jueves 15 de mayo de 2025 - Edición Nº2353

Gremiales | 29 dic 2023

ANÁLISIS

Por el cierre de dependencias y las posibles privatizaciones esperan ola de despidos de estatales

Tanto el “mega DNU” como la ley ómnibus plantean un fuerte achicamiento del Estado, que los gremios creen que redundará en cesantías masivas. Además, hay temor que se cierren muchos organismos, lo que profundizará la tendencia.


Por: Diego Lanese

Casi al mismo tiempo que la CGT marchaba y repudiaba el DNU presentado la semana pasada por el presidente Javier Milei, el Gobierno se despachó con otro paquete de leyes polémicas, esta vez un proyecto ómnibus para tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso. Igual de grande e igual de contradictorio con la separación de poderes, en ambas propuestas se marca el norte que quiere la gestión libertaria, que genera rechazos en gremios, especialistas y diversos sectores políticos. En este caso, la mega ley viene con la idea de privatizar más de 40 empresas estatales, incluyendo las “joyas de la abuela” como son YPF y Aerolíneas Argentinas. Además, se avanza en el cierre de muchos organismos estatales, como institutos de cultura o la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Estos dos pasos hacen pensar a los gremios que esto potenciará los despidos y pérdidas de puestos laborales, que se sumarán a las decisiones ya tomadas respecto a los contratados y los pases a planta que fueron realizados en el 2023, que a fin de año sumaria 7 mil cesantías. La ley incluye el Banco Nación, cuyos trabajadores ya realizan protestas y salieron a defender a la entidad y sus números.

 

La ley “Ómnibus” enviada por Javier Milei al Congreso, bautizadaLey de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, incluye entre sus 664 artículos un capítulo específico referido a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado. Esto incluye los trenes que están bajo administración estatal, las empresas como el Banco Nación –y todas sus ramas –medios de comunicación, y muchos otros que se están poniendo a la venta. Ante esto, hay alarma en los trabajadores, ya que las normas que se modifican incluyen el desfinanciamiento de muchos institutos y organismos públicos. Uno de los casos es la ANAC, que se espera sea afectada por la reducción de los puestos laborales estatales, ya que los contratados en 2023 dejarán de prestar servicios a fin de año. “No sólo estamos preocupados por lo que pueda pasar con la ANAC o con Aerolíneas Argentinas, también tenemos la decisión de Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que según lo decidió el Gobierno se transformará en una sociedad anónima factible de ser privatizada”, sostuvo Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE en la ANAC. En diálogo con Política del Sur, el dirigente dijo sobre la entidad que “se plantea lisa y llanamente su eliminación”.

“El DNU trajo problema en varios aspectos, que estamos viendo con alarma”, recalcó Belelli, que adelantó que este miércoles marcharon junto a la CTA Autónoma y el resto de las organizaciones sindicales a los Tribunales, cuando la CGT realizó una presentación judicial contra el decreto presidencial. Además de pedir por la no disolución de la ANAC, los trabajadores rechazan los despidos en el estado nacional. “Estamos cruzados por las políticas de achicamiento y los posibles despidos, todavía no hay confirmación del número de afectados, pero estamos en estado de alerta y movilización esperando las novedades”, destacó Belelli. La idea de ATE es “voltear este decreto, porque si se mantiene no vamos a poder hacer ni medidas de fuerza, hay que tomar todas las medidas que hagan falta”. Lo mismo sucederá con el INCAA, varios institutos culturales y demás organismos que dejarán de existir. El argumento es que son deficitarias, pero otras no, como sucede en el Banco Nación. Sus trabajadores lanzaron una serie de movilizaciones y protesta contra la posible venta, ya que afectará a sus 17 mil empleados y más de 700 sucursales.

 

“Pueden decir lo que quieran, pero el banco es totalmente sólido en materia financiera”, le dijo a Política del Sur una fuente de la entidad. Como muestra, marcó que existe datos que son muy elogiosos con la situación de la entidad bancaria a la primera quincena de diciembre de este año. Según las fuentes consultadas, esos números muestra que la entidad tiene este año “una mejora en su capacitación y una adecuada liquidez”, por lo cual no consideran que haya argumento para su privatización. “Antes de venderlo por ahí intentan cambiar esto”, dijeron las fuentes. En este sentido, una de las medidas lanzadas en el DNU es eliminar la exclusividad de los depósitos judiciales que hoy tiene el banco, y además permitir que las provincias tengan depósitos en divisa extranjera en la entidad. Si esas medidas debilitan las finanzas del banco, se puede avanzar en la materia.

El ranking de empresas públicas con más empleados incluidas en el texto de 351 páginas lo lidera la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado con 23.833 empleados. La empresa tiene a cargo las 5 líneas de trenes de pasajeros suburbanos, las 9 de larga distancia, 7 regionales y un ferrocarril entre la ciudad argentina de Posadas y la paraguaya de Encarnación. La petrolera estatal YPF - que es una Sociedad Anónima y cotiza en Bolsa- es otra de las empresas con mayor número de trabajadores: 22.330. Le sigue el Banco Nación con 17.820 empleados en las 739 sucursales distribuidas en todo el país, a los que suma el personal de otras unidades de negocios como Nación Servicios, con 1.032; Nación Bursátil, con 33; Nación Reaseguros, con 20; Nación Seguros de Retiro, con 16; Pellegrini SA, una firma administradora de Fondos Comunes de Inversión, controlada por el Banco Nación y Nación Seguros.

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