Por: Diego Lanese

En mayo de 2021, el Sindicato de Camioneros realizó una protesta de varios días frente a Química Oeste, una empresa ubicada en la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, por varios días, trabajadores y dirigentes de la seccional local del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano impidieron el ingreso y la salida de vehículos y personal del lugar, para pedir el encuadramiento de algunos empleados. Ante la situación, la pyme denunció a los manifestantes por “delitos de extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo”, lo que derivó en una causa judicial. Si bien el fiscal y el juez dieron por acreditados los hechos y pidieron elevar a juicio la misma, la Cámara de Apelaciones decidió dar marcha atrás con la medida, y sobreseer a los implicados, entre los que estaba el referente camionero de ese distrito, Fabián Arévalo. La decisión judicial fue criticada por el llamado Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que busca terminar con estas prácticas y cuya cara visible es la dirigente del PRO Florencia Arietto.

 

La decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora se conoció hace unos días, y benefició a Arévalo y siete empleados de la empresa, que protagonizaron la protesta que duró cerca de dos semanas, y que terminó cuando la policía realizó un cordón para garantizar el acceso de los vehículos. Hasta ese momento, los dueños de la firma realizaron al menos dos denuncias penales, un de las cuales fue desestimada por los jueces Miguel Navascués, Guillermo Rolón y Miguel Alberdi, integrantes de la Sala I de aquella cámara mencionada. Según el fallo, al que tuvo acceso Política del Sur, “salvo Eduardo Ramón Paz (uno de los choferes que dijo que los activistas de Camioneros no le dejaron descargar la mercadería), los restantes testigos han manifestado en forma conteste que la protesta se llevó a cabo en forma pacífica y sin producir daño material alguno”. “La única excepción emerge de la declaración del nombrado Paz, quien se sintió intimidado al referir que el imputado Casal le manifestó en forma brusca y mal hablada como tratando de intimidar al dicente “por qué no estás afuera apoyando a los compañeros”, se agregó.

[ENTREVISTA] 🎧 Riesgo Sanitario en Química Oeste - Fabian Arévalo, del gremio de Camionero reclama por la salubridad de los trabajadores en la empresa @cgt_camioneros https://t.co/lnC6GI3GmE

— MULTISECTORIAL 21F NACIONAL (@21_nacional) May 12, 2021

El nuevo fallo fue en contra de lo dispuesto por el juez de garantías de Esteban Echeverría Javier Mafucci Moore y el fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Esteban Echeverría, que consideraron “debidamente acreditados tanto el cuerpo del delito como la autoría responsable”. En cambio, para los camaristas “no se encuentra acreditada la existencia de conductas “violentas” y “amenazantes tendientes a turbar la posesión, como sostiene el acusador”. Para los jueces, “no debe perderse de vista que en este tipo de manifestaciones o reclamos suelen existir insultos y calificativos agraviantes que, obviamente, no constituyen los medios comisivos que exige el artículo 181, inciso 3ero. del Código Penal”. “Sin perjuicio de ello, y aun en el caso de que no se compartiera esta hipótesis -añadieron-, lo cierto es que tampoco se ha verificado la tipicidad subjetiva, ya que el delito endilgado reclama dolo directo. No albergo duda alguna sobre que el accionar de los imputados no estuvo enderezado a estorbar el pleno ejercicio de la posesión del inmueble”.

 

Fabián "Coquito" Arévalo es el delegado representante de Monte Grande en el sindicato que encabeza Hugo Moyano. Además, fueron beneficiados por el fallo los denunciados Fernando Emmanuel Arzola, Guerrero Aldo Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Angel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal y Humberto Ramón Castaño. Desde el entorno del gremio decidieron no dar declaraciones, en momentos que desde la oposición mantienen la presión alta para judicializar estas acciones, en especial cuando se trata de bloqueos o cortes de calles. En este sentido, desde el MEAB confirmaron que recurrirán al Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires para “pedir que se anule este fallo escandaloso”. “Como no tengo pruebas para decir que acá hubo corrupción, vamos a hacer una presentación en el Consejo de la Magistratura contra los tres jueces para que se abra un sumario a los efectos de que haya cruces de llamados y secuestro de cámaras de seguridad para determinar si hubo algún contacto del Sindicato de Camioneros y los camaristas”, adelantó en declaraciones a la prensa Arietto.

Elevaron la causa a juicio por el bloqueo que hizo el Sindicato de Camioneros a la empresa Química Oeste de Esteban Echeverría. Incluye a Fabián Arévalo, secretario de la Sede de Camioneros de Monte Grande y patota de Moyano. BLOQUEAR ES DELITO. ⁦@MEABArgentina⁩ pic.twitter.com/e5ubDM8bUZ

— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) September 21, 2022

La protesta de dos semanas en mayo del 2021 fue una “prueba piloto” para el movimiento, que buscó llevar a fondo su estrategia judicial, y que ahora recibe un duro golpe. Incluso, la empresa decidió despedir a tres empleados en medio de las protestas, y amenazó con cerrar definitivamente sus puertas. En ese momento, se hizo llegar al Ministerio de Trabajo nacional una carta firmada por 30 de los 60 empleados de la química para que se garantice “el derecho a trabajar” y se evite el supuesto cierre. Ante eso, se dio paso a la intervención policial, que dio por cerrado el conflicto, pero no la causa judicial.

El bloqueo sindical le ocasionó a Química Oeste una pérdida de “varios millones de pesos por día”, según sus dueños. Más tarde, Ignacio dos Reis, principal referente de la pyme, se convirtió en uno de los integrantes del MEAB, creado en 2021 y presidido por Verónica Razzini, otra dueña de una pyme bloqueada durante 90 días, desde donde dicen “ayudar y asesorar a empresarios que son víctimas de las protestas sindicales extorsivas”. El espacio es considerado una “usina anti sindical” fogoneada por el ala dura del frente opositor Juntos.