

Por: Federico Cedarri
La Legislatura bonaerense encara una instancia decisiva de negociaciones en lo que tiene que ver con el tratamiento del Presupuesto bonaerense y la Ley Impositiva que ingresaron el pasado viernes al Parlamento.
Como anticipó este portal la intención del oficialismo es tratar de aprobarlo antes de que culmine el Mundial de fútbol y para eso comenzarán raudamente a desembarcar en el Anexo de la Cámara Baja los responsables de las distintos ministerios del gobierno de Axel Kicillof.
En primer turno aterrizará este jueves en la Legislatura el titular de Educación, Alberto Sileoni, que expondrá inicialmente los principales objetivos presupuestarios de su cartera y se someterá posteriormente al interrogatorio e inquietud de los diputados y senadores que conforman las comisiones de Presupuesto e Impuesto de ambas Cámaras parlamentarias.
Cabe consignar que el ente de análisis en Diputados lo encabeza Juan Pablo De Jesús que se constituye en una de las principales espadas del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y un pilar clave en la negociación con la oposición.
El área de educación tiene asignado un presupuesto total de 1,82 billones de pesos lo que implica un número en términos reales de casi un 440% en relación con el período prepandémico. El monto además excede en un 49 por ciento lo asignado para el presente año.
De ese total, se desagregan 64.257 millones para gastos de equipamiento de materiales didácticos y para la ejecución de obras de infraestructura en los establecimientos educativos.
También confirmaron desde la Cámara Baja que la semana próxima será el turno del titular de Arba, Cristian Girad, que tendrá la tarea de emanar los pormenores de la Ley Impositiva que se propone para el 2023 un aumento de la alícuota de los inmobiliarios, tanto rural como urbano, del orden del 60 por ciento promedio, con la materialización de un tope de 75% para aquellos inmuebles que se encuentre en zonas residenciales.
En lo que concierne al Impuesto Automotor se calcula un aumento de las cuotas en el orden del 40%.
En un segundo tándem de arribos se espera para las próximas semanas la visita del ministro de Economía, Pablo López, que el pasado viernes pasó raudamente y dejó las principales consideraciones, y la intervención del titular de Infraestructura, el malvinense Leonardo Nardini, debido a que desde su cartera podría comenzar a hilvanarse un acuerdo preliminar con los intendentes propios y ajenos que se corporizaría en la conformación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).
Ha sido distante la primaria reacción de la oposición juntista ante la presentación del Presupuesto y Ley Impositiva, de hecho los principales titulares de las bancadas tanto de la Cámara Baja, el radical Maximiliano Abad, como del Senado, el amarillo Christian Gribaudo, no concurrieron a la presentación de López.
Según ha trascendido, los intendentes de Juntos que se pondrían al hombro las negociaciones con el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, serían el platense Julio Garro, el lanusense Néstor Grindetti, el alcalde de Tres de Febrero Diego Valenzuela y en representación de los jefes comunales radicales, Miguel Angel Fernández, de Trenque Lauquen.
La primera impresión que causó en la operadores juntistas los números del Presupuesto se emparenta con el convencimiento de la intención del oficialismo de apostar todo para garantizarse un nuevo turno en la provincia.
En principio surgieron algunas objeciones en lo que tiene que ver con las características de la Ley Impositiva, los juntistas pedirían topes para los aumentos de los tributos tanto de los Inmobiliarios, el automotor e Ingresos Brutos.
Los alcaldes de Juntos exigirán además que los ingresos que reciba la provincia de manera discrecional de Nación sean repartidos de acuerdo a los criterios de coparticipación que comprende el CUD (Coeficiente Unico de Distribución).
Del mismo modo, tendrían la intención de que el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) sea duplicado al igual que ocurre con los números de gasto primario del Presupuesto, por lo que insistirían en que el monto total ascienda a los 60.000 millones de pesos.
Al mismo tiempo, planean incorporar una cláusula de actualización de los costos en concordancia con el aumento inflacionario, además de precisar algún tipo de mecanismo para que los fondos lleguen a las comunas con mayor celeridad evitando instancias de carácter burocráticas.