Por: Diego Lanese

Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos (NIH, según sus siglas en inglés), el asbesto o amianto es el nombre de un grupo de “minerales fibrosos que están presentes en la naturaleza y son resistentes al calor y la corrosión”. Debido a estas propiedades, aclaró, “el asbesto se ha usado en productos comerciales, como materiales a prueba de fuego y de aislamiento, frenos de automóviles y materiales para paneles de yeso”, fundamentalmente como aislante. Pero desde hace años se sabe que la exposición a las fibras del material es motivo de mayor posibilidad de contraer cáncer de pulmón, además de otras enfermedades respiratorias, por lo cual se fue prohibiendo su uso. En la Argentina, en el año 2000 el Ministerio de Salud decidió declararlo cancerígeno, y no permitir su uso. Pero por décadas el material estuvo en piezas, cañerías y otros muchos elementos, por lo cual sigue estando presente en muchos edificios y maquinarias. Cuando en 2018 los trabajadores del subte hicieron la primera denuncia de la presencia del asbesto en trenes comprados a España, comenzó a tomarse más conciencia de esta problemática. Ahora, se busca llevar al Congreso un proyecto para detectar y retirar de forma segura el producto de los lugares de trabajo.

El proyecto de ley que se presentará este jueves en el Congreso busca crear un Sistema Federal de Gestión del Asbesto Instalado. La principal tarea de este espacio será hacer un “mapeo a nivel federal” de material contaminados y potencialmente peligrosos. El mismo fue elaborado por los técnicos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subtes y Premetro (AGTSyP), y llegará a la discusión parlamentaria de la mano de un grupo de diputados de Unión por Todos, encabezados por el diputado Daniel Gollan. Además, según le confirmaron a Política del Sur del bloque oficialista, la idea es presentar la iniciativa con “aval de muchos legisladores de origen sindical”, como Hugo Yasky y Sergio Palazzo. La presentación del proyecto en el Congreso será este jueves a partir de las 11 horas. La presentación será en el salón Blanco del anexo de la cámara baja. Esta es otra de las propuestas del gremio para acelerar el retiro del asbesto, y evitar que haya más trabajadores expuestos. La primera denuncia sobre la presencia de asbesto en el subte se dio en 2018, luego de una investigación en España. Luego de negar la situación, hace un tiempo se admitió el tema, y se comenzó con el proceso de retiro. Hasta ahora, según la empresa, se retiraron 90 toneladas de material contaminado, y el gremio cree que faltan otras 300.

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Presentación de proyecto de ley!! pic.twitter.com/2P1qpo9GX2

— Salud Laboral AGTSYP (@SaludAgtsyp) November 6, 2023

Según establece el proyecto, al que tuvo acceso Política del Sur, este sistema una vez puesto en marcha deberá “evaluar el riesgo de los lugares contaminados estableciendo la prioridad en la necesidad de tomar medidas para su adecuada eliminación”, además de “promover la divulgación al público en general sobre los riesgos de la exposición al asbesto mediante campañas de información”. Además, el sistema gestionará “el otorgamiento de ayuda financiera mediante subvenciones del Estado o desgravaciones fiscales impositivas durante las actividades de búsqueda, identificación y retiro seguro de materiales con asbesto deteriorado, en sitios denominados prioritarios”. Una vez detectados los focos, se procederá a elaborar, previa consulta a las jurisdicciones, “el Plan Marco de Gestión de Asbesto Instalado que contendrá el diagnóstico de la situación, la estrategia general y las alternativas de solución propuestas para su eliminación en el territorio nacional”.

La propuesta de los metrodelegados propone los ministerios de Salud, Trabajo Empleo y Seguridad Social y Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridades de aplicación, que tendrán a su cargo realizar “un registro nacional, de orden público, único y compartido, que permita conocer la ubicación, cantidad y estado del asbesto instalado, y elaborar políticas en la materia”. También se propone elaborar “un sistema electrónico de información que permita la interoperabilidad con los sistemas disponibles en las distintas jurisdicciones”, que entre otras cosas garantice “la confidencialidad de los datos”. También será potestad del sistema la elaboración del “Plan Marco de Gestión de Asbesto Instalado que contendrá: el diagnóstico de la situación, la estrategia general y las alternativas de solución propuestas para su eliminación en el territorio nacional”. Además, se buscará crear un listado de potenciales trabajadores y víctimas en general a la exposición de asbesto.

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En cuanto al sistema de control, cuando se detecte la presencia del asbesto el proyecto prevé que deberá retirarse. “Toda construcción destinada a demolición deberá ser auditada previamente por el profesional técnico a cargo de la Higiene y Seguridad de la obra buscando asbesto o materiales que lo contengan”, afirmó la propuesta. Para esto, se crea un índice para medir la presencia del material. Según el proyecto de ley, “la evidencia científica ha demostrado que el asbesto no tiene un nivel de exposición seguro, lo que significa que cualquier exposición al mismo puede eventualmente causar una enfermedad carcinogénica relacionada”. “La toxicidad de estas fibras se produce de acuerdo con un mecanismo de acción sin umbral”, insistieron. Por eso, el límite máximo permisible para el asbesto fijado por la legislación nacional es desde 2003 de 0,1 fibras por centímetro cúbico de aire. Esto, aclararon, “no es un nivel seguro y la exposición a las actividades laborales que impliquen asbesto debe reducirse lo más cercano a la única dosis segura: cero fibras”. El proyecto advirtió que la cantidad de los residuos de asbesto generados por su retiro en aplicación y cumplimiento de la presente ley “se incrementará notablemente con el paso del tiempo generando saturación de las plantas de relleno autorizados para su enterramiento”. Por ende, “se insta al desarrollo y establecimiento de plantas de tratamiento basadas en altas temperaturas, superiores a los 1.200 grados”.