Por: Diego Lanese

La salida de Martín Guzmán del Ministerio de Hacienda generó una disparada del dólar blue y una remarcación de precios que algunos ponen en torno del 20 por ciento. Esto, y las perspectivas previas que la inflación de junio estará por encima de los 5 por ciento, genera alarma en distintos sectores, que temen que se transforme todo un escenario de hiperinflación. Esto pulverizaría los salarios, que ya vienen muy retrasados respecto de la suba del IPC. En este contexto, con datos del 2021, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) analizó cuántos trabajadores están bajo la línea de la pobreza, y concluyó que un cuarto de los asalariados, en todas sus condiciones, están en esa dramática situación. Los datos muestran que “el carácter precario de estos empleos presenta como uno de sus aspectos centrales los escasos ingresos que obtienen los trabajadores”, lo que hace que muchos estén en este fenómeno, denominado working poor o “trabajadores pobres”.

El informe del IPyPP se basa en datos del último trimestre del 2021, y sirve de referencia del impacto de la crisis inflacionaria en el mercado de trabajo, que este año tuvo dos golpes mayores, como el repunte de febrero, producto por la guerra en Ucrania, y la crisis de los últimos días. “Los crecientes niveles de precarización contribuyen a explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor”, explicó el reporte. En este sentido, se recalcó que “si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que casi 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras (25,8 por ciento) son pobres y el 4,5 por ciento son indigentes”. “Resulta claro entonces que obtener un empleo no garantiza per se acceder a un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción. Incluso para las/os trabajadores que habitan en hogares donde hay más de un ocupado, la pobreza es aún muy elevada (22,2 por ciento)”, agregó el reporte de la entidad, al que tuvo acceso Política del Sur.

 

 

 

 

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En el desgravado, los problemas de ingresos afectan más a los sectores vulnerables, entre ellos mujeres y jóvenes. En el primero de los casos, los bajos ingresos “perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 31 por ciento de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 46,3 por ciento en el caso de la población femenina”. En parte, afirmó el trabajo del IPyPP, “ello responde a que son también las mujeres las más afectadas por la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de reparto entre el trabajo productivo y reproductivo”.

En cuanto al empleo no registrado, tanto la construcción como el servicio doméstico “son las ramas que presentan las tasas de informalidad más altas dentro del conjunto de asalariados: 73,5 y 78,3 por ciento, respectivamente”. Consecuentemente, “estos trabajadores y trabajadoras ven vulnerado su acceso a los derechos sociales garantizados para el segmento formal y están sujetos/as a una mayor inestabilidad y desprotección”. El nivel de informalidad es elevado también, aunque en menor medida, en las ramas de hoteles y restaurantes (55,2 por ciento), comercio (43,9 por ciento) y servicios comunitarios, sociales y personales (39,2 por ciento). En el otro extremo, concluyó el trabajo, “ramas como la enseñanza (9 por ciento) y la administración pública, defensa y seguridad social (9,6 por ciento) presentan los menores niveles de informalidad, ramas en las que la búsqueda de otros empleos es inferior al promedio”.

Ante este panorama, los gremios vienen trabajando en diversas alternativas para intentar ganarle a la inflación, aunque por el momento nada parece ser suficiente. Primero, se decidió reabrir las paritarias, un anuncio que se hizo con el aval de la CGT y el ministro Claudio Moroni. Pero la mejora de los convenios parece no alcanzar, por lo que en estos días se habla de un “aumento general de emergencia”, como el que dio en su momento Néstor Kirchner como presidente. Otra estrategia es subir a dos o tres las revisiones, y acortar los convenios, que ahora son semestrales o hasta trimestrales.

Nuestro trabajo se extiende cada vez más, en un marco de gran solidaridad y trabajo en equipo, y unidos todos en un proyecto federal e inclusivo. pic.twitter.com/3viHsMDujd

— José Voytenco (@JoseVoytenco) July 6, 2022

En este contexto, los incrementos de emergencia comienzan a ser parte de las mesas de discusión. Esta semana, el gremio rural UATRE anunció por ejemplo que firmó un “incremento salarial de emergencia e inmediato para los trabajadores de la actividad de todo el país”. Lo hizo en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Allí, en un acta fechada el 30 de junio, definió un incremento extra de haberes del 15 por ciento. “Se toma como reajuste salarial a partir del 1 de junio y servirá como base de discusión para los salarios del 2022”, sostuvo el gremio. Además, en esa misma comisión las partes acordaron comenzar esta misma semana las discusiones salariales para encaminar la pauta de haberes por el próximo año paritario.