martes 05 de julio de 2022 - Edición Nº1308

Nación | 14 jun 2022

INFORME

Perspectiva de largo plazo

Informe de coyuntura correspondiente al mes de junio de 2022 realizado por el Doctor en Economía Marcelo E. Basualdo y editado por la Fundación Buenos Aires XXI.


Ahora, en junio de 2022, después de una suerte de reconciliación pública entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación, quedó fuera del gobierno uno de sus ministros fundamentales en el área económica, con lo que la progresión de creciente debilitamiento político del gobierno ha alcanzado un nivel más alto, aunque no se descartan mayores contrariedades y descrédito en un futuro.

Este comentario no se hace en un afán de análisis político en el que no somos expertos, sino en el del análisis económico, ya que una crisis política aguda se constituye en un factor importante de creación de expectativas económicas adversas, derivadas del orden político.

Es decir, la inestabilidad política y la correlativa inestabilidad en las regulaciones económicas que la acompaña, eleva notablemente el riesgo en la formación de expectativas económicas.

Para quienes son mejores lectores de la realidad política, a esto se agregan otros datos importantes como un deterioro creciente de la imagen del gobierno y el escaso tiempo de mandato del que dispone para mejorar la situación económica y proveer de mayor bienestar a sectores populares, con lo cual en la nueva elección presidencial de 2023 cualquier fórmula que represente al espacio que hoy gobierna, podría perder.

En conclusión, este escalamiento del “riesgo político” sumado a un “riesgo económico” inherente a una adversa coyuntura económica, es determinante de un serio desmejoramiento de las expectativas económicas.

Esto puede inducir un movimiento negativo en el consumo y en la inversión por la generación de estas expectativas adversas.

En cuanto al sector externo, los componentes de precios internacionales y de tipo de cambio estarían impulsando mayores exportaciones y disminución de importaciones, pero condicionadas a unas expectativas cambiarias que con un creciente factor riesgo, estarían determinando un mayor tipo de cambio esperado que compense o cubra los mayores costos asociados a ese aumento del riesgo.

Podría decirse, entonces, que se ha iniciado una dinámica política o económica propia de la última etapa del gobierno anterior, cuando la crisis económica se expresó en una salida neta de capitales internacionales desde mayo de 2018, unos 17 meses antes de la finalización de su mandato, ya que debido a la inexistencia de control de capitales y de “cepo” cambiario, el ataque a las reservas internacionales del Banco Central posibilitó su rápida apropiación por los operadores financieros internacionales y obviamente, el aumento del “riesgo político” y económico generó también fuertes expectativas de devaluación como de caída en la demanda interna, consumo e inversión, mientras que las exportaciones crecieron y cayeron importaciones.

Este último proceso está diferenciado del correspondiente al presente gobierno, ya que el control de capitales y de cambios existe, pero los controles sobre el comercio exterior tienen efectos cada vez más limitados.

En primer lugar, desde el año pasado el notable aumento del precio internacional del petróleo ha determinado igual crecimiento en el costo de las importaciones energéticas, con lo cual hoy es factible hablar de una duplicación de éste.

Cuando en la pandemia (2020) estas importaciones se habían reducido a USD 6.000 millones anuales, hoy podrían llegar a USD 12.000 millones y esto haría mermar, definitivamente, el superávit comercial agroexportador.

Además, se puede sostener que habría una tendencia a adelantar importaciones y postergar exportaciones, así como a sobre facturar las primeras y sub facturar las segundas y debido a que crecientes denuncias de contrabando con países limítrofes han resultado comprobadas, el giro de las expectativas no sólo atenta contra la demanda interna -consecuencia de la caída de salarios reales por sostenimiento de la inflación- sino también a peores resultados en el sector externo.

Con todo, no es posible argumentar sólidamente que, con una reversión de expectativas políticas, e inclusive económicas, la economía comenzaría a recorrer un camino de recuperación en el corto plazo, ya sea con éste o un próximo gobierno porque, como habitualmente se demuestra, la mitad de la resolución de un problema radica en un buen diagnóstico y ese buen diagnóstico no es desconocido, ni absolutamente ignorado, sino malversado en los escenarios políticos y comunicacionales que les sirven.

Ese diagnóstico, plenamente vigente en el caso argentino por la notoria demora en afrontar una reestructuración económica que le permita un crecimiento más estable, se fundamenta en un modelo de crecimiento condicionado al conflicto entre la restricción del sector externo y el aumento del nivel productivo del mercado interno.

En una primera aproximación, esto significa que el aumento de la brecha interna, de expansión de la inversión y el gasto público por encima del ahorro y los impuestos, genera una demanda de importaciones creciente que disminuye o anula un superávit de exportaciones preexistente.

Si las exportaciones resultan insuficientes para abastecer la demanda de importaciones, el déficit externo lleva dos alternativas excluyentes: a una contracción o acomodamiento del crecimiento interno a la capacidad exportadora que permite importar o, en caso, de existir posibilidad de préstamos externos, financiar importaciones con deuda externa.

Ya desde 2014 la factibilidad de un endeudamiento externo sustentable fue cada vez menor y en 2018 se expresó la imposibilidad de continuar con esta alternativa para financiar la brecha interna.

En esta situación de extinción del financiamiento externo, la única alternativa que queda es la de ajustar el crecimiento a la capacidad exportadora, ya que las importaciones que éste requiere no tienen otra posibilidad que financiarse con la única alternativa que queda, la de las divisas generadas por las exportaciones.

Este es un análisis que ha sido una explicación válida de recurrentes crisis externas en este país y tanto esto es así que este modelo de brechas en el que coincidieron los economistas latinoamericanos desde los años 60 y 70 también dio lugar al conocido ciclo del “stop and go”, típico del proceso de crecimiento de entre los años 50 y aquellos años.

Esta denominación refleja, a través de esta frase, lo ya expresado en el sentido que se presenta un ciclo recursivo donde el crecimiento económico genera un aumento sostenido de demanda o brecha interna que implica una creciente presión importadora sobre la capacidad exportadora existente, hasta que ésta es superada por aquella, resultando crecientemente deficitaria la brecha externa.

Hasta los años 70 no existían flujos financieros privados suficientes como para financiar esa brecha, y rápida y frecuentemente la insuficiencia de reservas internacionales determinaba un “stop” al crecimiento ya que la importación de insumos no podía sostenerse y tampoco el, supuestamente, excesivo nivel de producción interna que lo acompañaba.

Mientras el stop al crecimiento se mantenía, la brecha externa volvía a ser superavitaria, se recuperaba la acumulación de reservas internacionales y esto volvía a hacer factible sostener un mayor nivel de importaciones y, en consecuencia, de crecimiento económico.

Desde los años 70, con la liberalización del mercado internacional de capitales, la brecha externa se flexibilizó dado que la demanda importadora derivada del crecimiento fue pasible de ser financiada internacionalmente.

Ese es el marco en que, las limitaciones estructurales del modelo de brechas, siguió vigente, pero con una postergación factible de los recurrentes “stops” del crecimiento, a través del financiamiento de los déficits externos.

Sin embargo, la historia de los años 80 pasó a demostrar que esa deuda externa latinoamericana que facilitó un mayor crecimiento en los años 70, generó sucesivas cesaciones de pagos en distintos países y un generalizado retroceso en el crecimiento económico en la década perdida de los 80.

Después de las soluciones neoliberales aportadas por los organismos financieros internacionales desde fines de los 80 hasta fines de los 90, primero México, después Brasil y finalmente Argentina, en 2001/2002, la deuda externa, nuevamente, no pudo ser debidamente atendida y una previsible creciente de escasez de reservas internacionales llevó a una caída en el crecimiento económico nacional, lo que se inició en 1998 hasta escalar a una crisis total entre 2001 y 2002.

Luego de la salida de esta crisis, en 2003, no solo fue exitoso el refinanciamiento de la deuda externa, sino que también fue posible alcanzar superávits en el sector externo y en el interno, “superávits gemelos”, lo cual significaba un equilibrio entre la capacidad exportadora y la demanda importadora derivada del crecimiento económico, el cual logró mantenerse hasta 2008.

El proceso previo, a éste tan favorable, fue de un considerable sacrificio ya que entre 1998 y 2001 el crecimiento del PBI acumuló una caída de 8%, la desocupación había alcanzado 18% en 1998 y no logró reducirse sustancialmente hasta 2003, mientras que un elemento positivo fue que la inflación, debido a la fijación del tipo de cambio hasta 2001, se había mantenido cercana a 0%, antes de la devaluación final.

La alteración de las expectativas reales y cambiarias durante 2001 llevó a que tanto el tipo de cambio, como la inflación, aumentasen considerablemente en 2002 y a pesar que el tipo de cambio aumentó 200%, la inflación sólo aumentó 45%, en razón que los salarios no fueron aumentados debido a una recesión de 11% del PBI anual y el sostenimiento del desempleo.

La contracción monetaria que también contuvo el tipo de cambio y la inflación se hizo concreta a través de una transitoria y generalizada falta de devolución de depósitos en pesos -llamada “corralito”, por algunos meses- y en dólares -en forma permanente, mediante la llamada “pesificación” de depósitos en dólares-. La pobreza alcanzó 55%. Esta rápida síntesis, teórica e histórica, que, en base a vasta bibliografía podría desarrollarse, ilumina, sencillamente, la comprensión de la situación económica presente.

Así, se demuestra que ésta se define en las causas claras que en forma recurrente han sido determinantes de las crisis externas que impactaron tan adversamente sobre el crecimiento económico y la distribución de ingresos en 1998-2001, como último ejemplo, pero también la que transcurrió entre 1989 y 1992 o la que se verificase entre 1979 y 1982, así como algunas otras más que se pueden observar entre 1975 y 1977; 1959 y 1960 o desde 1951 a 1953.

En ninguna de ellas, el logro que el sector externo volviese a alcanzar un nivel de superávit suficiente como para hacer sustentable el crecimiento económico, resultó socialmente incruento.

Los notables sacrificios sufridos por la población ya se han ilustrado en el caso 2001- 2002, pero también se han hecho evidentes reiteradamente en esos casos enumerados del pasado, y hoy, son parte de una revisión objetiva de los datos económicos y sociales entre 2018 y el final del proceso de estabilización en curso.

Sin embargo, esos fueron los costos sociales recurrentes que permitieron reconstruir situaciones estables en el sector externo e interno, haciéndose luego factible la recuperación del crecimiento económico.

Este lado oscuro de los países en desarrollo o emergentes les pertenece por su inserción dentro del capitalismo periférico y dependiente del capital financiero internacional.

No obstante, aunque esta condición pueda cambiar a mediano plazo por una posible reestructuración de la economía internacional por la preeminencia de China, el enfrentamiento de Rusia con Europa y Estados Unidos por Ucrania y una serie de otros eventos cruciales en el orden internacional, lo cierto es que en el corto plazo a Argentina le espera -como en los varios otros casos mencionados- el “cuello de botella” del sector externo y, además, la auditoría de la gestión económica sobre éste y sucesivos gobiernos, por parte del FMI.

Aunque distintas narrativas políticas y comunicacionales expliquen un escenario como el presente en formas diferenciadas, la experiencia histórica parece ser contundente y resulta claro que la política económica que tienda a revertir esta trayectoria debiera afirmarse en un claro reequilibrio externo e interno.

En cuanto a modificar las expectativas cambiarias e inflacionarias, resulta fundamental generar confianza en una reestructuración firme de estos sectores, cosa además que será factible si también se logra darle mayor racionalidad al endeudamiento interno del Estado como a su política fiscal.

Como sostuvimos desde un principio, no nos adentramos en la dinámica política que posibilite o no profundizar esta trayectoria, pero al menos, como dejamos establecido, éste nos parece un diagnóstico válido, que resulta importante poner en claro cuando la controversia pública ha aumentado el factor de riesgo que conllevan las expectativas reales y monetarias, lo cual indica que la presión interna sobre el sector externo sigue presente, pendiente de resolución y con todas las complejas implicancias expuestas.

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