hoy, desde nuestro bloque del @Fte_Izquierda exigimos la libertad de Nahuel Morandini y Roque Villegas #presosportuitear en Jujuy pic.twitter.com/981O9OGMFb

— Alejandro Vilca (@vilcalejandro) January 31, 2024

Estas situaciones no son aisladas y a medida que crezca la conflictividad por el deterioro económico, los despidos y otras cuestiones que se están dando por las iniciativas del gobierno de Javier Milei, la violencia puede volverse una variante en el escenario. Una muestra de esto es el mega operativo con fuerzas federales en el Congreso, donde el Ministerio de Seguridad dispuso un gran vallado y la presencia de efectivos para evitar cortes y manifestaciones, pero que no pudo parar las agresiones entre manifestantes y figuras del oficialismo e incluso periodistas. “Si para la discusión parlamentaria se debe militarizar el Congreso de la Nación, es sensato sospechar sobre los supuestos ‘beneficios’ que trae para la ciudadanía el proyecto de ley llamado ampulosamente por la administración libertaria Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, expresó la CGT mediante un comunicado, donde sentó postura sobre estas cuestiones. Para el posteo difundido, la central sindical sumó además un video donde se ven a efectivos de la Gendarmería Nacional ubicándose en los alrededores del Congreso Nacional.

Para la dirigencia sindical, la figura de Bullrich es central en este escenario. La ex candidata presidencial tiene un encono personal con el sindicalismo, y en especial con los más movilizados, como los camioneros. Desde los gremios insisten en acusarla de ser el “brazo ejecutor” de la posible represión, y recuerdan que el protocolo “anti piquetes” lo único que pretende es consolidar la idea de “control de la calle”. “Este es un modelo que cierra con violencia, que es un estadio superior a la represión”, le dijo a Política del Sur un dirigente sindical, que suele tener buenos contactos con la conducción cegetista. Como ejemplo de esto, se recordó que “desde el vocero presidencial para abajo vienen realizando amenazas públicas a distintos sectores, como pasó con las negociaciones con los gobernadores”. Por eso alerta del “autoritarismo” que se demuestra en las acciones del gobierno, y le apuntaron incluso al propio presidente Milei, cuando recordaron que “no pudo decir en campaña si está a favor de la Democracia”.

Si para la discusión parlamentaria se debe militarizar el Congreso de la Nación , es sensato sospechar sobre los supuestos "beneficios" para el pueblo de la Ley Ómnibus pic.twitter.com/UZpw9F1nmO

— cgtoficial (@cgtoficialok) January 31, 2024

Incluso la alarma está llegando a sectores que se mostraron dialoguistas con el Gobierno nacional y sus aliados, como el PRO. En la noche del jueves, los efectivos de seguridad detuvieron a un grupo de mujeres que cantaban el himno frente al Congreso, una de ellas militante radical. Ante esto, la UCR Nacional dejó sentada su postura en un posteo en la red social X (antes Twitter), donde advierten que "el oficialismo alienta un peligroso avance represivo sobre aquellos que piensan diferente y reclaman en forma pacífica" y emitió un comunicado en repudio de "la detención arbitraria" de la militante radical y de las otras tres mujeres aprehendidas. "El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical repudia la detención arbitraria de Ivanna Bunge, militante radical y de Jennifer Bogarin, Agustina Goncalves y Abril Taborda, en el día de ayer en inmediaciones del Congreso de la Nación", indicó el comité en el texto. El radicalismo criticó el accionar policial al señalar que las detenidas fueron "sometidas" a "violencia y hostigamiento" al ser "trasladadas en horas de la noche a distintos establecimientos de detención, como así también la falta de respuestas inmediatas para su liberación".