Por: Diego Lanese

“Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino”. Con esa escueta frase, el presidente Javier Milei anunció la reforma laboral que pretende para su gobierno. Lo hizo en un discurso donde presentó el “mega DNU” con más de 300 modificaciones, que generó un tsunami de reacciones, y la primera rebelión popular de su gestión. Dicho así, el plan laboral del libertario no tiene mayores definiciones, pero a las pocas horas, cuando el Boletín Oficial tuvo el texto completo de la iniciativa, las definiciones dejaron al sector en alerta. Es que la profundidad de los cambios que pretende imponer la gestión son mayores a las esperadas, que se habían charlado en los pocos encuentros oficiales que mantuvo el equipo encabezado por Omar Yasín con la dirigencia gremial. Incluso en charlas informales, voceros de la CGT habían recibido palabras tranquilizadoras, que el DNU hizo volar por los aires. Cambios en la ultraactividad y limitación del derecho a huelga vía servicios esenciales, los temas más espinosos. La primera reacción popular de la población, saliendo a las calles porteñas, dejó en evidencia a la dirigencia, sindical y del peronismo, que enfrenta un escenario similar al del 2016, con la vieja consigna de Juan Domingo Perón: “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.

El “mega DNU” presentado por Milei declara la emergencia en varias áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. Si bien no se incluye la laboral, como se habló en su momento, los cambios anunciados en la legislación del trabajo incluyen temas muy sensibles para la dirigencia sindical, y de alguna manera sorprendieron. Las versiones previas no lograron dimensionar el impacto de las medidas, que llegan a cambios profundos en cuestiones como los convenios colectivos. En el artículo 86, se habla de la ultraactividad, que sostiene los beneficios de los acuerdos una vez estos vencidos. El DNU afirma que una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, “solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”. “El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia, solo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”, señala. Además, se amplía el período de prueba a ocho meses, algo que en la previa estaba bastante claro. “Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido”, establece el decreto.

Rechazamos el DNU decretado por el Gobierno.
Subvierte el orden republicano democrático y altera la división de poderes. Su Inconstitucionalidad es manifiesta.
No vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social.
Las emergencias dictadas…

— Héctor Daer (@hectordaer) December 21, 2023

El tema fundamental en materia de legislación laboral está vinculado al derecho a huelga. Este queda limitado, a través de una vieja estratagema que se quiere imponer desde hace años: la esencialidad de las tareas. La iniciativa presidencial recalca que “las asociaciones sindicales tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. Para eso, el artículo 88 establece las “acciones prohibidas”, que incluyen “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; provocar el bloqueo o tomar un establecimiento; ocasionar daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento”. Además, para las ramas que son declaradas esenciales, se obliga a mantener “una cobertura no menor al 75 por ciento de la prestación normal del servicio”, y del 50 por ciento en los llamados “servicios de importancia trascendental”. La actual legislación tiene estas prerrogativas, como sucede con los servicios sanitarios, a los que ahora agrega “la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”. Entre la segunda categoría se encuentran “transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías; servicios de radio y televisión; servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico”.

Otro punto de importancia para el sector sindical es la desregulación de la seguridad social. Bajo el argumento que “frente a la crisis del sistema de salud es imperativo lograr reducciones contundentes en los costos de las prestaciones”, se anuncian una serie de medidas que pueden golpear con fuerza las obras sociales gremiales. En este sentido, el texto sostiene que para aumentar la competitividad del sistema, “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”. La única regulación que se incorpora para las empresas de medicina prepaga, es que podrán establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria. También modifica la ley de Obras Sociales 23.660 y determina que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, "funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa".

✊🏽 22 de diciembre: Jornada Nacional de Lucha con asambleas y ollas populares en todo el país.

🔹 Urgente convocatoria al Consejo del salario.
🔹 Contra el hambre.
🔹 En repudio al protocolo de seguridad. pic.twitter.com/34Yqizs21N

— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) December 20, 2023

Las medidas del Gobierno generaron un fuerte impacto en el sector sindical. El jueves desde temprano los diversos sectores y grupos que forman el movimiento obrero comenzaron reuniones para intentar unificar criterios. Si bien las expectativas estaban puestas en un llamado a paro, no terminó de configurarse, aunque el clima es “muy tenso”. En ese sentido, fuentes de diversas centrales obreras le confirmaron a Política del Sur que “entre jueves y viernes de la semana que viene habrá una medida de fuerza”. La CGT se reunió con legisladores peronistas, y suspendió una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, que iba a suceder por la tarde. "Hay clima para un paro", había dicho más temprano uno de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer. Además, hubo quejas y reproches generalizados. Por su parte, la conducción de la CTA Autónoma realizó una presentación judicial junto a otras entidades afines para declarar “la inconstitucionalidad y nulidad” del decreto presentado por Milei. Además, ratificaron la jornada de protesta de hoy viernes. La manifestación popular en Ciudad de Buenos Aires sorprendió a muchos, y esperan actuar rápido, para evitar situaciones como las del 2016, cuando se le robó el atril y la iniciativa política.