Por: Diego Lanese

Con la presencia de centenares de farmacéuticos de todo el país, el viernes pasado se presentó ante la Justicia un recurso para anular la parte del DNU anunciado por Javier Milei que desregulariza el mercado de medicamentos. Frente a la sede de Tribunales, las entidades que representan a farmacias se sumaron a los pedidos de varios sectores que quieren discutir la nulidad de las reformas planteadas por el presidente, que anulan o modifican unas 366 leyes. En este caso, se apunta a los efectos que tendrá en la salud de la población permitir la venta de tratamientos en lugares como kioscos y almacenes, y que se retire la exclusividad de la propiedad de los profesionales, alentando la llegada de grandes capitales, incluso extranjeros. En materia sanitaria, esta es una de las medidas más controvertidas, junto con la que permite la libre elección de obras sociales, un quiebre en el sistema solidario de la seguridad social. Estos temas fueron analizados por diversos espacios sindicales y de la salud, y rechazados por “mercantilizar la salud”. Uno de los planteos afirma que este tipo de medidas vuelve “el medicamento como una mercancía”, lo que generará problemas de acceso para vastos sectores de la sociedad, sobre todo en momentos que los aumentos descontrolados están llevando sus valores altísimos, que sólo en diciembre de este año estaría en el 25 por ciento promedio.

Los cambios que plantea el DNU en materia de salud apuntan a liberar la dispensa de medicamentos y desregularizar la seguridad social. El primero de los temas genera alarma entre los farmacéuticos, que además pierden la exclusividad de la propiedad de las farmacias. Con estos dos elementos, se busca un modelo de “autoservicio” como el que rige en Estados Unidos, con grandes cadenas y promociones, que hacen de estos productos “un insumo más”. Por eso la presentación judicial, que además recordó que hay leyes provinciales que establecen límites a la instalación de locales, por distancia y densidad poblacional, una medida que apunta a distribuir mejor la presencia y la atención. “Cuando se liberaliza la venta de medicamentos, aumentan los casos de intoxicación, abuso y mal uso, lo que termina siendo un grave problema de salud pública”, dijeron fuentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) consultadas por Política del Sur. En este sentido, recordaron que este tipo de medidas son promocionadas “por los laboratorios que quieren tener más puntos de venta sin importarles la salud de las personas”. Este punto parece estar puesto a medida de la CAPEMVeL, la cámara que agrupa a los productores de fármacos de venta libre, es decir, que no necesitan receta médica.

EL DNU 70/23 ATENTA GRAVEMENTE CONTRA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA, EL MODELO DE FARMACIA PROFESIONALhttps://t.co/3N46qfzMOn pic.twitter.com/BBU3eS0TDQ

— COFA (@COFAorgar) December 21, 2023

La mirada de las farmacias es compartida por el gremio de médicos de la provincia de Buenos Aires CICOP. Mediante un documento, la entidad sostuvo la venta libre de medicamentos en comercios, “desincentiva la consulta con un profesional de salud y favorece la sobremedicación”. “Esto es gravísimo porque habilita la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos y cualquier otro tipo de comercio, interpretando que un medicamento de venta libre no es un medicamento, eludiendo condiciones de mantenimiento y almacenamiento, y sin considerar que cualquier medicamento consumido en dosis inadecuadas puede causar serias consecuencias a la salud de las personas”, señalaron desde la entidad. En esta misma línea, advirtieron que “se desfinancia la producción pública de medicamentos y vacunas, se autoriza que cualquier persona sin título habilitante esté a cargo de una farmacia y se permite la propiedad de las farmacias en manos de sociedades anónimas con el único objetivo de hacer negocio”. “El derecho a la Salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales y como tal debe ser garantizado por el Estado desde una concepción solidaria y equitativa”, concluyeron los médicos bonaerenses.

En este contexto, el aumento de precios de los medicamentos completa un panorama muy complejo. El 1° de noviembre se venció un acuerdo entre el anterior gobierno y la industria farmacéutica, que no se revalidó y terminó con un fuerte incremento hasta estos días. Sólo en diciembre los tratamientos subieron un 25 por ciento, según un informe del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), al que tuvo acceso Política del Sur. La entidad explicó que “el proceso inflacionario promedio ponderado que se proyecta para diciembre trepará a casi un 25 por ciento, disparando aún más los porcentajes altísimos del acumulado anual y anticipando que el alza inflacionaria continuará durante el primer bimestre de 2024”. El trabajo, realizado entre los principales laboratorios medicinales y mediante información escaneada de mercadería en el check-out de 359 farmacias y 36 droguerías, informó que “la primera quincena de diciembre registró un alza del 38,4 por ciento entre los 19 medicamentos más comercializados en el país, consolidando un incremento anual del 304,8 por ciento en todo el 2023 y un acumulado interanual del 306,6 por ciento”. Segmentando por categorías, el organismo detalló que el podio de mayores aumentos está integrado por los psicofármacos (43,6 por ciento), los medicamentos para tratamientos cardiovasculares (41,5 por ciento) y los que se utilizan para la diabetes (41,2 por ciento), mostrando un promedio acumulado anual del 288,9 por ciento y una suba interanual del 292,3 por ciento.

⚠️ El DNU y la Ley Ómnibus atentan contra el derecho a la Salud de la población

Las medidas anunciadas, como la liberación de precios de las prepagas, provocarán una sobrecarga en el Sistema Público de Salud, que lo exponen al colapso.

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— CICOP (@CICOP_ok) January 4, 2024

En cuanto a las obras sociales, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hizo un análisis del impacto del DNU, que basa en desregular los precios de la medicina prepaga, “favoreciendo a éstas en detrimento de los usuarios, pero también afectando a los prestadores que ya no tendrán un arancel mínimo garantizado (por ejemplo, los médicos)”. “También favorece a las prepagas en detrimento de las obras sociales ya que habilita que los trabajadores escojan prepagas sin que los fondos pasen por las obras sociales y sin que haya un tiempo mínimo de permanencia, desfinanciando a las obras sociales y quitándole el carácter solidario al sistema. En cuestiones de financiamiento, también le quita fondeo a los bancos públicos y al propio Tesoro en favor de otras entidades financieras ya que se elimina la obligación de las obras sociales de tener allí depositados los fondos o inversiones”, recalcó el CEPA. Como CICOP, se quejó que se desincentiva la producción pública de medicamentos, “perjudicando tanto a los usuarios como al Estado y a las obras sociales que deberán pagar más caros esos medicamentos allí producidos”.