De acuerdo a un estudio difundido en lo últimos días por la CGT, actualmente, hay 14.244.066 beneficiarios de obras sociales nacionales, distribuidos en 288 entidades inscritas en el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Según las proyecciones de la central obrera, el déficit de las entidades sindicales proyectado para el presente año supera los 123.610 millones de pesos, lo que genera una “situación crítica”. El encargado de dar los alarmantes números fue el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.

Del total de beneficiarios, aproximadamente el 70 por ciento se concentra en 40 entidades y el 75 por ciento de ellos se encuentra en cinco jurisdicciones principales: Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El sondeo demuestra que el ingreso promedio del sistema, que se sitúa en 8.604 pesos a marzo de 2023, no está cubierto por la mayoría de las obras sociales. Además, el costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera este valor promedio de ingreso, lo que indica que la mayoría de las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud no logran cubrir este costo.

Destacó el titular del sindicato de Trabajadores del Agua y Saneamiento que “gran parte de este déficit está siendo cubierto por las organizaciones gremiales con aportes a sus propias obras sociales”. En este contexto de crisis terminal, la esperada reunión de los popes de la CGT con el ministro de Economía Sergio Massa ya no es sólo para transmitirle su apoyo a una eventual candidatura presidencial sino para dialogar acerca de soluciones urgentes para enfrentar el horizonte de bancarrota de las obras sociales sindicales.

“En lo que va de 2023 no recibimos ni un solo aporte extraordinario del Fondo de Redistribución Solidaria, el sistema está en rojo, afirmo Lingieri. La preocupación también se extiende a las prestaciones que se realizan por discapacidad. “El 0,7 por ciento de los beneficiarios del sistema consumen el 75 por ciento de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”.

⚠️ Obras sociales sindicales en rojo: La CGT advirtió que se está cerca de una implosión

Un estudio realizado por la Secretaría de Acción Social de la central sindical reveló una cifra deficitaria millonaria que de conservarse y ampliarse en el futuro pondrá en riesgo el sistema… pic.twitter.com/zkcKTRWqvL

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El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) se financia mediante un porcentaje de los aportes y contribuciones, que oscila entre el 15 y el 20 por ciento, dependiendo de la naturaleza de la obra social. El fondo tiene dos objetivos: “En primer lugar, funciona como un reaseguro para cubrir enfermedades de alto costo y baja incidencia a través de los reintegros que financian el Sistema Único de Reintegros (SUR) y el Mecanismo de Integración; en segundo lugar, tiene un carácter redistributivo y se lleva a cabo mediante la transferencia de distintos tipos de subsidios.

El primer elemento de distribución automática del FSR es la Integración, que es un mecanismo de financiamiento para las personas con discapacidad del sistema cubierto por las obras sociales nacionales. Actualmente, representa el 75 por ciento del ingreso del FSR, mientras que en 2016 representaba el 22 por ciento del gasto”.

Según el informe de la CGT, estos recursos se utilizan para cubrir las prestaciones de 99.843 personas con discapacidad, con un gasto per cápita promedio de 131.052 pesos. Es importante destacar que el 47 por ciento de este gasto corresponde a educación y transporte, prestaciones no directamente relacionadas con situaciones sanitarias. Con este panorama se detalla que el déficit total alcanzará este año 2023, 132.610 millones de pesos.

El documento también presenta propuestas a las autoridades económicas nacionales. Una hoja de ruta y el desarrollo de una propuesta que, entre otros puntos, contempla: elaboración de una canasta básica de servicios organizada por líneas de cuidado que reemplace al actual PMO; creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo; creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; creación de un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad; adecuación de los esquemas de subsidios financiados desde el fondo solidario de redistribución; desarrollo e implementación de una agenda digital para el conjunto que contemple historia clínica digital integrada como eje de información sanitaria; y seguir consolidando desde el Estado Nacional estrategias de acceso a tecnologías de altísimo costo como se hizo con la compra conjunta para medicamentos para tratar la hemofilia.