Por: Diego Lanese

La elite empresarial armó esta semana una ronda de exposiciones en el sur argentino con los principales referentes de la oposición, para que den “examen” respecto de sus planes de gobierno y sus definiciones económicas si llegan a la Casa Rosada en diciembre de este año. El desfile de precandidatos y sus principales asesores económicos tuvo algunos momentos de tensión, en especial cuando se instaló la idea de la dolarización como posibilidad. Además, hubo definiciones sobre cuestiones laborales y las grandes empresas del país recibieron buenas noticias, ya que la mayoría planteó diversas reformas de las leyes del trabajo. Uno de los expositores sorprendió con un plan de gobierno, que entre otras cosas propone una “reforma del Estado”, que incluye despidos masivos de trabajadores. Se trata de José Luis Espert, quien dijo que en la actualidad hay “1.500.000 estatales innecesarios”, que según sus planes deberán migrar al empleo privado. Los dichos generaron alarma en los gremios estatales, que vienen advirtiendo que el trabajo público puede ser “la variante de ajuste”. Además, crece el malestar por el retraso salarial.

El plan de Espet para despedir a millones de estatales no es nuevo, y fue ratificado ante las principales empresas del país, junto con su pan de gobierno. Si bien es candidato a gobernador, el diputado libertario proyecta un programa nacional, y no se descarta que pueda competir en una primaria de la oposición, como se sugirió en el mismo foro. El despido de 1.500.000 de estatales de todas las jurisdicciones es maquillado con la creación de un “programa de reconversión”, que se supo hará que esos trabajadores tengan un lugar en el sector privado. Además, estos cambios se sumarán con otros como el fin de la coparticipación federal o declarar la emergencia previsional. El plan fue recibido con alarma entre los gremios, que si bien entienden que este tipo de medidas extremas son “de difícil puesta en marcha”, en el actual clima de crisis y malestar social tendrá algún lugar en la agenda.

En el mundo normal, que no es el nuestro, hay cosas que ni se discuten: que las empresas compitan con el mundo, un tamaño del Estado razonable y leyes laborales amigables con la persona que quiere contratar gente. pic.twitter.com/C6OpDERr4s

— José Luis Espert (@jlespert) April 20, 2023

“Pueden hacerlo, aunque parezca alocado pueden hacer ese daño”, le dijo a Política del Sur un dirigente de ATE, consultado sobre los dichos. En este sentido, resaltó que “pueden modificar por decreto la ley de empleo municipal, y así eliminar la estabilidad laboral que tenemos hoy”. Este paso fue intentado por el gobierno de Mauricio Macri, que avanzó en despidos masivos, pero no pudo quitar la intangibilidad de los puestos una vez que están en planta permanente. Aunque si despidió empleados nacionales, en su gran mayoría contratados. En ATE además dicen que el problema es que estos planes encuentran “terreno fértil en la actual situación de precarización” que hay en los distintos Estados. “Hay muchos contratados y monotributistas estatales, pese a las promesas de varios gobiernos, las condiciones son malas, y si llega alguna de las expresiones de la derecha van a arrasar con todos”, recalcó el mismo dirigente.

La alarma por las amenazas de despidos se suma a las críticas internas dentro de los propios gremios a la situación salarial de los estatales, que aseguran son ajustados mediante este tipo de planes y por los magros ingresos. En este sentido, esta semana se conoció una encuesta realizada entre abogados estatales, que marca cómo los salarios son un tema primordial en el sector, que lejos está de los planes desplegados en Bariloche. Elaborado por la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE),el reporte afirmó que los bajos sueldos son una de las principales preocupaciones de los letrados que cumplen tareas en la administración pública nacional. Según este trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, el 45 por ciento de los encuestados dijo que los “bajos honorarios” son su principal preocupación en relación con su desarrollo profesional”.

El trabajo estuvo a cargo del Observatorio de la Abogacía, un espacio que componen la AGAE y el Espacio Abierto de Abogadas y Abogados (AEDA). “Hoy la situación salarial es lo más preocupante para la abogacía estatal, por eso a pesar de las dificultades una gran parte se desempeña también el ámbito privado”, sostuvo Rubén Ramos, titular de la AGAE, en el reporte final de la encuesta. Este punto es clave, ya que el informe dice que “6 de cada 10 abogados del Estado en Argentina trabajan a la vez en el ámbito privado y una de cada 10 se dedica a la docencia”.

En este sentido, Ramos sostuvo que “eso no debería pasar, tenemos que seguir trabajando para jerarquizar la profesión, con mejores salarios, más formación, concursos y un escalafón propio”. “Es importante hacer escuchar la voz de la abogacía y trabajar por una Justicia más cercana a las necesidades de los abogados y abogadas. Tenemos la convicción de que es posible, pero sabemos que hay desafíos muy importantes por delante, que tienen que ver principalmente con modernizar el funcionamiento de la Justicia y plantear propuestas concretas para evitar las arbitrariedades que nos dificultan cotidianamente el desarrollo de nuestra profesión”, plantea por su parte Sebastián Saez, presidente del Bloque de EADA en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.