Por: Diego Lanese

La sentencia “la inflación es el impuesto de los pobres” se viene aplicando en la Argentina desde hace años, y es una forma de hacer eje en dónde golpea más el aumento de precios. En este punto, los valores de los alimentos suelen ser una de las variantes más sensibles al bolsillo popular, que viene de unos años complicados, y un presente desolador.

En este punto, una entidad viene realizando un relevamiento de precios de alimentos y servicios en barrios del conurbano, que da una imagen más cruda de lo que mide el INDEC en su IPC. En su último reporte, este valor, denominado Índice Barrial de Precios, confirmó que en julio los alimentos subieron la abismal cifra de 11 por ciento, lo que genera alarma entre los gremios.

Es que de dispararse la inflación, la reapertura de paritarias será inevitable, más si se sigue negando desde la CGT la posibilidad de dar un aumento generalizado por decreto.

El índice de alimentos barriales es elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), que determinó que el mes pasado el rubro de la alimentación creció un 11 por ciento, acumulando en siete meses un incremento del 58 por ciento.

El trabajo se basa en el relevamiento que hace la entidad de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), en 900 comercios de cercanía ubicados en 20 distritos del conurbano bonaerense.

Este trabajo determinó que una familia de dos personas adultas y dos hijos pequeños “que en junio precisaba 45.404,21 pesos para comprar sus alimentos indispensables, un mes más tarde requería 50.411,85 (o sea un 11,03 por ciento más) para adquirir los mismos productos y evitar caer por debajo la línea de indigencia”.

Según el informe del ISEPCI, “las frutas y verduras mantuvieron el ‘liderazgo’ de las subas: 17,47 por ciento en julio y 74,57 por ciento desde principios de año; los productos de almacén en los mismos períodos aumentaron 14,53 por ciento y 64,53 por ciento; por último, las carnes se incrementaron 3,81 por ciento el mes pasado, y 43,81 por ciento desde enero”.

Según afirmó la entidad, “en esta parte del año los precios de los alimentos básicos subieron sistemáticamente”.

“Hubo meses -marzo- que aumentaron ‘sólo’ 3,9 por ciento, otros como abril 8,8 por ciento y febrero 9,8 por ciento, pasando por mayo y junio en los que la proporción del 4,2 por ciento se repitió, llegando en julio al triste récord del 11 por ciento”, agregó el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur.

Estos datos ponen en alerta a los gremios, que saben que a este ritmo todas las paritarias firmadas quedarán atrasadas, y deberán o bien reabrir la discusión, o adelantar las revisiones previstas para no quedar demasiado lejos de la canasta de alimentos y servicios necesaria para una familia.

Mucho más cuando las proyecciones de las consultoras que reúne el Banco Central ya hablan de un IPC a fin de año muy cercano al 90 por ciento.

En agosto, ocho organizaciones ya tienen pautados aumentos para este mes acordados, mientras otros tantos pujan por reabrir sus paritarias para revisar los índices establecidos y compararlos con los de la inflación.

Entre los que sí verán aumentar su salario están: Comercio, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), trabajadores estatales nacionales, químicos y petroquímicos, sanidad y obreros navales, entre otros. En tanto, los pedidos de adelantar cuotas ya acordadas o de mejorar los porcentajes se multiplican, en medio del rechazo de la CGT de aceptar una suba de emergencia para los asalariados bajo convenio.

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— AlertaComercio (@alerta_comercio) August 2, 2022

Por otro lado, volviendo al informe del ISEPCU, la misma familia “necesitó 112.922,54 por ciento (11 por ciento más que en junio) para cubrir su Canasta Básica Total (CBT) que contempla un universo más amplio de productos indispensables además de los alimentos, como transporte, salud, educación, mantenimiento del hogar, tarifas, combustibles, vestimentas, etc., cuya posibilidad de acceso marca el límite para evitar caer por debajo de la línea de pobreza”.

Para Isaac Rudnik, director del ISEPCI, “hay que detener el impulso inflacionario, que es motivado por múltiples causas difíciles de abordar simultáneamente, pero no puede buscarse ese objetivo frenando la actividad económica y achicando el déficit fiscal mediante la reducción del gasto del Estado”.

Por el contrario, insistió, “el déficit en las cuentas públicas hay que reducirlo mediante el incremento de la recaudación imponiendo más contribuciones tributarias a los sectores económicos que vienen incrementando sus ya enormes ganancias”.