Por: Diego Lanese

“No atendemos obras sociales”. La leyenda puede verse en cada vez más farmacias, laboratorios y hasta clínicas, que les ponen nombre propio a las restricciones. La falta de pago, los retrasos en los aranceles y otras cuestiones hacen que los prestadores de salud limitan la cobertura de muchas entidades, que viven una verdadera crisis sin precedentes. A esto se le suma la baja del empleo formal, que desfinancia a las entidades sindicales, y la falta de cumplimiento al giro de recursos propios que retiene el Estado nacional, que históricamente funcionan como "moneda de cambio” en las negociaciones de las centrales obreras y los gobiernos de turno. En este esquema, antes de fin de año el Ministerio de Economía debía girar unos 24 mil millones de pesos, de los cuales solo entregó 4 mil millones, lo que genera tensiones. En este contexto, más entidades entran en crisis, y la dirigencia sindical busca comprometer a diversos sectores para la difícil tarea de salvar la seguridad social.

El malestar de las obras sociales sindicales por la falta de recursos se transparentó en la última reunión de la mesa chica de la CGT. Las promesas incumplidas por Sergio Massa, que medió luego del malestar que generó que quedaran fuera del presupuesto 2023 dos artículos que mejoraban su financiamiento, crece a medida que llega fin de año, y los fondos no llegan. En estos días, se conocieron los recursos que recibieron desde que gobierna el Frente de Todos estas entidades. Como era de esperarse, OSECAC, la obra social sindical más grande del país con 1.600.000 de afiliados al sindicato de Comercio que conduce Armando Cavalieri, es la que recibió el mayor monto de transferencias totales del Fondo Solidario de Redistribución. Fueron 49.400 millones de pesos, algo así como 12 mil pesos por afiliado. Detrás quedó la obra social de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA), a cargo de Gerardo Martínez, con 14.600 millones de pesos y la de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en manos de Andrés Rodríguez, con 13.800 millones de pesos, están entre los más beneficiados por las transferencias del Estado. Ambos dirigentes son parte de los “independientes” e integran la mesa chica de la CGT. Atrás quedan la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas, la Obra Social de Petroleros y la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, entre otras.

El colectivo de personas trabajadoras y afiliadas en defensa de ObsBA realizó una concentración el 17/11 en la puerta de la sede central de la obra social, en el barrio porteño de Caballito. Gracias a la movilización fuimos recibidos x su nuevo presidente Alejandro Amor pic.twitter.com/4h2tGhvTN7

— Defendamos Obsba (@DefendamosObsba) November 18, 2022

Pero aunque los números impactan, las entidades están viviendo momentos complicados. Hay varias entidades que están virtualmente paralizadas y dejan a sus afiliados sin atención. Una de ellas es la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA), que atiende al personal municipal del gobierno porteño, entre ellos estatales, docentes y otros sectores. Hace unos días, se presentó la multisectorial “Salvemos OBSBA”, formada por gremios como Ademys, UTE y ATE Capital, además de las seccionales porteñas de la CTA. También confluyen entidades de bien público como el Observatorio del Derecho de la Ciudad, la seccional local de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y un espacio denominado Autoconvocados Grupo OBSBA.

“Nosotros participamos de este espacio, así como otros que buscan salvar la obra social, y que peleamos por lograr una atención sanitaria de calidad”, sostuvo Jorge Adaro, secretario Adjunto de Ademys. El dirigente explicó que la situación “es muy crítica para todos los trabajadores municipales porteños, no hay prestaciones médicas a menos que pagues con seguros o una alternativa como esta”. Durante la presentación del espacio, los dirigentes y referentes de las entidades alertaron que esta realidad la padecen los 200 mil afiliados, que están “abandonados” por esta realidad. En este sentido, se estima que el gobierno porteño destina unos mil millones de pesos por año para la entidad, pero el mal manejo hizo que se llegue a esta situación, con una deuda que algunos estiman en 7 mil millones de pesos. “OBSBA está en una situación muy compleja, por las deudas, venimos realizando medidas de fuerza pero no tenemos respuestas, y son nuestros jubilados lo que se ponen al frente del reclamo”, agregó Adaro, en diálogo con Política del Sur.

Otra entidad que está en crisis es la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que desde hace tiempo está en la mira por el mal manejo de los fondos y los problemas en las prestaciones. Hace unas semanas, el máximo tribunal difundió una auditoría que confirma las denuncias del gremio judicial, en el marco de una fuerte interna que existe entre los cortesanos, por el manejo de una entidad que lleva más de una década de cuestionamientos. Por esto, desde la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) vienen realizando protestas y paros, en el marco del plan de lucha por lograr mejoras salariales. La entidad busca tener participación de representantes de los trabajadores en la entidad sanitaria, para terminar con la interna que existe por el manejo de la entidad.

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— Prensa UEJN (@PrensaUEJN) November 18, 2022

“Hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta, como en este tiempo que venimos reclamando por mejoras en una entidad clave para los trabajadores”, le dijo a Política del Sur una fuente del gremio, que no ocultó el malestar de los empleados de la justicia nacional por la falta de atención en materia de salud. “La OSPJN viene en una debacle total, desde hace al menos 13 años que las prestaciones vienen en caída, y no hay respuesta a los reclamos”, agregó la misma fuente.

En este sentido, los judiciales se quejan de la falta de turnos para las distintas especialidades médicas, que pueden tardar “muchos meses”, como uno de los problemas más importantes. “Incluso hay operaciones que se autorizan el mismo día que deben realizarse, lo que complica la atención de los afiliados”, insistió otra de las fuentes que dieron testimonio. Además de la cuestión prestacional, desde la UEJN critican la falta de transparencia en los recursos, que van desde “la falta de información a la falta de registros contables”. “No hay un registro contable formal, todo lo que se asienta se hace en papel, lo que a esta altura es increíble”, recalcaron.